Cátedra Paz, Seguridad y Defensa

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Observatorio PSyD

El observatorio opina

18 de Abril de 2018

Repatriación de combatientes españoles y Reductio ad Hitlerum

Raúl C. Cancio Fernández
Académico Correspondiente Real Academia de Jurisprudencia y Legislación
Doctor en Derecho
Letrado del Tribunal Supremo

El pasado 4 de enero de 2018 se registró en la Mesa del Congreso una pregunta al Gobierno formulada por el diputado Sixto Iglesias del grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea en la que, partiendo de la constancia de un convenio de colaboración entre la asociación Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge [Organización Alemana para la Conservación de Cementerios de los Caídos de Guerra, (en adelante VDK o Volksbund)] y el Ministerio de Defensa para la recuperación, identificación y posterior inhumación de los muertos en combate de la 250ª División Española de Voluntarios (DEV) [250. Infanteriedivision (spanische) «Blaue Division»], comúnmente conocida como División Azul, durante la II Guerra Mundial, interesaba conocer los resultados obtenidos de esa colaboración desde 2003 hasta la actualidad, en lo concerniente a (i) el coste de dicha cooperación; (ii) los fondos dedicados de manera anual a recuperar los restos de integrantes del ejército español en otra zonas geográficas distintas de la antigua Unión Soviética (URSS) y de otros conflictos distintos a la II Guerra Mundial, y (iii) finalmente, los fondos dedicados anualmente durante los últimos años a recuperar restos de personas asesinadas o desparecidas durante la guerra civil y sepultadas en fosas comunes.  

En fecha 2 de marzo de 2018, en relación con la información interesada, el Gobierno contestó, entre otras cosas, y con respecto a los resultados obtenidos en la colaboración con la asociación que  se  menciona en  la pregunta, que  los soldados españoles muertos en la URSS y que han sido repatriados eran los siguientes: en 2003, cuatro; en  2007, diez; en 2010, dos; en 2013, cinco; en 2016, cinco y en 2017, tres, en total veintinueve, siendo el coste medio por repatriación de restos cadavéricos de entre 800 y 1.200 euros en concepto de  traslados aéreos.

Ese mismo día, por los diputados Elorza, Aguirretxea y García Sempere, se presentaron nuevas preguntas al Gobierno, todas ellas vinculadas a la referida repatriación de restos mortales; en particular, se interrogaba por los siguientes extremos: «¿Desde cuándo se vienen produciendo estas repatriaciones? ¿Cuántas más están previstas? ¿Por qué motivo las realiza? ¿Quién las ha solicitado? ¿Considera el Gobierno que estas repatriaciones son compatibles con la Ley de Memoria Histórica? ¿Va el Gobierno a solicitar y costear la repatriación de soldados republicanos que combatieron contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial y que murieron en la Unión Soviética? ¿Va el Gobierno a realizar el mismo esfuerzo presupuestario en relación a los programas de recuperación establecidos en la Ley de Memoria Histórica para exhumar los restos de los soldados y civiles republicanos que siguen en fosas comunes y cunetas desde la Guerra Civil?».

Debe tenerse en cuenta que estas interpelaciones en torno a los protocolos administrativos y convencionales, así como los costes de retorno de los militares españoles muertos en combate en el extranjero han obtenido respuesta al menos en dos ocasiones anteriormente en sede parlamentaria. En efecto, en la X legislatura, el diputado Cuadra Lasarte formuló dos preguntas parlamentarias, una referente al tipo de colaboración existente entre el Ministerio de Defensa y la «Asociación de Españoles Desaparecidos en Rusia» y otra posterior, interesándose por los gastos satisfechos por el Gobierno en la (i) elaboración de la relación de cementerios en Rusia; (ii) en la participación en el proceso de repatriación; (iii) en la colaboración en el traslado por vía aérea y en la recepción de restos y traslado a sus familiares, así como (iv) la colaboración que se está facilitando para favorecer dichos trabajos en relación con el Ejército Popular Republicano y el Ejército Vasco-Euzko Gudarostea.

