Observatorio PSyD
El observatorio opina
14 de Noviembre de 2014
Sudán, ¿una camisa de once varas para la Unión Africana?
Darío López Estévez
Lexicógrafo, lingüista y analista geopolítico
El pasado mes de agosto, la Unión Africana dio un paso histórico en su labor como promotora de la democracia, los derechos humanos y la consolidación del Estado de Derecho en el continente africano. Ante la deriva islamista y represora que había tomado el Diálogo Nacional sudanés, la organización panafricana amplió las funciones de su Panel de Alto Nivel para el país (AUHIP), con el fin de asesorar a las partes e intentar tomar las riendas del proyecto aperturista de la Iniciativa del Diálogo Nacional, anunciada por el mismísimo presidente Omar al-Bashir el pasado mes de enero. Más de dos meses han pasado y la democracia aún no consigue hacerse hueco. Para que ello ocurra es fundamental la pacificación del país, pero ésta es presa de un sinfín de debilidades estructurales interdependientes cuya resolución se antoja tan ardua como lejana.
Sobre la estela de la obra de Amartya Sen, galardonado en 1998 con el Premio Nobel por su labor sobre la economía del desarrollo, se puede entender el descomunal papel que la pobreza juega en Sudán. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en su primer y más reciente informe sobre el país, la pobreza afecta a casi la mitad de la población. De esta, cerca de un 10% sufre pobreza severa. La pauperización que ha experimentado el país en las últimas décadas ha sido atroz en las regiones afectadas por conflictos bélicos cuasi permanentes, como Kordofán del Sur, Darfur y Nilo Azul. El mercado informal, el analfabetismo, el contrabando y la criminalidad son unas de sus consecuencias más comunes, pero no las únicas.
En Sudán, la degeneración social derivada del cóctel entre pobreza y otras circunstancias que más adelante se expondrán, ha alcanzado el extremo de la conflictividad armada prolongada. El país lleva en guerra desde 1956, el mismo año de su independencia del protectorado anglo-egipcio, y los focos de tensión no han cesado de expandirse por todo el país. Las armas se han convertido en el modus vivendi de numerosos jóvenes a los que la guerra ha privado de esperanza, futuro, familia e identidad; pero también es un suculento ganapán al que muchos padres de familia se ven obligados a recurrir. Quien no se ha alistado en uno de los innúmeros cuerpos de los Servicios de Inteligencia y Seguridad Nacionales (NISS) y de las Fuerzas Armadas, se integra en una de las incontables milicias que operan en el país. Sólo en la región de Darfur se calcula que las milicias armadas cuentan con más de 200.000 efectivos, un volumen superior al conjunto de las Fuerzas Armadas Españolas. A este número de mercenarios hay que sumar los 50.000 miembros de las Fuerzas Armadas Sudanesas desplegadas en la región, 20.000 de ellos pertenecientes a la Guardia Fronteriza (huras al-hudüd).
La marginación política, social y económica que acusan las periferias del país, donde residen los grupos étnicos, religiosos y lingüísticos diferentes a la élite gobernante, de etnia árabe y religión musulmana, también ha intervenido de manera decisiva en la génesis de la desmesurada conflictividad que azota al país. Todas las zonas pobladas por comunidades humanas de cualquier tipo han pasado por períodos de enfrentamiento armado contra la autoridad central. Las minorías que habitan la región del Mar Rojo al este, Nubia al norte, Darfur al oeste, y Kordofán y Nilo Azul al sur han sido víctimas de una administración discriminatoria, heredada de la época colonial, durante décadas. Se trata de una discriminación de facto, con evidentes repercusiones en el desigual desarrollo de las regiones desfavorecidas, como se desprende de los datos sobre alfabetización, tasa de empleo, acceso a servicios básicos y atención sanitaria que manejan las Naciones Unidas. Utilizando la metodología de cálculo del IDH anterior a 2010, la capital presenta un IDH de 0.7, mientras que en Darfur Occidental apenas supera el 0.5. La tasa de adultos alfabetizados en Jartum es superior al 85%, mientras que en Darfur Occidental y Meridional apenas llega al 57%. En cuanto al índice de longevidad, en Jartum es de 68 años, frente a los 53 de Nilo Azul y Darfur Occidental.
Esta mezcla explosiva es avivada constantemente por la abundancia de recursos naturales enormemente lucrativos como el petróleo, el oro y otros minerales cuya explotación resulta muy rentable para quien consiga hacerse con el control de los yacimientos. El incremento de las luchas intertribales e intratribales que se ha registrado durante los últimos años se debe en gran medida a pugnas por la posesión de tierras ricas en estos recursos. Las matanzas han adquirido dimensiones colosales. El pasado mes de julio, un enfrentamiento entre los clanes de awlad 'umran y al-zayud, ambos de la tribu de los massiriya, se saldó con cerca de 150 muertos y más de un centenar de heridos. ¿El motivo? La propiedad sobre un yacimiento petrolífero.
