Tras superar la tradicional estrechez de sus mandatos, las misiones de la ONU han adquirido un carácter multidimensional que no se limita a la mera implementación de acuerdos de paz, sino que asume nuevos cometidos, entre los que destaca de forma recurrente la protección de la población civil.

A veces con consternación y otras con distanciamiento, somos testigos de la violencia sistemática ejercida contra los no combatientes atrapados en los conflictos armados. Esta barbarie es ajena a la desgracia de encontrarse en el lugar y momento equivocados y, por lo tanto, no pertenece a la categoría de lo que se ha dado en llamar eufemísticamente daños colaterales; al contrario, los civiles se han convertido en un objetivo deliberado y prioritario de los grupos armados.

Los colectivos más débiles en las guerras son, sin lugar a dudas, las mujeres y los niños. Las mujeres resultan especialmente vulnerables en las sociedades marcadas por graves desigualdades de género o por el notable deterioro de los sistemas para el mantenimiento del orden y la cohesión social. Un caso particularmente grave es el de la violencia sexual, muy favorecida por las condiciones que rodean a los conflictos actuales, caracterizados por el desamparo de las víctimas, el clima de impunidad y la debilidad del estado.

Los niños son, si cabe, el único sector de la población más vulnerable que las mujeres. En los conflictos armados su seguridad se ve constantemente amenazada por su reclutamiento como soldados, los asesinatos, las mutilaciones, las violaciones y su empleo como escudos humanos. El secuestro de las niñas en Nigeria perpetrado por el grupo fundamentalista islámico Boko Haram ha vuelto a poner de manifiesto esta vulnerabilidad, además de ser un ejemplo típico de la utilización como táctica de guerra de la violencia contra las mujeres.

Ante tan desolador panorama, las Naciones Unidas se han mostrado con demasiada frecuencia poco resolutivas. Los sonoros fracasos para crear un clima de seguridad en Somalia o para proteger a la población civil en Ruanda y en Bosnia acabaron poniendo en entredicho a la propia ONU y evidenciaron la necesidad de mejorar su sistema de seguridad. Este contexto provocó que desde 1999 se iniciara un proceso de cambio en las operaciones de paz, ahora inmersas en cometidos mucho más complejos, entre los que figuran la implementación de acuerdos de paz, la creación de entornos seguros, la lucha contra las violaciones de los derechos humanos, la reconstrucción de las administraciones estatales y la protección física de la población civil.

Como parte fundamental de las nuevas misiones de la ONU, la protección de los civiles se ha convertido en un parámetro básico para valorar la actuación de sus fuerzas. Se trata de un asunto extremadamente delicado, no solo por su evidente trascendencia humanitaria, sino porque de su éxito o fracaso depende buena parte de la credibilidad y la legitimidad de las Naciones Unidas. En efecto, para alcanzar una paz sostenible es imprescindible que la población civil se encuentre protegida. No es posible consolidar una situación de estabilidad que se base en acuerdos políticos que permitan la violencia sistemática contra sectores de la población o que sean incapaces de acabar con la violencia armada, con las violaciones de los derechos humanos y con las trasgresiones del derecho internacional humanitario.

Por otra parte, el despliegue de fuerzas internacionales levanta lógicas expectativas sobre su capacidad para proteger a los no combatientes. Sin embargo, en Ruanda, los Balcanes, Sierra Leona, Haití y la República Democrática del Congo las operaciones de paz se malograron por su incapacidad para enfrentarse con éxito a la violencia generalizada contra la población.

Desde un punto de vista operativo, la implementación de estos mandatos supone un auténtico reto por su complejidad y repercusión; de hecho, hasta 2010 la ONU no tuvo una clara interpretación del papel de sus operaciones en la protección de civiles. No ha sido infrecuente que sus actuaciones se hayan realizado en condiciones extremas, con recursos limitados o insuficientes y, lo que es más grave, sin la colaboración de la nación anfitriona, ya sea por falta de voluntad política o de capacidad operativa.

En la actualidad la ONU ha entendido que este es un cometido que se materializa fundamentalmente sobre el terreno y que debe guiarse por un triple enfoque que incluya la protección física, la creación de un entorno seguro y el apoyo al proceso político nacional. A este respecto es fundamental recordar que los estados mantienen la responsabilidad primigenia de proteger a los civiles dentro de sus fronteras, en línea con sus obligaciones en relación con los derechos humanos y la ley internacional humanitaria. No obstante, cuando los gobiernos no pueden asumir sus obligaciones o ellos mismos constituyen una amenaza para los ciudadanos, las fuerzas de paz deben participar o incluso hacerse cargo de las actividades de protección.

A pesar de estos cambios sustanciales, las fuerzas de las Naciones Unidas siguen limitando su campo de actuación a acciones no de combate (patrullas, controles, presencia, desarme, desmovilización y detención). Sin embargo, en 2013 la ONU decidió dar un giro radical a una de sus misiones. Ante la envergadura de la crisis humanitaria en las provincias orientales de la República Democrática del Congo, el Consejo de Seguridad autorizó, por primera vez, la creación de una brigada de intervención para ejecutar operaciones de combate, neutralización y desarme. La resolución estipuló el carácter excepcional de la medida, estableciendo que no constituía un precedente, pero el 28 de marzo de 2014 la resolución 2147 prorrogó un año más el mandato de la brigada.

Conclusión
Ningún estado legítimo puede sostenerse sobre un gobierno que exponga a parte de su población a la violencia sistemática. Cuando los gobiernos nacionales fracasan en este cometido, se espera que las Naciones Unidas intervengan, convirtiendo así a la seguridad de los civiles en una de las claves para la legitimidad y la credibilidad de sus misiones.

Por la naturaleza de sus funciones, su preparación y sus capacidades operativas, las fuerzas de paz constituyen un elemento imprescindible para la implementación de los mandatos de protección de civiles.

En definitiva, queda patente que la determinación del Consejo de Seguridad para hacer frente a esta lacra ha dado lugar a mandatos cada vez más amplios y comprometidos, llegando al punto de crear una brigada de intervención para llevar a cabo acciones de combate en beneficio de la población civil.

Al-Naqura (Líbano), 28 de mayo de 2014