Los secuestros de turistas, miembros de ONG o periodistas por organizaciones terroristas en Oriente Medio o África son una de las principales fuentes de financiación de estos grupos, casi todos ellos islamistas. El asesinato de algunos de estos rehenes por parte de sus captores es, además, una poderosa herramienta de propaganda para amenazar a los gobiernos occidentales, amedrentar a sus sociedades y apoyar las acciones y reivindicaciones de los ejecutores ante sus seguidores. Para evitar este derramamiento de sangre, o la prolongada cautividad de sus ciudadanos, una gran parte de los gobiernos occidentales está dispuesta a pagar importantes sumas de dinero como rescate, aunque sea no oficialmente y a través de intermediarios. No es el caso de Estados Unidos, que siempre ha mantenido una estricta política de no pagar al considerar que ceder al chantaje perpetúa el problema y refuerza a los grupos terroristas.

Una de las patas de la política de Washington, además de la diplomacia, es el uso de fuerzas especiales para llevar a cabo los rescates. El criterio clave para activar una operación es la amenaza o riesgo inminente para la vida de los secuestrados. Si las fuentes de inteligencia consideran que la amenaza no es inminente los gobiernos pueden usar la baza de la paciencia para ver si la situación cambia y es más favorable para lograr una solución pacífica. En cualquier caso, los retos y riesgos son muchos a la hora de intentar un rescate. Buen ejemplo son las recientes actuaciones en Siria o Yemen. Las fuerzas especiales estadounidenses tienen un largo historial de rescates, pero en los últimos seis meses han fracasado en tres intentos. El pasado agosto las autoridades estadounidenses comenzaron a revisar algunos aspectos de su política de rehenes, incluido el examen de las comunicaciones con los miembros de la familia y la información que se comparte. Tras las muertes en un intento de rescate en Yemen del periodista estadounidense Luke Somers y del profesor sudafricano Pierre Korkie, el Pentágono no consideró necesario una revisión más profunda de esta política ya que el proceso de rescate, aunque imperfecto, “es de lo más completo que se puede”. Por lo general el presidente Obama solo autoriza una operación cuando se piensa que una ventana de oportunidad se puede estar cerrando, por la amenaza directa e inminente a la vida del cautivo, o porque está siendo transferido a otro lugar en el que sería mucho más difícil o imposible de encontrar en el futuro. Como él mismo recordó en una rueda de prensa “Estados Unidos no va a escatimar ningún esfuerzo para utilizar todas sus capacidades a nivel militar, de inteligencia y en el terreno diplomático para devolver a casa a salvo a ciudadanos estadounidenses, donde sea que estén”.

En los años Ochenta tres cuartos de los rescates de rehenes efectuados por fuerzas estadounidenses acababan con al menos uno de los secuestrados muerto. Las cifras mejoraron con el paso de los años gracias al entrenamiento específico y a contar con tácticas y equipamientos concretos para estas misiones. La preparación de las unidades de fuerzas especiales, y disponer de una inteligencia precisa y actualizada, será fundamental en un momento en el que se multiplican los secuestros de ciudadanos estadounidenses por grupos terroristas y por el carácter extraordinario y por el brutal fin de los últimos casos. Pese al riesgo de muerte de los rehenes, Estados Unidos ya ha dejado claro que ni negociará ni pagará a los terroristas, una opción que defiende el presidente estadounidense y que la mayoría de los estadounidenses considera como la mejor opción.

16 de enero de 2015