Precisamente, los recursos naturales sudaneses se encuentran en la base de la débil estructura del PIB nacional, y en la interdependencia económica con Sudán del Sur. La economía sudanesa depende casi exclusivamente de la explotación de materias primas. El sector primario ocupa a más del 50% de la población. Los productos agrícolas, ganaderos, mineros y el petróleo componen el gran grueso de las exportaciones. Los ingresos del petróleo provienen en una gran proporción de las tarifas que Sudán del Sur paga por el transporte y la exportación de su crudo a través de Sudán del Norte, lo que supone un arma arrojadiza en manos de ambos gobiernos, los cuales no han dudado en utilizarla desde la independencia del Sur. La conflictividad interna es una consecuencia directa de la excesiva dependencia sobre los recursos naturales en un país donde regiones enteras escapan al control de la autoridad central. Desde la pérdida de dos tercios de la producción de crudo en manos de Sudán del Sur, las autoridades sudanesas han apostado por la promoción de los sectores minero y agropecuario. Tropas gubernamentales y milicias se enzarzan en sangrientos combates por el control de minas auríferas en Darfur, y cuando la posible intervención de las brigadas regulares es descartada, quienes se enfrentan son las diferentes milicias.
Los recursos naturales, junto con la porosidad de las fronteras, también están en la base de la alta injerencia extranjera de la que adolece el país. El fomento del sector agropecuario con el fin de colmar el vacío dejado en las arcas estatales por la secesión del Sur se ha traducido en una campaña de venta de tierras fértiles a compañías y gobiernos extranjeros, sobre todo de naciones árabes con gran fluidez económica y amenazas alimentarias derivadas de su presión demográfica y su poca disponibilidad de tierras cultivables. Los avatares del destino han querido que estos agro-inversores sean, precisamente, aquellos con posicionamientos políticos contrarios a los del régimen gobernante en Sudán: Arabia Saudí, Egipto y Emiratos Árabes Unidos. El pasado mes de octubre, Kamal 'Umar, secretario político del Partido del Congreso Popular (hizb al-mu’tamar al-ša bi), presidido por Hasan al-Turabi, uno de los principales líderes de la oposición y eminencia religiosa mundialmente reconocida, acusó a Arabia Saudí de estar detrás de la inestabilidad en Yemen y de aspirar a erradicar el Islam político, lo que pondría a Sudán en el blanco de todas las miras saudíes.
Pero la injerencia también viene del norte. La más reciente, hace sólo unas semanas. Abdu-l-Fath al-Sisi? extendió una invitación a Thabo Mbeki, presidente del Panel de la Unión Africana para Sudán (AUHIP), para que visitara Egipto justo después de las reuniones que el exmandatario sudafricano habría mantenido en Sudán la primera semana de noviembre. Las reuniones tenían por objetivo poner de acuerdo a gobierno y oposición, tanto política como armada, acerca de los próximos pasos de la Iniciativa del Diálogo Nacional sudanesa, nada más y nada menos.
La injerencia externa también tiene como causa la escasa tecnificación y la baja cualificación de la mano de obra del país. El 90% de la actividad minera se lleva a cabo mediante técnicas tradicionales, las actividades agrícolas son muy rudimentarias, pocas materias primas son procesadas en territorio nacional antes de ser exportadas. Ello explica parcialmente la omnipresencia de las petroleras, constructoras y compañías sanitarias chinas, lo que no ayuda para nada al levantamiento del embargo económico y financiero impuesto por los Estados Unidos en 1997. El último desarrollo en este sentido no ha sido otro que la renovación del embargo, aprobada por Obama el pasado 24 de octubre.
Por si fuera poco, la activa hostilidad contra Israel y las buenas relaciones con Irán echan continuamente por tierra los esfuerzos del Ministerio de Exteriores y otros organismos estatales, así como de personalidades políticas de primer orden, por levantar el embargo y ganarse la confianza de los saudíes.
Con toda seguridad, la decisión de la Casa Blanca ha estado motivada por intereses que sólo son desvelados tras las quintas del despacho oval, pero la falta de avances del panorama político sudanés han sido, sin duda, decisivos. La centralidad del discurso religioso en los programas de los principales actores de la farándula política sudanesa perpetúa la ausencia de una estrategia definida a largo plazo, tanto en política interior como exterior; tanto en desarrollo humano y económico como en la pacificación del país. Declaraciones como las emitidas el pasado mes de julio por Nafi Ali Nafi, asistente del presidente al-Bashir, asegurando que el régimen no se sentará a dialogar con “los laicos y los hermanos de Satán”, no dejan espacio para comentarios.
El recurso al discurso religioso como cortina de humo para tapar la generalizada corrupción que corroe el tejido institucional del país se da con demasiada frecuencia. Políticos y militares corruptos gozan de una impunidad absoluta gracias a la mordaza sobre los medios de comunicación, las detenciones de disidentes políticos, la falta de transparencia y la represión policial que reinan en el país. El pasado 19 de julio, un grupo de individuos armados irrumpió en la redacción del periódico al-Tayyar, en Jartum, causando numerosos daños materiales e hiriendo gravemente al redactor jefe, Utman Mirgani, que tuvo que ser trasladado urgentemente al hospital. Los autores del asalto no han sido aún identificados.
