Me gustaría iniciar este texto con las palabras de Eduardo Mendoza, del pasado 30 de septiembre en el rotativo El País: “…entre Cataluña y España hay un conflicto igualmente innegable, que ya viene durando siglos y que nadie parece interesado en resolver. Es natural, porque los conflictos aportan grandes ventajas a los que mandan, sean quienes sean, a uno y otro lado de la cuestión. Un conflicto aglutina opiniones, borra diferencias, distrae de los problemas prácticos reales y permite al dirigente de turno mostrar una firmeza ante el enemigo exterior que compensa su debilidad a la hora de sancionar las irregularidades que existen en su propia casa. Al poder, sea cual sea el partido que lo ostente, le interesa que los conflictos se perpetúen, porque si se resolvieran, se tendría que poner a trabajar en serio.”

El paisaje electoral tras la celebración de las elecciones autonómicas en Cataluña del pasado 27 de septiembre es sumamente interesante: Las formaciones partidarias de la independencia obtuvieron en las elecciones catalanas del 27-S la mayoría absoluta en escaños: los 62 de Junts pel Sí y los diez de la CUP suman 72, cuatro más de los 68 necesarios para asegurarse la hegemonía en el Parlamento catalán. Sin embargo, no superaron el 50% de los votos. La explicación está en que ambos partidos obtuvieron sus mejores resultados en las provincias menos pobladas, sobre todo en Gerona y Lérida, que relativamente eligen más diputados. En cambio, los no secesionistas se impusieron con claridad en Barcelona, provincia que concentra el 75% de los sufragios pero solo reparte el 60% de los escaños. El mapa que muestra el ganador de las elecciones en cada municipio se tiñó casi de un solo color: el de las candidaturas de Junts pel Sí. La formación que agrupaba a CDC y ERC logró el triunfo, por ejemplo, en todas los municipios de la provincia de Girona. La votación del domingo volvió a mostrar que existen dos Cataluñas. Una, claramente soberanista y abrumadoramente mayoritaria en las provincias menos pobladas, en especial Girona y Lleida. La otra, no nacionalista, concentrada en torno a la ciudad de Barcelona, donde es mayoritario el voto a formaciones de ámbito nacional. En Tarragona, los votos de los partidos contrarios a la independencia superaron por muy poco el 50%, pero los secesionistas se beneficiaron de la candidatura conjunta de Junts pel Sí y lograron más escaños.

Uno de los aspectos más destacables es que los índices de participación electoral han sido espectaculares (el 77,44% de los catalanes se movilizó, cuando la media en las cinco últimas elecciones autonómicas había sido del 60,8%), es evidente  un empate técnico entre un 47% de los votos secesionistas frente al 52% del denominado bloque constitucionalista. Sin embargo, resulta interesante analizar todo el conjunto de datos que aportan las elecciones, y cabe subrayar una realidad sobre cualquier otra y  es que los ciudadanos catalanes quieren un cambio en la realidad que viven frente al inmovilismo presente, más del 72% de los votos así lo afirman frente a un 27% que desea mantener las cosas tal y como están. Desde la misma noche electoral se ha abierto un tiempo, que esperemos nuevo, y con 20 días por delante, en los que se dará por iniciada la nueva legislatura en Cataluña, y donde a priori los escaños estarán dominados por los independentistas frente al bloque constitucionalista, un tiempo en el que deben tejerse alianzas entre diferentes grupos políticos que deberán asumir responsabilidades que van a ir más allá del marco establecido en sus respectivos programas electorales, es decir el vértigo político. Pero veinte días en los que puede entreverse una nueva realidad entre Cataluña con España, así como con UE. Nuestro modelo constitucional lleva a cabo su modificación a través del marco legal establecido, y por tanto, la generación de una nueva legalidad solo es posible ya no solo con la aceptación de todas las partes sociales y políticas, sino también con la  existencia de una clara voluntad política de transformación. Desde el grupo independista cabe esperar que existan dificultades en los apoyos definitivos, en especial la CUP, y si  ERC y CDC son capaces de no chocar políticamente y definir la dirección adecuada ¿podrían repetirse las elecciones, por ello?; mientras en el bloque constitucionalista, donde no existe una sola  voz, y con la emergencia de nuevos protagonistas, el gobierno de Mariano Rajoy se parapeta en los resultados de las próximas elecciones generales del 20 de diciembre para adoptar nuevas decisiones sobre Cataluña, sus cuatro años de mayoría absoluta no han permitido abordar una necesaria reforma de nuestro modelo constitucional y sobre todo tender puentes a otras opciones políticas legítimas, en especial con el primer partido de la oposición PSOE; descubrir de pronto un acción valiente y arriesgada como la llevada a cabo por el Primer Ministro británico respecto al referéndum escocés de 2014, es en estos momentos descartable.. También, el partido socialista no termina de señalar qué modelo federal plantea para España: un modelo alemán, italiano, más bien cercano al canadiense (con sus cláusulas de secesión pactadas)…, no termina de estar perfectamente definida, sin olvidar que sectores del partido socialista en Cataluña están a favor -al menos- de la realización de una consulta.