El Gobierno respondió que el Ministerio de Defensa había elaborado una relación de cementerios extranjeros en los que constan enterrados militares  españoles – en Cuba, Estados Unidos, Francia, Guinea Ecuatorial, Irlanda, Marruecos, Perú, Puerto Rico, Rusia, Turquía, Vietnam e Isla de Yap, en el archipiélago de las Carolinas- sin coste alguno, señalando que el citado Ministerio participa en el proceso de repatriación de restos de miembros de la DEV mediante la recepción de las peticiones de familiares para la recuperación de restos, apoyo a la realización de gastos de traslado por vía aérea, y recepción de aquellos en el aeropuerto Adolfo Suárez  Madrid-Barajas para su posterior entrega a familiares. En cuanto a la Asociación a la que se refiere la pregunta, refirió que no es receptora de subvención alguna del citado departamento, siendo la relación con ella de mera intermediación entre la entrega de solicitudes de familiares y la identificación individualizada de los restos previa a la repatriación.

Años antes, concretamente en 2003, el senador Caballero Moya fue el primero que preguntó al Gobierno por estas cuestiones, contestando el Ministerio de Defensa que en el año 1996 se realizó el acopio de documentación, reconocimiento de cementerios -Grigorovo, Tschetchulkino, Bolsamoshje, Sitno, Raikolowo, Sadnoje Pol, Possad, Sologubowka, Jurjewo, Kekochowo, Podneresje I-II-III, Otensjik, Shiloj, Komunar, Nikolskaya y Pavlosk- y los estudios topográficos que permitieran la localización y exhumación de los aproximadamente 5.000 fallecidos de la DEV. Se informó asimismo que en el año 2003 se terminaría de construir el cementerio español de Pankovka, donde reposaban ya los restos de 829 soldados identificados, estando en proceso de inhumación los cadáveres encontrados en Nikolskeye y Pavlosk, ascendiendo a la cifra aproximada de de 2.000 hombres, con un noventa por ciento de identificaciones positivas.

Ahora se vuelve a preguntar, pero en esta ocasión, se entremezclan cuestiones relativas a las repatriaciones con las demandas de exhumación de las víctimas represaliadas durante la guerra civil. Y, no obstante, ni hogaño ni antaño, se interroga al Gobierno acerca del organismo encargado de gestionar estas operaciones, extremo que parece no despertar el interés de los diputados y senadores cuando, sin embargo, deviene elemental para responder a muchas de las dudas planteadas.

La Dirección de Asistencia al Personal (DIAPER), a través de la Unidad de Heridos y Fallecidos (UHEFA), es la instancia administrativa de Defensa encargada de gestionar las repatriaciones tanto de militares españoles que conste su enterramiento en el extranjero y así lo soliciten sus familiares, como de la remisión a sus países de origen de militares extranjeros sepultados en España. Verbigracia, el 29 de abril de 2015, con presencia de mandos de DIAPER y organizado por el «Foro de amigos de la División Azul» y la «Asociación de Desaparecidos en Rusia», se homenajeó a pilotos soviéticos caídos en combate en la guerra civil, presidiendo el acto Yuri Korchagin, Embajador de Rusia en España, acompañado por el Agregado Militar, Adjuntos y Agregado Cultural de la Embajada rusa en Madrid. Años antes, el 15 de septiembre de 1997, se realizó una ofrenda de coronas por parte de España, de Rusia -por la Asociación Memorial  Мемориал- y alemana de la VDK, como asimismo de las cinco rosas rojas depositadas por el Gobernador Militar y los Veteranos combatientes rusos de Novgorod, con motivo de la inauguración del Sector de España del Cementerio de la 1ª División de la Luftwaffe en Pankowka, erigiéndose por cuenta del Ministerio de Defensa el Monumento alusivo al pie de la parcela.