En cuanto a las detenciones de oponentes políticos, Ibrahim Šayj, líder del Partido del Congreso Sudanés (hizb al-mu’tamar al-sudani), permaneció en prisión desde junio a septiembre de este año. Su detención fue seguida por otras tantas de miembros de su partido. También fueron enviados a prisión el líder del partido de la Umma (hizb al-umma), al-Sadiq al-Mahdi, cuyo encarcelamiento duró un mes, y su hija, Maryam al-Mahdi, quien fue excarcelada en septiembre, junto con Ibrahim Šayj, gracias a la mediación de Thabo Mbeki, presidente del Panel de la Unión Africana para Sudán (AUHIP). La represión policial también se cebó el pasado mes de septiembre con activistas y opositores, con ocasión del aniversario de las manifestaciones de septiembre de 2013, donde la policía acabó con la vida de decenas de manifestantes que protestaban contra el corte de subsidios a los carburantes y otros productos. La administración Obama expresó, por boca de Jen Psaki, portavoz del Departamento de Estado estadounidense, su preocupación por la oleada de detenciones e instó a las autoridades sudanesas a respetar los derechos civiles de sus ciudadanos.
La represión a la que son sometidos los opositores políticos se encuentra sin duda entre los motivos que han movido a las fuerzas de la oposición, tanto partidos políticos como grupos armados, a hacer frente común contra el gobierno. En agosto de 2013, exponentes de las mayores fuerzas políticas de la oposición y de los principales grupos armados firmaron en Kampala el Acuerdo del Nuevo Amanecer, en el que dejaban patente su objetivo de derrocar al régimen e instaurar un sistema democrático en el país. La ira con la que fue recibida la noticia por las autoridades sudanesas se asemeja a la que actualmente rezuma al-Bashir al referirse a la Declaración de París, suscrita el 8 de agosto pasado. La declaración ha sido el resultado del último gran encuentro entre el partido de la Umma y el Frente Revolucionario Nacional, que reúne a los principales grupos armados antigubernamentales. En él, tal y como dejaron patente en la declaración, acordaron seguir luchando por el derrocamiento del régimen y la instauración de la democracia en Sudán.
Tras la declaración, al-Sadiq al-Mahdi permaneció en el Cairo a la espera de que las autoridades sudanesas le permitiesen entrar en el país. En el congreso del Partido del Congreso Nacional celebrado a finales del pasado septiembre, Omar al-Bashir declaró que “al-Mahdi podrá volver a Sudán, pero después de repudiar la Declaración de París”. Sea como fuere, y pasando por alto los últimos desarrollos de la política sudanesa, la verdad es que las conexiones entre fuerzas políticas de la oposición y grupos armados no son nada nuevo. Su mantenimiento es vital para partidos como el de la Umma. Entre otras razones, gran parte de sus votantes reside en las zonas donde los grupos armados realizan sus operaciones.
No obstante, el panorama político sudanés es mucho más complejo de lo que con estos datos pueda parecer. El análisis de su política interna y la delineación de estrategias de pacificación y democratización serían mucho más fáciles si los actores colectivos estuviesen claramente definidos. Nada más lejos de la realidad. La futilidad y volatilidad de las alianza políticas alcanza niveles genuinos en Sudán. Hasan al-Turabi, líder del Partido del Congreso Popular, colaboró con el presidente al-Bashir para llevar a cabo el golpe de Estado militar que lo llevó al poder en 1989. La alianza entre ambos se fue deteriorando con el paso de los años, hasta que en 1999 se produjo la ruptura definitiva, la conocida como al-mufasala, y el líder religioso fue encarcelado. Tras su salida de prisión, creó el partido que ahora dirige, y hoy defiende a capa y espada la Iniciativa del Diálogo Nacional. Más de una vez ha hecho oír su voz para rechazar cualquier duda acerca de la seriedad de la iniciativa, lo cual no extraña si se confirman los rumores de que al-Turabi y al-Bashir mantuvieron encuentros extraoficiales antes del lanzamiento de su lanzamiento.
El caso de al-Turabi no es, por supuesto, el único caso que ejemplifica la inestabilidad de las alianzas políticas en Sudán. El año pasado fue fundado el “Movimiento Reforma Ahora” (haraka islah al’an) por miembros del gobernante Partido del Congreso Nacional, adscribiéndose a las Fuerzas del Consenso Nacional, que agrupa a los mayores partidos de la oposición. Su líder, Gazi Salah al-Din al-Atabani, anunció el pasado julio el retiro de su partido de la Iniciativa del Diálogo Nacional en concomitancia con el partido de la Umma. Cerca de una semana más tarde, reculó en su decisión, después de que la Umma hubo reconsiderado su postura.
