El comienzo de un año natural, que coincide con el fiscal como consecuencia del ejercicio presupuestario (de ingresos y gastos), vuelve a proporcionarnos de nuevo la oportunidad de preguntarnos por el futuro. Todavía no tenemos claro cómo hemos terminado el ejercicio 2015 y ya estamos haciendo cábalas para el 2017. En el caso particular del 2016, la situación política proporciona la posibilidad de pensar en diversos escenarios que por simplificar vamos a reducir a tres. Por supuesto, dando por sentado que los políticos que los plantean van a tener éxito en cuanto a poder cumplir esas promesas.

La primera opción, por ser la más fácil de analizar, es la del continuismo en las políticas económicas. Se produciría en mayor o menor medida hasta que cese el actual gobierno en funciones, puesto que es el que la promovió y defiende. Tendría continuidad en la medida que nuestros socios europeos desestimaran algunas de las medidas que se plantean como opciones por otras fuerzas políticas. Está basada en el Plan Nacional de Reformas del Reino de España junto con las recomendaciones del Consejo, derivado del Procedimiento de Déficit Excesivo abierto a España dentro del MEDES (Mecanismo Europeo de Estabilidad) consecuencia de haber superado el déficit la cifra del 3% sobre el PIB en abril de 2009 (hace ya dos legislaturas). Se trata de adecuar las cuentas públicas españolas con el fin de cumplir la normativa supranacional derivada del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea. Según el objetivo del 2.8% de déficit  trasladado al Presupuesto de la Administración del Estado para 2016, se busca estar en condiciones de salir del procedimiento de déficit excesivo. Asimismo, se comenzaría a intentar reducir el ratio de Deuda Pública con relación al PIB en 2 puntos porcentuales. Esta política de contención del déficit sería afrontada con la expectativa de alcanzar mayores ingresos tributarios aun bajando los tipos impositivos, lo conocido con curva de Laffer, por haber vuelto la economía española a la senda de crecimiento; mientras que los gastos se mantienen más o menos estables.

La segunda opción pasaría por renegociar el tiempo de que dispone España para re-encauzar sus cuentas dentro de los márgenes permitidos, consecuencia de la aceptación por España de  la aplicación de la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria (UEM) desde el 1 de enero de 1999. Esta moratoria del déficit se supone que iría también acompañada por una no reducción del volumen de deuda pública con relación al PIB. Hay que recordar que Europa exige reconducir hacia el 60% con relación al PIB, en cuanto a volumen de deuda. Todo lo que nos separemos del objetivo podría provocar un encarecimiento de las emisiones de Deuda, al haber un mayor riesgo por haber saturado el mercado con títulos; es decir, los poseedores de deuda o bien no estarían dispuestos a prestar más dinero o lo harían a un mayor coste. Y esto con el impacto en un mayor gasto presupuestario por el concepto de intereses de la deuda (ya en el 21% para el presupuesto del 2016). Junto a ello, un cambio de política fiscal tendría efectos en el medio o largo plazo, siendo ineficaz en el corto; los ingresos fiscales no vendría de forma automática (y eso aun si los contribuyentes no se perciben en un punto de la citada curva de Laffer que les resulte perjudicial).

La tercera y última opción, que vamos a denominar “a las bravas” por el carácter castizo del término (para evitar que empleando otro adjetivos se confundan las connotaciones) podríamos presentarla como la más soberanista/nacionalista (de España, frente a la UE). Vendría a ser algo similar a que desde aquí ya veríamos y tomaríamos las decisiones para realizar los gastos que proporcionen a los consumidores/clientela política de capacidad financiera. Aunque no tenemos ni idea qué pasaría, para cualquiera que haya estudiado historia económica y política económica también le resultaría duro hacer una predicción optimista. Todas las experiencias dentro de los modelos de mercado se produjeron en circunstancias económicas diferentes. No nos referimos a si en crisis o no crisis, pues siempre las crisis y la prosperidad son movimientos cíclicos. Nos referimos a que antes se buscaba, y todavía se predica en este sentido, la inflación como elemento “engrasador” de la actividad económica, facilitándolo. Se decía que, de acuerdo con esos modelos económicos, España necesitaba crecer por encima del 2% de PIB y con inflación similar para poder generar empleo. En esta crisis, con deflación más o menos de hecho, se crean empleos a ritmo superior que en otras épocas de bonanza. El modelo ya no explica la realidad contemporánea. El predicar un aumento de los gastos, en plan “defensa numantina” a la keynesiana, no predice que pueda tener efectos positivos ni negativos. El problema de los experimentos es cuando se realizan a gran escala y sin fundamentos científicos.

¿Cómo afectaría cada uno de los escenarios a la política de gastos en Defensa? Pues depende. La estructura de los gastos del departamento es bastante rígida. Por un lado el personal que, como no podía ser de otra manera en una actividad intensiva en mano de obra, absorbe ya casi el 80% del recurso financiero presupuestario. Por otro, los gastos de funcionamiento. Llevamos con ajustes en los gastos corrientes desde hace varias crisis y queda poco o nulo margen de ajuste (luz, agua, alquileres de equipos, dietas para cursos de formación, externalizaciones de actividades impropias del objeto de la entidad y demás). Solo queda hablar de las inversiones y el mantenimiento de los equipos y sistemas en inventario y servicio en nuestras Fuerzas Armadas. Cuanta menos disponibilidad, menor reposición y menor mantenimiento; ello implica menor disponibilidad de capacidades y otras consecuencias de la misma o mayor gravedad. De los Programas Especiales de Armamento, ni hablamos: ya se conocen sus ritmos de entregas y pagos; aun pensado en cancelar contratos no supondrían ahorros puesto que las penalizaciones de cancelación supondrían costes elevados que habría que abonar en cumplimiento del contrato (o reclamados por vía judicial). La burbuja en la que estamos, derivada de la inclusión en programas en épocas de bonanza económica, hace también bastante rígidos ciertos gastos del ámbito de las inversiones.

Llegados a este punto, dejamos al lector que elija el escenario que más le plazca. Con una consideración: escoja lo que escoja, la realidad supera a la ficción y la no disponibilidad de recursos financieros para todo lo comprometido obligará a elegir entre unos u otros. Es decir, lo de primero de económicas: como las habas están contadas, solo son susceptibles de usos alternativos. Suerte.

Madrid, 15 de marzo de 2016