Nótese como siempre y en todo caso, estamos hablando de militares, en ningún caso civiles, fallecidos durante un conflicto bélico. Consecuentemente, la pretendida equiparación entre soldados españoles enterrados en el extranjero y «víctimas republicanas de la dictadura franquista» que se plantea en las preguntas parlamentarias carece de sostén legal, al carecer el referido organismo de competencias al efecto.

Por lo que respecta a la argüida discriminación entre la repatriación de los restos de soldados de la DEV, y los combatientes españoles que lucharon con el bando soviético [aproximadamente 800 hombres repartidos entre la V Brigada Autónoma de Tropas de Ingeniería, la Brigada Especial (Osbom), unidades guerrilleras y pilotos republicanos, de los cuales pudieron caer en combate alrededor de 200], la misma tampoco no se sostiene.

Los práctica totalidad de los «españoles de Stalin» fallecidos durante la II Guerra Mundial –con la excepción paradigmática de Rubén Ruiz Ibarruri, sepultado en Volvogrado y quien tiene además erigido un monumento en su honor en la Avenida de los Héroes Mártires de Volgogrado- continúan en suelo ruso porque se ignora su paradero, habida cuenta de la ingente cantidad de bajas que sufría el Ejército Rojo, que obligaba a las autoridades soviéticas a amontonar los cadáveres en fosas comunes, que posteriormente se incineraban con gasolina o se cubrían con cal viva para evitar la propagación de enfermedades, lo cual hace prácticamente inviable la identificación solvente de esos restos, cuando se recuperan.

Por el contario, a los veintinueve soldados repatriados de la DEV se les dio tierra en túmulos perfectamente amojonados, con sus chapas de identificación y enterrados junto a una botella con un papel en su interior en el que se daba cuenta de su nombre, la fecha y las condiciones de su muerte, a lo que se unía un croquis de la ubicación de la tumba. Fíjense, el 13 de junio de 2012, la DIAPER entregó 173 placas de identificación y una botella que contiene el expediente médico de un teniente, pertenecientes a componentes de la DEV al Instituto de Historia y Cultura Militar (IHCM) merced al trabajo de la VDK en Novgorod, donde a causa de la expropiación de terrenos en el cementerio que afectaba a parte de la parcela española, los restos que allí reposaban hubieron de ser exhumados, retirándose las pertenencias de los militares: 164 placas de identificación con nombres y apellidos más otras nueve de las que se desconoce su pertenencia. Las placas se mantienen en fundas individuales de plástico, si bien el estado de conservación que presentan es desigual.

Consecuentemente, el ideario político del combatiente español carece absolutamente de virtualidad en su posible repatriación, siendo por el contrario esencial la certeza de su identificación. Y aquí entraría en juego la otra organización por la que se ha preguntado en el Congreso y el Senado.

