Cátedra Paz, Seguridad y Defensa

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Observatorio PSyD

El observatorio opina

3 de Octubre de 2018

¿Y si el frente son nuestras calles?

Raúl Cesar Cancio Fernández
Académico Correspondiente Real Academia de Jurisprudencia y Legislación
Doctor en Derecho
Letrado del Tribunal Supremo


«La France est en guerre»
Françoise Hollande, Asamblea nacional, 16 de noviembre de 2015

«C'était une scène de guerre»
Philippe Vandenberghe, aeropuerto de Zaventem, 22 de marzo de 2016     
                                                                             
«I declare war on terror »
Theresa May, Downing St., 23 de mayo de 2017

Este verano he visitado Roma y Florencia. Comparto con ustedes esta insignificancia porque lo que más me ha impresionado de este viaje no ha sido ni el Panteón de Agripa ni el Ponte Vecchio, sino los imponentes vehículos Lince [IVECO LMV] del ejército italiano que, con su correspondiente dotación de personal armado, custodiaban estos monumentos y otros muchos de las dos ciudades italianas. Es la conocida como Operazione Strade Sicure, despliegue iniciado el 4 de agosto de 2008 merced al Decreto-Ley núm. 92 de 23 de mayo de 2008 del ministerio de Defensa (ratificado por la Ley 125 de 24 de julio de 2008 y adiciones posteriores), que habilita al personal de las fuerzas armadas italianas (Esercito, Aeronáutica Militare y Marina Militare) para la protección del orden público, contra los delitos menores y la vigilancia de lugares y objetivos considerados especialmente sensibles, atribuyendo a dicho personal la condición de agente de seguridad pública –no policía judicial-, y que al día de hoy cuenta con más de 7.000 efectivos repartidos por las calles de treinta y ocho ciudades italianas.

Si alguno de ustedes ha visitado recientemente en París, Londres o Bruselas, u otras muchas de las poblaciones de Francia, Reino Unido o Bélgica, también habrán advertido la presencia de militares patrullando alrededor de la Torre Eiffel, Hyde Park o la Grand Place.

En efecto, tras los atentados del 7, 8 y 9 de enero en Francia (Charlie Hebdo y sus réplicas), l’Armée de terre, la Marine nationale y la Gendarmerie nationale, en el marco de la llamada Operation Sentinelle, tienen desplegados a más de 10.000 soldados -6.000 de los cuales sólo en la región de Île-de-France- con la misión de asegurar 830 puntos sensibles en toda Francia: lugares de culto, escuelas, representaciones diplomáticas y consulares, así como medios de comunicación que son monitorizados las 24 horas del día.

También a raíz de los referidos atentados de enero de 2015 en Francia y el ulterior desmantelamiento de una célula terrorista en Verviers, el gobierno belga autorizó la puesta en marcha de la Operation Vigilant Guardian, ulteriormente reforzada tras los ataques del 13 de noviembre de ese mismo año, especialmente a través de la implementación de la emergencia absoluta en el área de Bruselas entre el 21 y el 26 de noviembre de 2015 y como consecuencia de los ataques del 22 de marzo de 2016 en Zaventem y Maalbeek. Un despliegue en las calles de las ciudades belgas sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial y que moviliza actualmente a casi 2.000 efectivos.

La fuerza de los hechos generó dos años después de nuevo la presencia de las fuerzas armadas en las calles de ciudades europeas. En este caso fue el ataque terrorista en el Manchester Arena durante el concierto de Ariana Grande el 22 de mayo de 2017 lo que determinó que la Premier May activara la Operation Temperer, un mecanismo que permite desplegar hasta 5.100 soldados en tareas de seguridad y protección en el territorio nacional. Algo, por cierto, que no es nuevo en las Islas Británicas, no en vano, entre 1969 y 2007, hasta 21.000 efectivos de las fuerzas armadas británicas han sido movilizados en Irlanda del Norte y en apoyo de la Policía Real del Ulster en el marco de la llamada Operation Banner. Asimismo, recuérdese que, en 2003, el gobierno de Tony Blair desplegó a 450 soldados del 1st Bn Grenadier Guards y del Household Cavalry, en el aeropuerto de Heathrow y otras ubicaciones de Londres durante el período de mayor amenaza terrorista, como por cierto ya aconteciera en 1994, cuando el IRA Provisional utilizó un mortero para atacar una de sus pistas de aterrizaje. 

Mas difícil les resultará sin embargo ver a miembros del Bundeswehr patrullando por Berlín, Múnich o Hamburgo, y es que, a pesar de que también Alemania ha sufrido recientemente atentados terroristas –tiroteo en Múnich de julio de 2016 y el atropello en la Breitscheidplatz de Berlín de diciembre del mismo año-, la Ley Fundamental de Bonn, escarmentados por el rol de la Werhmacht en su reciente y trágica historia,  únicamente permite tres supuestos de intervención de las Fuerzas Armadas dentro del Estado: (i) en casos de catástrofes naturales y de accidentes especialmente graves por petición del gobierno de un länder o por petición del gobierno federal, siempre y cuando la catástrofe amenace más de un estado federal (Artículo 35); (ii) como apoyo a la policía para proteger objetos civiles que no son de importancia para la defensa militar (Artículo 87a, párrafo 2) y (iii) finalmente, en situaciones similares a una guerra civil para defender la existencia del Estado o del orden libre y democrático estatal de amenazas de peligro (Artículo 87 a, párrafo 4). No obstante estos tres supuestos tasados, debe citarse por su extraordinaria relevancia la Decisión plenaria del Tribunal Constitucional Federal sobre el uso de las Fuerzas Armadas en el interior de 3 de julio de 2012 (2 PBvU 1/11), que consideró constitucionalmente viable la autorización a los pilotos de guerra alemanes  para realizar disparos de emergencia y lograr el aterrizaje del avión secuestrado, a raíz de los atentados del 11-S. Según la sentencia del Tribunal Constitucional, el despliegue de las fuerzas militares solo es posible como último recurso y corresponderá al Gobierno federal en su totalidad evaluar los llamados «casos de extrema urgencia» [Fälle von äußerster Dringlichkeit] que justifiquen un despliegue militar en territorio alemán.