Frente a toda esta situación , y respecto a cómo afecta a UE,  el más influyente jurista en los asuntos de la Unión, Jean-Claude Piris , así  como Araceli Mangas y Antonio Sáinz de Vicuña, a través de diferentes medios de comunicación, advertían que los Estados miembros no podrían reconocer a una entidad que se segregase unilateral e inconstitucionalmente (art. 4.2); el Tratado no menciona más que a los 28, y los individualiza (preámbulo y art. 52), sin incluir a nadie más; sin estar en la UE no cabe estar en la zona del euro (limitada a los socios de aquella). Diferentes líderes políticos europeos como el primer ministro Sr. Valls, la canciller A. Merkel, el primer ministro británico D. Cameron… han apostado por la permanencia de este territorio dentro de España, lo que demuestra una vez más que la cuestión catalana no solo afecta a España sino que al igual que el asunto escocés, las elecciones catalanas tienen un impacto directo en aspectos esenciales del proyecto europeo.

Quisiera acabar mi aportación al debate de esta cuestión con la siguiente consideración, la Constitución española de 1978 señala en su artículo dos, y dentro de Título Preliminar, que “La Constitución se fundamenta en  la indisoluble unidad de la Nación española, patria  común e indivisible de todos los españoles,”… Las realidades nuevas nacen en la mayoría de los casos incumpliendo la legalidad existente, ya que si no sería incomprensible la nueva legalidad y siempre en una permanente lucha entre la legitimidad y legalidad, y en este caso, donde lo propio se defiende mejor cuando se convierte en la identidad socio-histórica y ésta hay que inventársela de cara a un exterior y de cara a un interior: reconociendo un “ellos”, los de fuera,  y un “nosotros” los de dentro”, situación a la que nos podemos ver abocados si no reaccionamos a tiempo. En estos momentos, nuestro modelo legal frente a otros carece de los mecanismos adecuados para gestionar una posible situación como puede ser la secesión (en el ejemplo canadiense cuenta con la Clarity Act y con la participación del conjunto de las partes en el proceso de secesión, en el caso británico, el gobierno británico junto con los secesionistas escoceses han sido capaces de desarrollar un proceso modélico). La atención a una mayor participación de los ciudadanos, o cualquier otra que conlleve reformas constitucionales de calado o que su afectación suponga profundas transformaciones legales, está carente de una profunda voluntad política que atienda las demandas que España suscribe, y recordar que la mayoría de la intención de voto de los catalanes está en esta línea de transformación.

Un país sin complejos es aquel que se enfrenta sin dudarlo a las tensiones propias del devenir histórico de su comunidad – un ejemplo son los costes de secesión- ¿es nuestro país en un ejemplo válido? Un territorio como Cataluña debe asumir el camino que puede emprender dentro de veinte días, cuando se inicie la andadura de su parlamento y  en el que tal vez se decida continuar con el proceso, con una clara voluntad de secesión del resto de España: los costes económicos, sociales, sentimentales serán muy serios pero todavía más si no se adoptan cambios sustanciales en la forma de hacer política en nuestro país, algo que quedó muy claro el pasado 27 de septiembre. Otto von Bismarck afirmó “La nación más fuerte del mundo sin duda es España. Siempre ha intentado autodestruirse y nunca lo ha conseguido. El día que dejen de intentarlo volverán a ser la vanguardia del mundo”. Se puede afirmar, que este inmovilismo por todas las partes genera inestabilidad política ya que no se están abordando los problemas de legitimidad y legalidad. Nos quedan tan solo veinte días en los que todo resulta posible, la  estabilidad de España  está en juego y no sabemos cuál será el resultado.

9 de octubre de 2015