El 16 de diciembre de 1992 se firmó en Moscú el Convenio Germano-Ruso para la recuperación de los restos de los militares caídos por ambos bandos y la conservación de los cementerios militares, designándose a la citada asociación Memorial por parte rusa y a la VDK, como las únicas entidades autorizadas para llevar a cabo esa labor. Esta última, con sede en la ciudad de Kassel, es una organización humanitaria no gubernamental fundada en 16 de diciembre de 1919, que tiene por objeto registrar, mantener y cuidar las tumbas de las bajas de guerra alemanas en el extranjero, brindando información a familiares sobre todos los asuntos relacionados con fosas comunes, asesorando a instituciones públicas y privadas y promoviendo la cooperación internacional en materia de mantenimiento de camposantos bélicos. El Volksbund, como se le conoce popularmente, financia aproximadamente el setenta por ciento de sus actividades con contribuciones y donaciones, obteniendo el treinta por ciento restante de fondos procedentes de administraciones regionales y del gobierno federal de Alemania. Al final de Gran Guerra, la República de Weimar no estaba ni política ni económicamente en condiciones de ocuparse de las tumbas de los soldados muertos durante aquel conflicto. Surge así el Volksbund como una iniciativa ciudadana que diese razón de los que habían caído por Alemania. A partir de 1933, se acoge a la Gleichschaltung o completa su misión al sistema nacionalsocialista, por lo que durante la II Guerra Mundial, el Heer se responsabilizó del establecimiento y mantenimiento de los cementerios militares hasta 1946, en que la VKD se hizo cargo nuevamente de esta tarea, ampliándose sus responsabilidades a partir de 1954, cuando el gobierno federal le encargó la localización, salvaguarda y mantenimiento de los cementerios militares alemanes en el extranjero. De conformidad con los acuerdos bilaterales, el Volksbund cumple ahora esta tarea en Europa y el Norte de África, gestionando 832 cementerios de guerra en cuarenta y seis países, donde moran alrededor de 2,7 millones de alemanes (en España supervisan, desde el 1 de junio de 1983, el cementerio alemán de Cuacos de Yuste, donde puede leerse la siguiente inscripción: «En este cementerio de soldados descansan 26 soldados de la Primera Guerra Mundial y 154 de la Segunda Guerra Mundial. Pertenecieron a tripulaciones de aviones que cayeron sobre España, submarinos y otros navíos de la armada hundidos. Algunos de ellos murieron en hospitales españoles a causa de sus heridas. Sus tumbas estaban repartidas por toda España, allí donde el mar los arrojó a tierra, donde cayeron sus aviones o donde murieron. El Volksbund en los años 1980–1983 los reunió en esta última morada inaugurada en presencia del embajador de la República Federal de Alemania en un acto conmemorativo hispano-alemán el 1 de junio de 1983. Recordad a los muertos con profundo respeto y humildad»). Tras la caída del Muro, el trabajo del Volksbund también se extendió a los antiguos países del Bloque Oriental, donde alrededor de tres millones de soldados alemanes perdieron la vida en la II Guerra Mundial, casi el doble que los que descansan en cementerios de guerra en todos los otros países europeos juntos. Para la VKD, estos cementerios son un recordatorio del pasado que también confronta a los vivos con las consecuencias de la guerra y la violencia.

Con la ayuda de la Dirección General de Política de Defensa (DIGENPOL) y la VKD, el 28 de abril de 1994 es traído a España en un avión del Ejército del Aire los restos incinerados del primer divisionario identificado. Tras una propuesta del JEME, general Faura Martín, en junio de 1994, Julián García Vargas, titular de defensa en aquel entonces, impulsa las gestiones con la VKD a través del Agregado de Defensa en Bonn y el 4 de agosto de 1995 se firma un Convenio con la asociación, a la que inmediatamente se le facilita toda la documentación obrante en los archivos de la Hermandad de Caídos de la División Azul, en cuanto a planos de situación de los enterramientos, listados de fallecidos, etc. Convenio que ha sido prorrogado en 2015 y que ha dado como frutos, hasta la fecha, la entrega a sus familias de los restos de veintinueve soldados.

A pesar de las sucesivas preguntas parlamentarias efectuadas en los últimos años, sigue siendo demasiado tentador desde una perspectiva política, entreverar los muertos divisionarios con los «españoles de Stalin» caídos en combate, y todo ello agitarlo en la coctelera de la Ley de la Memoria Histórica, rebosante de civiles represaliados que aun yacen en las cunetas. Sin embargo, se impone eludir los argumentum ad nazium en este tipo de cuestiones. Los combatientes españoles, al margen de su encuadramiento, deben regresar a España a costa del Estado cuando sean reclamados por sus familias y sean plenamente identificados. De la misma manera que los civiles represaliados en nuestra guerra civil deben desenterrarse de las fosas donde fueron inicuamente arrojados. Confundir esos diferentes planos refleja, en el mejor de los casos, un preocupante desconocimiento técnico. En el peor, una inadmisible, por espuria, utilización de los muertos.

18 de abril de 2018

























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