Las polémicas en torno al cambio de nombre de calles y retirada de símbolos a cuenta de la aplicación de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, no crean que es un endemismo español. Durante el pasado mes de agosto de 2017, fue noticia muy difundida el rebrote de la tensión revisionista en muchas ciudades norteamericanas al socaire de la retirada de diferentes monumentos erigidos en honor de militares confederados, con consecuencias tan trágicas como la muerte de la joven Heather Heyer a manos de un supremacista radical.

El dantesco sacrificio que supuso la Guerra Civil Americana [620.000 muertos o el 2% de la población existente por entonces; al día de hoy, ni el Día D en Omaha Beach ni los ataques terroristas del 11-S han podido superar los 3.654 norteamericanos muertos en un solo día que se produjeron en la Batalla de Antietam] sirvió al menos para que la sociedad norteamericana diese un salto de calidad en su nivel de convivencia. La guerra impulsó la industrialización y los adelantos médicos, dio lugar a la creación de un impuesto federal sobre la renta e inspiró una serie de enmiendas que enriquecieron de manera exponencial el texto constitucional. Todo ello fue posible merced a la dignidad de los derrotados y a la altura de miras de los vencedores y articulado a través del conocido como  Periodo de Reconstrucción (1863-1877) que siguió al fin de la guerra y que tuvo como objetivo primordial resolver la reincorporación de los estados secesionistas a la Unión de la manera menos traumática posible; determinar el status de los líderes rebeldes y, por supuesto, contemplar desde el punto de vista constitucional la situación legal de los Negro Freedmen. Únicamente el presidente confederado Jefferson Davis sufrió pena de cárcel durante dos años, y sólo el capitán Henry Wirz, comandante del campo de prisioneros de guerra de Andersonville, Georgia, fue ejecutado como responsable de conspiración y asesinato de cientos de prisioneros federales a su cargo, en condiciones de confinamiento absolutamente inhumanas.

La conciliación civil se culminó con The Amnesty Act de 1872, ley federal que devolvió los derechos políticos y los rangos militares a más de 150.000 de los rebeldes que lucharon en la guerra. Un siglo después, la Public Law 94-67 firmada en 1975 por el presidente Ford, rehabilitó post mortem al general Lee en su ciudadanía norteamericana.

Pero incluso para una sociedad que tan admirablemente ha cerrado sus heridas fratricidas, todo tiene un límite. Y ese límite, para una importante fracción de militares en activo, estudiosos de la Guerra de Secesión y cada vez más ciudadanos, puede haberse superado no tanto por la referida polémica en torno a la retirada o no de estatuas ecuestres o el arrío de Stainless banners, como con el mantenimiento en importantes bases militares de los nombres de líderes secesionistas.

La cuestión que plantean los que se oponen a este nomenclátor es que los ocupantes actuales de estas bases, instalaciones y campamentos son miembros de las mismas fuerzas armadas norteamericanas que, con lealtad a la Constitución de 1787, doblegaron la conducta sediciosa de una parte de la Unión, con una coste en vidas y heridos demasiado alto como para encima, tener ahora que desempeñar sus obligaciones bajo el rótulo de líderes rebeldes que hicieron derramar la sangre de quienes los soldados de hoy son tributarios morales. Adviértase en este sentido como el general Lee fue objetivamente responsable de la muerte de más soldados americanos que Cornwallis, Hitler y el general Tojo juntos.

Además, repárese que no se trata de una cuestión única y estrictamente militar. Al fin y al cabo, los generales Lee o Hood, con plena responsabilidad, ejercieron sus funciones al frente de ejércitos en un escenario bélico, con el legítimo objetivo de causar el mayor numero de bajas en el adversario. Lo que resulta sin duda más lacerante, no ya para la memoria de los caídos de la Unión, sino para el conjunto de la sociedad norteamericana es que se mantengan asimismo, en el frontis de bases militares de la envergadura e importancia de la situada en la ciudad de Columbus (Georgia), el nombre de Fort Benning, al socaire de que allí nació y murió Henry S. Benning, un racista sin parangón, uno de los muchos que no dudaron, desde su posición como magistrado de la Corte Suprema de Georgia, en atizar el odio segregacionista y sedicioso con admoniciones relativas a un hipotético triunfo del abolicionismo.  

Incluso, los críticos con el mantenimiento de estos nombres arguyen que estarían dispuestos a admitir esos apelativos cuando al menos, las cualidades técnicas y aptitudes militares del personaje lo merecieran, como los casos de Hood, Stonewall Jackson o Lee. Lo que no están dispuestos a tolerar es que además de sedicioso y racista, el militar fuere también un incompetente. En este sentido, el cuartel general de unidades de élite y comandos tan prestigiosos como el XVIII Airborne Corps,  la 82nd Airborne Division, el United States Army Special Operations Command (USASOC) o el Army Compartmented Element, merecería tener a un general más cualificado como nombre de su base que el de Braxton Bragg, que únicamente su estrecha amistad con el Presidente Jefferson Davis le libró de ser sustituido al frente del Ejército de Tennessee tras sus rotundos fracasos frente a Rosecrans y Grant.  

En cualquier caso, convendría que en esta coyuntura revisionista se tuviese presente la admirable conducta que los propios protagonistas evidenciaron en Appomatox: cuando Lee, tras firmar la capitulación, abandonó la reunión celebrada en la residencia de Wilmer McLean, los hombres de Grant propusieron brindar por la victoria, lo que les fue impedido de forma enérgica por el general unionista, con éstas palabras: «The Confederates were now our prisoners, and we did not want to exult over their downfall».

6 de junio de 2018