2017 va a ser año de cambios en asuntos de seguridad y defensa, no sólo en lo que respecta a la renovación de cargos en los ministerios afectados sino también en relación a documentos oficiales de primer nivel. En particular, el pasado 9 de febrero el Consejo de Seguridad Nacional aprobó el procedimiento para la elaboración de la Estrategia de Seguridad Nacional (ESN) 2017, lo que supone el pistoletazo de salida para la reedición de la versión actual, que data de 2013 [1]. Estamos, por tanto, en tiempo de propuestas.

Las “estrategias nacionales”, “libros blancos” y documentos similares de libre difusión editados en diferentes países conjugan dos vertientes complementarias: la declarativa, dirigida al exterior, y la ejecutiva, dirigida al ámbito doméstico. Sobre esta última se tratará en posteriores artículos y, en cuanto a la primera, cabe decir que básicamente consiste en dar a conocer al resto de países la visión del mundo desde el punto de vista de quien elabora dicha estrategia. No obstante, y por encima de este cometido, donde la vertiente declarativa cobra verdadera relevancia es en la finalidad con la que se da a conocer dicha visión del mundo.

Centrándonos en el ámbito de la seguridad, la ESN constituye una verdadera herramienta de comunicación estratégica hacia el exterior. Su alcance estaría comprendido entre señalar las “líneas rojas” en cuanto a seguridad nacional, por un lado, y manifestar la voluntad de acometer determinadas iniciativas en el ámbito internacional que redunden en dicha seguridad, por el otro. Este marco ya orienta suficientemente acerca tanto de las posibilidades como de las limitaciones del documento. O lo que es lo mismo; orienta acerca de lo que se puede y debe expresar, por un lado, y acerca de lo que podría ser contraproducente señalar, por el otro.

Sin embargo, el uso de la ESN como herramienta de comunicación estratégica no siempre es acorde con la consideración que merece. Así, en su capítulo 3, el tratamiento dedicado a los conflictos armados, como la primera de las amenazas a la seguridad, no parece correcto. Contrariamente a lo que podía pensarse, resulta que no se trata de un eventual conflicto armado en el que España pudiera estar involucrada, sino de los conflictos armados en su conjunto. Es cierto que los conflictos armados, dondequiera que se produzcan, son fuente de inestabilidad regional e incluso pueden tener un impacto significativo en zonas geográficamente alejadas. Este sería el caso, por ejemplo, de los refugiados de Siria o de los “foreign fighters” que regresan a sus países de origen. A pesar de ello, este argumento difícilmente justifica que dichos conflictos armados se coloquen en el primer lugar de la lista de amenazas, por delante de otras que sí podrían afectar directamente a la libertad y seguridad del conjunto de los españoles. ¿Por qué están ahí, entonces? Los motivos son sin duda honestos y rozan la cara positiva de lo utópico. Además, el contexto internacional allá por 2013 estaba dominado más por la crisis económica que por las amenazas externas. En estas condiciones, la idea de fomentar las misiones internacionales, en apoyo de la acción exterior del Estado y como contribución solidaria a la seguridad internacional, podría ser un objetivo aceptable. Un poco idealista, eso sí, pero aceptable. Ahora bien; una cosa es proponérselo en privado y otra manifestarlo de cara al exterior, puesto que los efectos son completamente diferentes.

Pretender alzarse como garante de la seguridad internacional implica entrar en un terreno resbaladizo donde los haya, y alusiones desafortunadas en este contexto pueden ser contraproducentes, por varios motivos. En primer lugar, por cuestión de principios. Como ya se ha dicho hace poco en este Observatorio, la seguridad internacional es como la caridad; que bien entendida comienza por uno mismo. En segundo lugar, porque estas cosas al final comprometen, incluso a costa de los intereses propios. Por poner un ejemplo, el actual énfasis aliado en el llamado flanco Este y la falta de ese mismo énfasis en el flanco Sur constituye, para muchos, una situación que dista mucho de la deseada. Y en tercer lugar, porque el tratamiento dado a las fuerzas armadas dentro de este mismo apartado tampoco parece el adecuado, puesto que equipara su papel en la defensa nacional con el de instrumento de solidaridad a la hora de lidiar con conflictos que, al menos en primera instancia, son ajenos.

En definitiva; documentos públicos como la ESN tienen una vertiente declarativa cuyos efectos no se pueden obviar y, por el contrario, es necesario controlar. En particular, no se puede sugerir la irrelevancia del conflicto armado interestatal bajo ninguna circunstancia, por mucho que lo creamos y/o deseemos. Por un lado, porque la historia nos ha mostrado en repetidas ocasiones que los vacíos de poder dejados por un actor internacional se llenan inmediatamente con influencias de nuevo origen. Y basta que este “nuevo origen” así perciba que existe un vacío para que intente llenarlo. Por otro lado, porque se debilita el argumento de que las capacidades militares dispuestas desde tiempo de paz contribuyen a la prevención de conflictos armados. Esta versión contemporánea del “si vis pacem para bellum” es un tema controvertido, sin duda, y el dilema de seguridad, a veces, juega malas pasadas. No obstante, España, a diferencia de otros actores estratégicos, no tiene aspiraciones de convertirse en potencia militar con fines hegemónicos, por lo que quedaría libre de dicha controversia.

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[1] Estrategia de seguridad nacional. Un proyecto compartido, Madrid: Presidencia del Gobierno, Departamento de Seguridad Nacional, 2013, en http://www.dsn.gob.es/es/estrategias-publicaciones/estrategias/estrategia-seguridad-nacional

15 de marzo de 2017