Algo parecido ocurre en las ciudades norteamericanas. Repárese como la Posse Comitatus Act (18 U.S.C. § 1385, original en 20 Stat. 152), ley federal firmada el 18 de junio de 1878 por el presidente Rutherford B. Hayes, limita los poderes del gobierno federal en el uso de personal militar federal (de menara expresa al US Army y Air Force, y de forma implícita para la US Navy y el US Marine Corps), contemplando un catálogo de excepciones, de las cuales,  la administración del presidente Dwight D. Eisenhower hizo uso el 24 de septiembre de 1957, enviando nada menos que a la 101ª División Aerotransportada a Little Rock para que escoltara a los nueve estudiantes negros mientras accedían al  Little Rock Central High School. El 11-S, como hito fundacional de una nueva era en materia de seguridad, supuso la activación del programa Military Support to Civil Authorities (MSCA) [Apoyo Militar a Autoridades Civiles], una serie de estatutos, documentos del Poder Ejecutivo, reglamentos y Directivas internas del Departamento de Defensa que regulan la intervención castrense en tareas de prevención, seguridad y protección de la población civil ante la amenaza terrorista.

En el lado opuesto de esta cosmovisión legislativa pero extraordinariamente cerca geográficamente, y por razones estructurales cuya explicación excede con mucho de esta pieza, el pasado 21 de diciembre de 2017, el Congreso General de los Estados Unidos de México aprobó la Ley de Seguridad Interior (Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2017),  que regula el uso de las Fuerzas Armadas en el combate a la delincuencia organizada de ese país. Recuérdese en este sentido que las dos capturas del Chapo Guzmán en 2014 y 2016 fueron operativos ejecutados por comandos de la Marina Mexicana.

¿Y qué pasa en España? Pues en nuestras ciudades, la presencia de militares armados patrullando por sus calles depende de un protocolo contemplado en los llamados Niveles de Alerta Antiterrorista (NAA), que fueron introducidos en nuestro ordenamiento por el Plan de Prevención y Protección Antiterrorista (PPPA) de 9 de marzo del 2005 como consecuencia de los atentados ocurridos en Madrid del 11 de marzo del 2004. Este primer Plan establecía 3 niveles que, en 2009, la Instrucción 4/2009 de la Secretaría de Estado de Seguridad  modificó, introduciendo un estadio más, con dos intensidades. El sistema de niveles actualmente en vigor entró en funcionamiento en mayo del 2015 merced a la publicación de la Instrucción 3/2015 de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se actualizó el referido Plan que fija ahora hasta cinco niveles de activación –decisión que compete al ministro del Interior, a través de la Secretaría de Estado de Seguridad,-  asociados a un determinado nivel de riesgo. Únicamente en el caso de llegar al Nivel 5, riesgo muy alto, se movilizarían las Fuerzas Armadas.

Entre el 8 y el 12 de marzo de 2005 con motivo de la celebración en Madrid de la Cumbre Internacional sobre Terrorismo, Democracia y Seguridad se activó por vez primera la Operación Romeo-Mike, en otras palabras, el máximo nivel de alerta recogido entonces en el PPPA. Meses después, y como respuesta a los atentados del metro Londres del 7 de julio de 2005, se activó nuevamente el despliegue de elementos de las fuerzas armadas, en concreto, 500 efectivos militares con la tarea de vigilar instalaciones férreas españolas, así como reconocer y vigilar objetivos sensibles como centros de almacenamiento de hidrocarburos y estaciones de bombeo, centrales térmicas y depósitos de residuos radiactivos, plantas de regasificación y subestaciones eléctricas. Durante la jornada electoral del 9-N de 2008 fue la última ocasión en que se alcanzó en España el máximo nivel de alerta, no considerándose procedente ni con los recientes atentados en la Ramblas, en los que la Mesa de Valoración de la Amenaza Terrorista consideró innecesario elevar el existente Nivel 4 al 5. 

Todos los expertos en materia de seguridad subrayan que el riesgo cero ante la amenaza terrorista no existe y muchos de ellos consideran, además, que la presencia de militares en las calles, al margen de un problema presupuestario considerable, permite, a lo sumo, liberar efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para cometidos más especializados. Consecuentemente, esa sensación de protección y seguridad que transmite a la población pasear ante un soldado que esgrime un Heckler & Koch G36 o la presencia de un blindado atravesado en una zona peatonal, no justificaría unos despliegues que tienen más de demagogia publicista que de eficacia contraterrorista.

Puede ser, no estoy en condiciones de rebatirlo. No obstante, es axiomático que los pasajeros que estaban en el aeropuerto de Orly el pasado mes de marzo de 2017 o los que esperaban tomar un tren en la Estación Central de Bruselas en junio del mismo año, experimentaron algo más que un mero efecto placebo cuando los soldados franceses que vigilaban la zona de embarque en el marco de la Operation Sentinelle abatieron al terrorista armado  Ziyed Ben Belgacem, o los belgas de Operation Vigilant Guardian hicieron lo propio con  Oussama Zariouh tras explosionar éste un artefacto en la sala principal de la estación.

¿Estamos o no estamos en guerra contra el terrorismo? Si parece un pato, nada como un pato, y grazna como un pato, entonces probablemente sea un pato.  

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