En la actualidad, la dependencia energética exterior española supera el 80% y nuestras importaciones de petróleo y gas suponen el 90% del déficit en balanza comercial. La necesidad de garantizar el suministro de energía en tiempo, cantidad y precios adecuados es vital para la supervivencia, el desarrollo económico y la mejora de la competitividad de cualquier nación. Ya en 2003 la Estrategia Europea de Seguridad alertaba del riesgo que suponían la dependencia energética y la competencia por los recursos naturales, hecho que se confirmó durante las crisis del gas entre Ucrania y Rusia de 2006 y 2009. En ambos casos se puso de manifiesto la vulnerabilidad que representa no disponer de una estrategia que minimice la dependencia y asegure el abastecimiento energético. Conscientes de este problema, China y otras potencias emergentes han incrementado notablemente su presencia en Hispanoamérica, Asia Central y África para controlar la explotación de materias primas y recursos naturales.

La OTAN también considera que la seguridad energética constituye un reto vital cuya superación depende, en buena medida, del mantenimiento operativo de las rutas de abastecimiento. Según su Concepto Estratégico, la Alianza se plantea alcanzar este objetivo adquiriendo mejores capacidades para la protección de las infraestructuras y rutas de tránsito críticas, realizando evaluaciones estratégicas y elaborando planes de contingencia. Sin embargo, en esta ocasión la OTAN no está mostrando su perfil más resolutivo.

El primer motivo que explica la escasa actividad de la Alianza es la divergencia de intereses nacionales en una materia que se considera una cuestión interna. Esta circunstancia la comparte con la UE, donde la política energética de la Comisión no ha logrado que los países miembros gestionen conjuntamente sus suministros. El segundo motivo es la posición dominante de Rusia en el escenario energético europeo. Los diferentes grados de dependencia del gas ruso han provocado que los aliados mantengan posturas distanciadas en relación con las políticas exterior, energética y de seguridad de Rusia. En tercer lugar, la aportación de la OTAN a la seguridad energética se limita a complementar la actuación de otros actores mejor acreditados en la materia, como la UE, la OCDE, la Agencia Internacional de la Energía y el sector privado. La última razón de la prudencia de la Alianza es su carácter de organización de defensa y el consiguiente rechazo de los aliados a que la OTAN se implique de forma notoria en un asunto de naturaleza económica.

Por lo tanto, los intereses nacionales y las limitaciones estructurales de la Alianza han dificultado el desarrollo sistemático de una política aliada de seguridad energética. Con todo, la OTAN ha perfilado cuatro líneas de actuación que conforman su estrategia en esta materia. Primera, el intercambio de información e inteligencia entre aliados, socios y con el sector privado, prestando especial atención a las infraestructuras, las rutas de transporte, los grupos terroristas y el suministro de combustible para las operaciones. Segunda, el fomento de la estabilidad en los países socios de Europa, el Cáucaso, Asia Central, Oriente Medio y la región del Golfo. Tercera, la protección de infraestructuras y la supervisión de rutas marítimas y aguas territoriales. Por último, la dimensión estrictamente militar se manifiesta en las operaciones aliadas en el Índico y en el Mediterráneo, que garantizan la libre circulación de los recursos.

La estrategia energética de la OTAN, como organización funcional de seguridad, plantea soluciones sectoriales y, por lo tanto, insuficientes. La seguridad energética es un problema complejo que requiere de actuaciones de muy diversa índole, entre las que debe tener cabida la obtención de energías alternativas. No en vano, la diversificación energética disminuye la dependencia de los combustibles fósiles y, si se priorizan las energías locales y renovables, mejora la balanza comercial e impulsa la economía nacional.

Como es bien sabido, las energías renovables se producen de forma continua, son inagotables a escala humana y respetan el medio ambiente. Entre las fuentes disponibles en la actualidad (eólica, hidráulica, mareomotriz, geotérmica y bioenergía), la biomasa presenta unas potencialidades que, convenientemente desarrolladas, no solo contribuirían de manera significativa a la diversificación energética, sino que tendrían una incidencia muy positiva sobre el territorio y la generación de puestos de trabajo (entre 10 y 20 puestos por MW eléctrico-térmico). La biomasa es la materia orgánica de árboles, plantas y desechos animales que puede transformarse en energía mediante la generación de calor, la producción de electricidad y la fabricación de biocombustibles. Además de ser un recurso abundante, tiene la ventaja frente a los combustibles fósiles de ser una fuente de energía local y renovable. Así, su abundancia la hace apta para el consumo a gran escala; por ser un recurso local, reduce la dependencia energética exterior, incentiva la economía nacional y fija la población rural; y por su naturaleza renovable actúa contra el calentamiento global y facilita la gestión de residuos forestales, agrícolas y urbanos. La biomasa forestal en particular, además de reducir las emisiones de dióxido de carbono y el riesgo de incendios forestales, supone una oportunidad para la creación de industrias transformadoras en zonas normalmente poco desarrolladas.

Sin embargo, no todo son ventajas en la obtención de la biomasa: a su baja densidad energética relativa, se añade la concurrencia con otros usos y la presencia de ciertos riesgos medioambientales. En un entorno rural como el europeo, con sistemas de explotación agrícola intensiva, la biomasa vegetal con fines energéticos puede entrar en competencia directa con la elaboración de alimentos, forrajes, tejidos, papel y otros productos. Esta competencia podría provocar tensiones en el mercado, como de hecho ya sucedió entre 2005 y 2009 cuando la escalada especulativa disparó los precios de las materias primas alimentarias y energéticas. Por otra parte, su proceso de transformación consume energía y agua, y emite contaminantes atmosféricos y gases de efecto invernadero. A este respecto, un estudio de la Agencia Europea de Medio Ambiente determinó que el aumento desmedido de la producción de la biomasa agrícola, forestal y de residuos podría perjudicar la biodiversidad vegetal y reducir la disponibilidad de suelo y agua. Para evitarlo, recomendaba establecer el nivel de producción sostenible, es decir, la cantidad máxima de biomasa que se puede obtener para fines energéticos sin aumentar la presión medioambiental hasta niveles que amenacen con erosionar el suelo, desertificar los campos o deforestar los bosques. En cualquier caso, el informe concluía que una gestión adecuada permite compatibilizar la producción de importantes cantidades de bioenergía con la preservación del medio ambiente.

En definitiva, todo indica que la bioenergía, como el resto de energías renovables de extracción local, puede contribuir de forma notable a la seguridad energética nacional disminuyendo la dependencia exterior. En particular, la biomasa aporta el valor añadido de sus beneficios ambientales, económicos y sociales, para lo que se deberán implantar procesos productivos que minimicen el impacto medioambiental y garanticen el desarrollo sostenible, que es el que asegura la satisfacción de nuestras necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones de satisfacer las suyas.

Jaca, 18 de marzo de 2013