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Observatorio PSyD

El observatorio opina

22 de Enero de 2021

Las Nonas de Enero

Raúl Cesar Cancio Fernández
Académico Correspondiente Real Academia de Jurisprudencia y Legislación
Doctor en Derecho
Letrado del Tribunal Supremo

Desde hace más de un siglo, ningún país en el mundo experimenta, como los Estados Unidos de América, un entusiasmo parecido por dos tipos de instituciones: las Government Agencies y, derivadas de estás, las Law Enforcement Agencies. Desde el año 1915 en que se constituyó la Federal Trade Comisión (FTC), primera agencia gubernamental encargada de velar por los derechos de los consumidores y combatir los monopolios, centenares de ellas se desenvuelven en los Estados Unidos en todos los ámbitos, desde la agricultura a la investigación espacial, pasando, desde luego, por la seguridad, como fórmula organizativa general, dotada de un mayor nivel de autonomía y de flexibilidad en la gestión, y que, paralelamente, refuerza los mecanismos de control de eficacia, promoviendo una cultura de responsabilización por resultados.

Pues bien, esa particular devoción se acentúa con las Law Enforcement Agencies, siendo ello singularmente apreciable si usted pasea por su capital. En efecto, en Washington D.C. puede encontrarse con agentes del Metropolitan Police Department of the District of Columbia (MPDC), lo que sería nuestra policía local o guardia urbana ordinaria; con efectivos de la District of Columbia Protective Services Division (PSDDC), sección policial encargada de dispensar servicios de seguridad a las instalaciones bajo control del Gobierno del Distrito de Columbia; con miembros del United States Park Police (USPP), los agentes federales que vigilan los numerosos monumentos conmemorativos esparcidos a lo largo del Mall; si se acercan a Pennsylvania Avenue seguro que verán a los uniformados del legendario United States Secret Service Uniformed Division (USSS UD), a los federales del Federal Protective Service (FPS), la división de policía de seguridad uniformada de la Dirección Nacional de Protección y Programas del Departamento de Seguridad Nacional, o a la unidad de agentes uniformados del FBI; puede que también se crucen con los funcionarios del Court Security Officers, la rama del US Marshals Service encargados de la protección de las sedes judiciales del país, salvo el Tribunal Supremo, que dispone desde 1935 de su propia Supreme Court Police (SCP), y responsable de garantizar la integridad de la misión constitucional de la Corte Suprema, protegiendo el edificio, los jueces, los empleados, los invitados y los visitantes, de conformidad con lo dispuesto en las 28 U.S.C. § 672 y 40 U.S.C. § 6121, todo ello bajo la supervisión del Marshal de la Corte Suprema de los Estados Unidos, quien responde directamente ante la propia institución que le nombra, por delante de su Presidente y del Fiscal General. Y aún es posible que también reconozcan a oficiales de la Casa de la Moneda (US Mint Police), del servicio de Correos (US Postal Police) o del Departamento de Asuntos de Veteranos (US Department of Veterans Affairs Police).


Finalmente, y en lo aquí interesa, si acuden a la zona de Capitol Hill, naturalmente, se cruzarán con agentes de la US Capitol Police (USCP) quienes el pasado seis de enero padecieron, sin duda alguna, su jornada más negra de los 193 años de historia de esta agencia, incluida la muerte de uno de sus agentes, Brian D. Sicknick, víctima de las heridas que sufrió durante el asalto al Capitolio del 6 de enero. Que los Estados Unidos ya no son lo que eran, es una evidencia constatable, pero al menos sus servidores públicos aún retienen ciertas dosis de dignidad, y así, el pasado 8 de enero, el jefe de la Policía del Capitolio, Steven Sund, y el Sargento de Armas y Portero Mayor del Senado, Michael Stenger, dimitieron de sus cargos ante las críticas por la más que aparente falta de diligencia para lidiar con el violento y bochornoso asalto por parte de simpatizantes del presidente Trump.

La historia de esta singular y específica unidad de policía -nótese que nuestro Congreso de los Diputados o el Senado son custodiados por agentes del Cuerpo Nacional de la Policía y de la Guardia Civil, el palacio de Westminster londinense por Scotland Yard o el palacio Borbón de la Rue de l’Université por sus gendarmes- se remonta a 1801 cuando el Congreso se trasladó de la ciudad de Filadelfia al edifico del Capitolio recién construido en Washington, D.C., cuya protección y vigilancia se encomendó a un único vigilante, John Golding. No obstante, el cuerpo policial sería formalmente constituido por ley de 2 de mayo de 1828, y también, como hogaño, como consecuencia de un acto de violencia: la agresión a John Adams II, hijo del presidente John Quincy Adams, a manos de Russell Jarvis, un reportero del Washington Daily Telegraph en la misma Rotonda del Capitolio recientemente vejada por el grotesco Yellowstone Wolf y sus fanatizados adlátares.

La inicial tarea de proporcionar seguridad al Capitolio era desempeñada por medio de un capitán y tres hombres que trabajaban en turnos de quince horas cuando el Congreso estaba en sesión y de diez en el resto, lo que pronto resultó insuficiente y poco operativo, por lo que fue ampliándose con el tiempo su carta de servicios, dispensando también seguridad a la comunidad del Congreso y sus visitantes, respondiendo exclusivamente ante al Congreso, no ante el presidente de los Estados Unidos, siendo la única agencia federal de aplicación de la ley responsable ante el poder legislativo del Gobierno Federal.

En 1935, el ámbito del denominado Capitol Grounds (la zona urbana afecta a las instalaciones legislativas) se extendió a 126 acres y, naturalmente, se tuvo que ampliar la plantilla de agentes hasta 132 hombres. En 1974, se contrataron a las primeras mujeres policías del Capitolio y en 1979, el presidente Jimmy Carter firmó la Ley no. 96152, estableciendo un jefe de policía para la unidad.

Este cuerpo asume la responsabilidad principal de proteger la vida y la propiedad de los congresistas y senadores (así fue en 2017 en Alexandria, Virginia, donde dos agentes fueron heridos al proteger al congresista Scalise de los disparos de John T. Hodkinson); prevenir, detectar e investigar actos delictivos y hacer cumplir las normas de tráfico en un vasto complejo de edificios, parques y vías públicas del Congreso, asumiendo la jurisdicción exclusiva dentro de todos los edificios y terrenos  del Capitolio, así como de la Biblioteca del Congreso, y siendo concurrente con las atribuciones de otras agencias de aplicación de la ley, incluida la citada Policía de Parques y el Departamento de Policía Metropolitana del Distrito de Columbia, en un área circundante al complejo legislativo.  Además, están a cargo de la protección de los miembros del Congreso, los funcionarios y sus familias en todo Estados Unidos y el Distrito de Columbia, para lo cual está investida de jurisdicción en todo el país. Todas estas competencias las desarrolla mediante una pluralidad de divisiones especializadas, una red de patrullas a pie y motorizadas, puestos fijos, un Equipo de Contención y Respuesta a Emergencias (CERT), una unidad K-9, un equipo de Respuesta Móvil/ Patrulla y Secciones de Dispositivos y Materiales Peligrosos. En el año 2009, la también muy particular policía de la Biblioteca del Congreso se fusionó con la organización capitolina, contando actualmente con alrededor de 2000 agentes y 350 empleados civiles.

En fin, una vez más, política, violencia y muerte en un Capitolio. Como hace 2065 años. En estos revolucionarios tiempos de populismo posmoderno se impone, más que nunca, releer a Edward Gibbon.

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