Por si fuera poco, las conexiones entre gobierno y oposición empañan aún más el ya borroso mapa de las fuerzas políticas sudanesas. Pasando por alto los lazos familiares políticos que unen a al-Turabi y al-Mahdi, el tupido entramado de ligazones entre el Partido de la Umma y el Gobierno depara muchas más sorpresas. El presidente del partido ha sido puesto a prueba por el periodista Ahmad Mansur en una entrevista para la cadena panárabe al-Yazira, al haberle instado a aclarar el hecho de que uno de sus hijos, Abd al-Rahman, sea asesor del presidente al-Bashir, que otro sea oficial de las Fuerzas Armadas sudanesas, y que él, su padre, sea líder de la oposición y anime al derrocamiento del régimen. Si esto no es ingeniería política...
Las conexiones entre facciones a priori opuestas se extienden también a los grupos armados. Las antiguas milicias yanyawid, acusadas de haber hecho deflagrar el conflicto de Darfur en 2003, han sido integradas en la Guardia Fronteriza (huras al-hudud). Un caso ejemplar de personajes “bisagra” entre gobierno y grupos armados es el de Muhammad Hamidan Dago, alias Hemmeti, líder de una milicia de la tribu de los Rizeigat que en 2007 marchó contra el gobierno. Su rebelión fue recompensada en 2013 con la inclusión de sus tropas en el abultado aparato militar del Estado. Las “Fuerzas de Apoyo Rápido” (quwat al-daam al-sari) se mueven ahora por Darfur con toda libertad al mando del antiguo rebelde. Numerosas voces han protestado contra sus actividades, entre ellas el líder del Partido de la Umma, al-Sadiq al-Mahdi, después de lo cual fue acusado por las mismas Fuerzas Armadas y condenado a prisión.
Si no puedes con tu enemigo, únete a él. Para las autoridades sudanesas, la integración de adversarios en el aparato estatal se ha convertido en un hábito que, por razones obvias, complica hasta niveles insospechados la previsibilidad de las dinámicas gubernamentales. Ello obstruye enormemente la configuración de estrategias nacionales lo suficientemente amplias como para incluir a todos los actores políticos. Y no sólo eso, sino también satisfacerlos. Es fácil decirlo, pero desde 1956 hasta hoy, nadie lo ha conseguido. Esta estrategia de neutralización de elementos amenazadores mediante su integración en el estado no se lleva a cabo únicamente con exponentes políticos ya sean estos violentos o pacíficos, sino también con rivales ideológicos. Resulta más que curioso que la cartera ministerial de Turismo esté en manos de Abd al-Karim al-Hud, nada menos que el representante de Ansar al-Sunna (los defensores de la comunidad suní), principal grupo salafí en el país. El régimen bashirista, en su sano juicio, ha tenido un parecer contrario al de su vecino egipcio. Es mejor meter a las potenciales amenazas en casa cuando aún juegan en la cuna que dejarlas crecer fuera.
El pasado mes de octubre, ante el estancamiento del Diálogo producido por la Declaración de París cf.supra, y el anuncio de la recandidatura de al-Bashir a las elecciones presidenciales previstas para abril de 2015, la Unión Africana se afanó por invitar a los diferentes actores políticos de la oposición a retomar las negociaciones acerca no sólo de la transición hacia la democracia, sino también de los asuntos pendientes de resolución, como la soberanía de “las dos áreas”[1]. Un acuerdo ya fue alcanzado en Addis Abeba el 4 de septiembre entre todas las partes implicadas, pero la sucesión de acontecimientos ha despertado sendas dudas acerca ora de su eficacia, ora de su respeto por las partes, ora de la convicción y seriedad con la que el documento fue suscrito.
Lo cierto es que la mediación de la Unión Africana poco podrá hacer por la ampliación de la representación política del país y su apertura tanto dentro como fuera de sus fronteras hasta que no se dé con la solución de los numerosos problemas estructurales que afligen al país cf.supra. No se trata de una observación nueva. La aplicación de los términos recogidos en el Acuerdo Global de Paz, firmado hace nada más y nada menos que diez años, aún está por verificarse. Las razones son las mismas que explican por qué el Diálogo Nacional no ha dado resultados reales a pesar de llevar ya casi un año de vida. Si bien todos los actores políticos sudaneses enarbolen la democracia como objetivo prioritario, la verdad es que su triunfo sólo será posible tras resolver las debilidades de las que adolece la nación. Las veleidades políticas y la tupida red de intereses tejida, en parte, por la postergación de conflictos decenales, son una garantía de fracaso para cualquier proceso democratizador verdadero en el país.
Sin embargo, su superación dependerá de la disponibilidad de las partes a renunciar a parcelas de poder e influencia, así como del desarrollo de la calidad de vida del pueblo sudanés. Desgraciadamente, ambos requisitos distan mucho de ser alcanzados en el corto y medio plazo. El paciente pueblo sudanés sabe muy bien que hasta el camino más largo se empieza por un paso, y la Unión Africana ha demostrado repetidamente su determinación en acompañar a Sudán en su larga y accidentada travesía hacia la democracia.
