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Observatorio PSyD

El observatorio opina

30 de Enero de 2013

Insurgencia y Estados fallidos (II)

Col. Francisco Rubio Damián
Director Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales

Los estados fallidos presentan graves desarreglos en el funcionamiento de sus principales elementos constitutivos –soberanía, población y territorio– que se traducen en un fracaso social, político y económico. Se caracterizan, en particular, por la ineficacia y debilidad de su administración (soberanía), incapaz de facilitar los servicios básicos a los ciudadanos (población) y de mantener el control en todo su ámbito geográfico (territorio). Este contexto es idóneo para la aparición de altos niveles de violencia, corrupción y delincuencia, puesto que en él no está garantizada la seguridad e integridad del individuo, no prevalece el imperio de la ley y el Estado pierde el monopolio del uso legítimo de la fuerza.

En muchos territorios en conflicto la administración estatal se encuentra  mediatizada, cuando no sometida, por la acción de grupos insurgentes. Como hemos visto, partiendo de una situación de inferioridad, la insurgencia pretende arrebatar áreas de influencia y dominio al poder establecido. Necesita, por tanto, crear escenarios en los que el control estatal no pueda garantizarse y, para ello, pone en funcionamiento una amplia gama de tácticas y procedimientos, entre los que siempre está presente el empleo de la violencia.

En consecuencia, parece lógico pensar que la naturaleza, razón de ser y actividad de la insurgencia, debe tener un impacto directo en la inviabilidad de los estados. Para comprobar el alcance de esta proposición se podría llevar a cabo un detallado estudio de la situación en los principales estados fallidos y en los territorios donde los grupos insurgentes han actuado con mayor virulencia. Sin pretender ir tan lejos, vamos a realizar una primera aproximación a la cuestión mediante la revisión del índice de estados fallidos.

El Fondo por la Paz publica anualmente, a través de la revista digital Foreign Policy, el índice de estados fallidos. Para elaborarlo, toma en consideración doce indicadores sociales, económicos y políticos que determinan el grado de inestabilidad y de riesgo de violencia: presiones demográficas, refugiados y desplazados, agravios colectivos, fugas humanas, desarrollo desigual, economía, deslegitimación del Estado, servicios públicos, derechos humanos, aparatos de seguridad, elites divididas e intervención externa.

La existencia de movimientos insurgentes tiene un impacto directo sobre dos de estos indicadores, con independencia de la influencia que en mayor o menor medida ejerce sobre el resto. Así, uno de los sub-indicadores del indicador deslegitimación del Estado es la pérdida generalizada de la confianza popular en las instituciones como consecuencia, entre otros factores, del aumento de la insurgencia armada. Por otra parte, el indicador aparatos de seguridad tiene en consideración elementos como la resistencia armada a la autoridad, los levantamientos violentos, las insurgencias y otros grupos armados que desafían el monopolio estatal del uso de la fuerza.

Reforzando el argumento anterior, resulta muy ilustrativo que la práctica totalidad de los veinte Estados que lideran el índice correspondiente a 2012 hayan sido marcados por el estigma de la insurgencia. En particular, los cuatro países que encabezan la lista –Somalia, R. D. Congo, Sudán y Chad– vienen soportando de forma continuada la perniciosa actividad de movimientos insurgentes muy violentos. En Somalia, la insurgencia islamista de Al Shabab lleva años controlando zonas más o menos importantes del territorio; en Chad y en Sudán, las milicias han provocado un tremendo desastre humanitario, reflejado en la hambruna y el movimiento de cientos de miles de refugiados; y en la República Democrática del Congo, la insurgencia cristiana ugandesa Ejército de Resistencia del Señor y las rebeldes Fuerzas Democráticas de Liberación de Ruanda siembran de muerte los territorios limítrofes fuera del control gubernamental.

En definitiva, parece razonable pensar que, como norma general, las graves disfunciones que caracterizan el ejercicio del poder en los estados fallidos están fuertemente relacionadas con la existencia de grupos insurgentes. En esta relación lo normal será que la insurgencia actúe como un elemento causal del deterioro del Estado, mientras que en el resto de las ocasiones nace y se desarrolla, junto a otras manifestaciones violentas, como consecuencia de la situación creada por la nula o escasa viabilidad estatal.

Jaca a 30 de enero de 2013

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