Esperemos. Es sólo cuestión de tiempo.
14 de noviembre de 2014
[1] Con “The Two Areas” se entienden las regiones de Kordofán del Sur y Nilo Azul, territorios donde el Movimiento Popular de Liberación de Sudán-facción Norte se mantiene activo y cuya soberanía reclama para Sudán del Sur.
BIBLIOGRAFÍA
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Sobre la estela de la obra de Amartya Sen, galardonado en 1998 con el Premio Nobel por su labor sobre la economía del desarrollo, se puede entender el descomunal papel que la pobreza juega en Sudán. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en su primer y más reciente informe sobre el país, la pobreza afecta a casi la mitad de la población. De esta, cerca de un 10% sufre pobreza severa. La pauperización que ha experimentado el país en las últimas décadas ha sido atroz en las regiones afectadas por conflictos bélicos cuasi permanentes, como Kordofán del Sur, Darfur y Nilo Azul. El mercado informal, el analfabetismo, el contrabando y la criminalidad son unas de sus consecuencias más comunes, pero no las únicas.
En Sudán, la degeneración social derivada del cóctel entre pobreza y otras circunstancias que más adelante se expondrán, ha alcanzado el extremo de la conflictividad armada prolongada. El país lleva en guerra desde 1956, el mismo año de su independencia del protectorado anglo-egipcio, y los focos de tensión no han cesado de expandirse por todo el país. Las armas se han convertido en el modus vivendi de numerosos jóvenes a los que la guerra ha privado de esperanza, futuro, familia e identidad; pero también es un suculento ganapán al que muchos padres de familia se ven obligados a recurrir. Quien no se ha alistado en uno de los innúmeros cuerpos de los Servicios de Inteligencia y Seguridad Nacionales (NISS) y de las Fuerzas Armadas, se integra en una de las incontables milicias que operan en el país. Sólo en la región de Darfur se calcula que las milicias armadas cuentan con más de 200.000 efectivos, un volumen superior al conjunto de las Fuerzas Armadas Españolas. A este número de mercenarios hay que sumar los 50.000 miembros de las Fuerzas Armadas Sudanesas desplegadas en la región, 20.000 de ellos pertenecientes a la Guardia Fronteriza (huras al-hudüd).
La marginación política, social y económica que acusan las periferias del país, donde residen los grupos étnicos, religiosos y lingüísticos diferentes a la élite gobernante, de etnia árabe y religión musulmana, también ha intervenido de manera decisiva en la génesis de la desmesurada conflictividad que azota al país. Todas las zonas pobladas por comunidades humanas de cualquier tipo han pasado por períodos de enfrentamiento armado contra la autoridad central. Las minorías que habitan la región del Mar Rojo al este, Nubia al norte, Darfur al oeste, y Kordofán y Nilo Azul al sur han sido víctimas de una administración discriminatoria, heredada de la época colonial, durante décadas. Se trata de una discriminación de facto, con evidentes repercusiones en el desigual desarrollo de las regiones desfavorecidas, como se desprende de los datos sobre alfabetización, tasa de empleo, acceso a servicios básicos y atención sanitaria que manejan las Naciones Unidas. Utilizando la metodología de cálculo del IDH anterior a 2010, la capital presenta un IDH de 0.7, mientras que en Darfur Occidental apenas supera el 0.5. La tasa de adultos alfabetizados en Jartum es superior al 85%, mientras que en Darfur Occidental y Meridional apenas llega al 57%. En cuanto al índice de longevidad, en Jartum es de 68 años, frente a los 53 de Nilo Azul y Darfur Occidental.
Esta mezcla explosiva es avivada constantemente por la abundancia de recursos naturales enormemente lucrativos como el petróleo, el oro y otros minerales cuya explotación resulta muy rentable para quien consiga hacerse con el control de los yacimientos. El incremento de las luchas intertribales e intratribales que se ha registrado durante los últimos años se debe en gran medida a pugnas por la posesión de tierras ricas en estos recursos. Las matanzas han adquirido dimensiones colosales. El pasado mes de julio, un enfrentamiento entre los clanes de awlad 'umran y al-zayud, ambos de la tribu de los massiriya, se saldó con cerca de 150 muertos y más de un centenar de heridos. ¿El motivo? La propiedad sobre un yacimiento petrolífero.
Precisamente, los recursos naturales sudaneses se encuentran en la base de la débil estructura del PIB nacional, y en la interdependencia económica con Sudán del Sur. La economía sudanesa depende casi exclusivamente de la explotación de materias primas. El sector primario ocupa a más del 50% de la población. Los productos agrícolas, ganaderos, mineros y el petróleo componen el gran grueso de las exportaciones. Los ingresos del petróleo provienen en una gran proporción de las tarifas que Sudán del Sur paga por el transporte y la exportación de su crudo a través de Sudán del Norte, lo que supone un arma arrojadiza en manos de ambos gobiernos, los cuales no han dudado en utilizarla desde la independencia del Sur. La conflictividad interna es una consecuencia directa de la excesiva dependencia sobre los recursos naturales en un país donde regiones enteras escapan al control de la autoridad central. Desde la pérdida de dos tercios de la producción de crudo en manos de Sudán del Sur, las autoridades sudanesas han apostado por la promoción de los sectores minero y agropecuario. Tropas gubernamentales y milicias se enzarzan en sangrientos combates por el control de minas auríferas en Darfur, y cuando la posible intervención de las brigadas regulares es descartada, quienes se enfrentan son las diferentes milicias.
Los recursos naturales, junto con la porosidad de las fronteras, también están en la base de la alta injerencia extranjera de la que adolece el país. El fomento del sector agropecuario con el fin de colmar el vacío dejado en las arcas estatales por la secesión del Sur se ha traducido en una campaña de venta de tierras fértiles a compañías y gobiernos extranjeros, sobre todo de naciones árabes con gran fluidez económica y amenazas alimentarias derivadas de su presión demográfica y su poca disponibilidad de tierras cultivables. Los avatares del destino han querido que estos agro-inversores sean, precisamente, aquellos con posicionamientos políticos contrarios a los del régimen gobernante en Sudán: Arabia Saudí, Egipto y Emiratos Árabes Unidos. El pasado mes de octubre, Kamal 'Umar, secretario político del Partido del Congreso Popular (hizb al-mu’tamar al-ša bi), presidido por Hasan al-Turabi, uno de los principales líderes de la oposición y eminencia religiosa mundialmente reconocida, acusó a Arabia Saudí de estar detrás de la inestabilidad en Yemen y de aspirar a erradicar el Islam político, lo que pondría a Sudán en el blanco de todas las miras saudíes.
Pero la injerencia también viene del norte. La más reciente, hace sólo unas semanas. Abdu-l-Fath al-Sisi? extendió una invitación a Thabo Mbeki, presidente del Panel de la Unión Africana para Sudán (AUHIP), para que visitara Egipto justo después de las reuniones que el exmandatario sudafricano habría mantenido en Sudán la primera semana de noviembre. Las reuniones tenían por objetivo poner de acuerdo a gobierno y oposición, tanto política como armada, acerca de los próximos pasos de la Iniciativa del Diálogo Nacional sudanesa, nada más y nada menos.
La injerencia externa también tiene como causa la escasa tecnificación y la baja cualificación de la mano de obra del país. El 90% de la actividad minera se lleva a cabo mediante técnicas tradicionales, las actividades agrícolas son muy rudimentarias, pocas materias primas son procesadas en territorio nacional antes de ser exportadas. Ello explica parcialmente la omnipresencia de las petroleras, constructoras y compañías sanitarias chinas, lo que no ayuda para nada al levantamiento del embargo económico y financiero impuesto por los Estados Unidos en 1997. El último desarrollo en este sentido no ha sido otro que la renovación del embargo, aprobada por Obama el pasado 24 de octubre.
Por si fuera poco, la activa hostilidad contra Israel y las buenas relaciones con Irán echan continuamente por tierra los esfuerzos del Ministerio de Exteriores y otros organismos estatales, así como de personalidades políticas de primer orden, por levantar el embargo y ganarse la confianza de los saudíes.
Con toda seguridad, la decisión de la Casa Blanca ha estado motivada por intereses que sólo son desvelados tras las quintas del despacho oval, pero la falta de avances del panorama político sudanés han sido, sin duda, decisivos. La centralidad del discurso religioso en los programas de los principales actores de la farándula política sudanesa perpetúa la ausencia de una estrategia definida a largo plazo, tanto en política interior como exterior; tanto en desarrollo humano y económico como en la pacificación del país. Declaraciones como las emitidas el pasado mes de julio por Nafi Ali Nafi, asistente del presidente al-Bashir, asegurando que el régimen no se sentará a dialogar con “los laicos y los hermanos de Satán”, no dejan espacio para comentarios.
El recurso al discurso religioso como cortina de humo para tapar la generalizada corrupción que corroe el tejido institucional del país se da con demasiada frecuencia. Políticos y militares corruptos gozan de una impunidad absoluta gracias a la mordaza sobre los medios de comunicación, las detenciones de disidentes políticos, la falta de transparencia y la represión policial que reinan en el país. El pasado 19 de julio, un grupo de individuos armados irrumpió en la redacción del periódico al-Tayyar, en Jartum, causando numerosos daños materiales e hiriendo gravemente al redactor jefe, Utman Mirgani, que tuvo que ser trasladado urgentemente al hospital. Los autores del asalto no han sido aún identificados.
En cuanto a las detenciones de oponentes políticos, Ibrahim Šayj, líder del Partido del Congreso Sudanés (hizb al-mu’tamar al-sudani), permaneció en prisión desde junio a septiembre de este año. Su detención fue seguida por otras tantas de miembros de su partido. También fueron enviados a prisión el líder del partido de la Umma (hizb al-umma), al-Sadiq al-Mahdi, cuyo encarcelamiento duró un mes, y su hija, Maryam al-Mahdi, quien fue excarcelada en septiembre, junto con Ibrahim Šayj, gracias a la mediación de Thabo Mbeki, presidente del Panel de la Unión Africana para Sudán (AUHIP). La represión policial también se cebó el pasado mes de septiembre con activistas y opositores, con ocasión del aniversario de las manifestaciones de septiembre de 2013, donde la policía acabó con la vida de decenas de manifestantes que protestaban contra el corte de subsidios a los carburantes y otros productos. La administración Obama expresó, por boca de Jen Psaki, portavoz del Departamento de Estado estadounidense, su preocupación por la oleada de detenciones e instó a las autoridades sudanesas a respetar los derechos civiles de sus ciudadanos.
La represión a la que son sometidos los opositores políticos se encuentra sin duda entre los motivos que han movido a las fuerzas de la oposición, tanto partidos políticos como grupos armados, a hacer frente común contra el gobierno. En agosto de 2013, exponentes de las mayores fuerzas políticas de la oposición y de los principales grupos armados firmaron en Kampala el Acuerdo del Nuevo Amanecer, en el que dejaban patente su objetivo de derrocar al régimen e instaurar un sistema democrático en el país. La ira con la que fue recibida la noticia por las autoridades sudanesas se asemeja a la que actualmente rezuma al-Bashir al referirse a la Declaración de París, suscrita el 8 de agosto pasado. La declaración ha sido el resultado del último gran encuentro entre el partido de la Umma y el Frente Revolucionario Nacional, que reúne a los principales grupos armados antigubernamentales. En él, tal y como dejaron patente en la declaración, acordaron seguir luchando por el derrocamiento del régimen y la instauración de la democracia en Sudán.
Tras la declaración, al-Sadiq al-Mahdi permaneció en el Cairo a la espera de que las autoridades sudanesas le permitiesen entrar en el país. En el congreso del Partido del Congreso Nacional celebrado a finales del pasado septiembre, Omar al-Bashir declaró que “al-Mahdi podrá volver a Sudán, pero después de repudiar la Declaración de París”. Sea como fuere, y pasando por alto los últimos desarrollos de la política sudanesa, la verdad es que las conexiones entre fuerzas políticas de la oposición y grupos armados no son nada nuevo. Su mantenimiento es vital para partidos como el de la Umma. Entre otras razones, gran parte de sus votantes reside en las zonas donde los grupos armados realizan sus operaciones.
No obstante, el panorama político sudanés es mucho más complejo de lo que con estos datos pueda parecer. El análisis de su política interna y la delineación de estrategias de pacificación y democratización serían mucho más fáciles si los actores colectivos estuviesen claramente definidos. Nada más lejos de la realidad. La futilidad y volatilidad de las alianza políticas alcanza niveles genuinos en Sudán. Hasan al-Turabi, líder del Partido del Congreso Popular, colaboró con el presidente al-Bashir para llevar a cabo el golpe de Estado militar que lo llevó al poder en 1989. La alianza entre ambos se fue deteriorando con el paso de los años, hasta que en 1999 se produjo la ruptura definitiva, la conocida como al-mufasala, y el líder religioso fue encarcelado. Tras su salida de prisión, creó el partido que ahora dirige, y hoy defiende a capa y espada la Iniciativa del Diálogo Nacional. Más de una vez ha hecho oír su voz para rechazar cualquier duda acerca de la seriedad de la iniciativa, lo cual no extraña si se confirman los rumores de que al-Turabi y al-Bashir mantuvieron encuentros extraoficiales antes del lanzamiento de su lanzamiento.
El caso de al-Turabi no es, por supuesto, el único caso que ejemplifica la inestabilidad de las alianzas políticas en Sudán. El año pasado fue fundado el “Movimiento Reforma Ahora” (haraka islah al’an) por miembros del gobernante Partido del Congreso Nacional, adscribiéndose a las Fuerzas del Consenso Nacional, que agrupa a los mayores partidos de la oposición. Su líder, Gazi Salah al-Din al-Atabani, anunció el pasado julio el retiro de su partido de la Iniciativa del Diálogo Nacional en concomitancia con el partido de la Umma. Cerca de una semana más tarde, reculó en su decisión, después de que la Umma hubo reconsiderado su postura.
Por si fuera poco, las conexiones entre gobierno y oposición empañan aún más el ya borroso mapa de las fuerzas políticas sudanesas. Pasando por alto los lazos familiares políticos que unen a al-Turabi y al-Mahdi, el tupido entramado de ligazones entre el Partido de la Umma y el Gobierno depara muchas más sorpresas. El presidente del partido ha sido puesto a prueba por el periodista Ahmad Mansur en una entrevista para la cadena panárabe al-Yazira, al haberle instado a aclarar el hecho de que uno de sus hijos, Abd al-Rahman, sea asesor del presidente al-Bashir, que otro sea oficial de las Fuerzas Armadas sudanesas, y que él, su padre, sea líder de la oposición y anime al derrocamiento del régimen. Si esto no es ingeniería política...
Las conexiones entre facciones a priori opuestas se extienden también a los grupos armados. Las antiguas milicias yanyawid, acusadas de haber hecho deflagrar el conflicto de Darfur en 2003, han sido integradas en la Guardia Fronteriza (huras al-hudud). Un caso ejemplar de personajes “bisagra” entre gobierno y grupos armados es el de Muhammad Hamidan Dago, alias Hemmeti, líder de una milicia de la tribu de los Rizeigat que en 2007 marchó contra el gobierno. Su rebelión fue recompensada en 2013 con la inclusión de sus tropas en el abultado aparato militar del Estado. Las “Fuerzas de Apoyo Rápido” (quwat al-daam al-sari) se mueven ahora por Darfur con toda libertad al mando del antiguo rebelde. Numerosas voces han protestado contra sus actividades, entre ellas el líder del Partido de la Umma, al-Sadiq al-Mahdi, después de lo cual fue acusado por las mismas Fuerzas Armadas y condenado a prisión.
Si no puedes con tu enemigo, únete a él. Para las autoridades sudanesas, la integración de adversarios en el aparato estatal se ha convertido en un hábito que, por razones obvias, complica hasta niveles insospechados la previsibilidad de las dinámicas gubernamentales. Ello obstruye enormemente la configuración de estrategias nacionales lo suficientemente amplias como para incluir a todos los actores políticos. Y no sólo eso, sino también satisfacerlos. Es fácil decirlo, pero desde 1956 hasta hoy, nadie lo ha conseguido. Esta estrategia de neutralización de elementos amenazadores mediante su integración en el estado no se lleva a cabo únicamente con exponentes políticos ya sean estos violentos o pacíficos, sino también con rivales ideológicos. Resulta más que curioso que la cartera ministerial de Turismo esté en manos de Abd al-Karim al-Hud, nada menos que el representante de Ansar al-Sunna (los defensores de la comunidad suní), principal grupo salafí en el país. El régimen bashirista, en su sano juicio, ha tenido un parecer contrario al de su vecino egipcio. Es mejor meter a las potenciales amenazas en casa cuando aún juegan en la cuna que dejarlas crecer fuera.
El pasado mes de octubre, ante el estancamiento del Diálogo producido por la Declaración de París cf.supra, y el anuncio de la recandidatura de al-Bashir a las elecciones presidenciales previstas para abril de 2015, la Unión Africana se afanó por invitar a los diferentes actores políticos de la oposición a retomar las negociaciones acerca no sólo de la transición hacia la democracia, sino también de los asuntos pendientes de resolución, como la soberanía de “las dos áreas”[1]. Un acuerdo ya fue alcanzado en Addis Abeba el 4 de septiembre entre todas las partes implicadas, pero la sucesión de acontecimientos ha despertado sendas dudas acerca ora de su eficacia, ora de su respeto por las partes, ora de la convicción y seriedad con la que el documento fue suscrito.
Lo cierto es que la mediación de la Unión Africana poco podrá hacer por la ampliación de la representación política del país y su apertura tanto dentro como fuera de sus fronteras hasta que no se dé con la solución de los numerosos problemas estructurales que afligen al país cf.supra. No se trata de una observación nueva. La aplicación de los términos recogidos en el Acuerdo Global de Paz, firmado hace nada más y nada menos que diez años, aún está por verificarse. Las razones son las mismas que explican por qué el Diálogo Nacional no ha dado resultados reales a pesar de llevar ya casi un año de vida. Si bien todos los actores políticos sudaneses enarbolen la democracia como objetivo prioritario, la verdad es que su triunfo sólo será posible tras resolver las debilidades de las que adolece la nación. Las veleidades políticas y la tupida red de intereses tejida, en parte, por la postergación de conflictos decenales, son una garantía de fracaso para cualquier proceso democratizador verdadero en el país.
Sin embargo, su superación dependerá de la disponibilidad de las partes a renunciar a parcelas de poder e influencia, así como del desarrollo de la calidad de vida del pueblo sudanés. Desgraciadamente, ambos requisitos distan mucho de ser alcanzados en el corto y medio plazo. El paciente pueblo sudanés sabe muy bien que hasta el camino más largo se empieza por un paso, y la Unión Africana ha demostrado repetidamente su determinación en acompañar a Sudán en su larga y accidentada travesía hacia la democracia.
Esperemos. Es sólo cuestión de tiempo.
14 de noviembre de 2014
[1] Con “The Two Areas” se entienden las regiones de Kordofán del Sur y Nilo Azul, territorios donde el Movimiento Popular de Liberación de Sudán-facción Norte se mantiene activo y cuya soberanía reclama para Sudán del Sur.
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