La contabilidad es un proceso que viene a asentar los movimientos económicos de acuerdo con unos procedimientos previamente aceptados, sobre todo cuando tenemos que compararlos con los de otras entidades similares. Nos proponemos afrontar, en las siguientes líneas, la distinción conceptual de elementos tan variados; y, también, de las implicaciones y condicionantes que unos tienen sobre otros.

La contabilidad es un proceso que viene a asentar los movimientos económicos de acuerdo con unos procedimientos previamente aceptados, sobre todo cuando tenemos que compararlos con los de otras entidades similares. Nos proponemos afrontar, en las siguientes líneas, la distinción conceptual de elementos tan variados; y, también, de las implicaciones y condicionantes que unos tienen sobre otros.

Para comenzar, con o sin crisis económica, el Producto Interior Bruto (PIB) es una medida de referencia en cuanto a las magnitudes en que se van a basar las decisiones económicas. En particular, dado que estamos integrados en un club económico que se denomina “Unión Europea”, aceptamos un conjunto de reglas del juego que son necesarias para el común funcionamiento del todo y las partes. Una de los normas que se establecieron, con el fin de mantener la estabilidad monetaria dentro de la “zona Euro”, fue la decisión de fijar un techo de déficit público con relación al PIB. Mientras nos encontrábamos en la parte alta del ciclo económico era fácil estar por debajo del 3% sobre el PIB; existían suficientes ingresos fiscales para cubrir los gastos, sin preocuparnos si estos estaban dentro de la racionalidad social y/o económica. La caída de este parámetro y la rigidez de los gastos, consecuencia del irrenunciable nivel de vida adquirido (de gasto público, en este caso), han provocado que los porcentajes de deuda pública sobre el PIB se hayan disparado. Ahora toca reconducir la situación: bien mediante aumento de  la presión fiscal, sobre bases tributarias mermadas; bien mediante reducción/racionalización del gasto, sobre hábitos rígidos adquiridos.

Los programas de armamentos, conocidos como programas especiales de modernización (programa 122B, de los Presupuestos Generales del Estado), son aquellos que destacan por sus características de desarrollo o de adquisición de nuevas tecnologías, así como por sus grandes volúmenes de recursos financieros necesarios. La reducción de los presupuestos en todos los servicios presupuestarios -excepto en deuda pública y prestaciones sociales- ha tenido un impacto significativo en las partidas destinadas a dicha modernización. Esto ha provocado la necesidad del estudio para la reconducción de los programas, así como la búsqueda de financiación adicional. Ya en el año 2012 se habilitó un crédito extraordinario para el pago de compromisos vencidos y de equipos y sistemas ya recibidos.

Pero, ¿qué tiene que ver aquí la contabilidad nacional? Hasta ahora hemos hablado del descenso de la capacidad financiera del Estado, por la disminución de los ingresos fiscales, suplida con Deuda Pública. También hemos tratado de la falta de recurso presupuestario para la cobertura de todos los compromisos previamente adquiridos (sin contar los que se puedan plantear, ni los recursos para las Operaciones de Mantenimiento de la Paz). El tercer factor en discordia es la Contabilidad Nacional. 

Como señalábamos más arriba, al pertenecer a la UE hemos adquirido el compromiso de aplicación de la normativa comunitaria. Esta normativa, independientemente de que no es promovida ni aprobada en los parlamentos nacionales de los socios de la Unión, es de obligado cumplimiento. Bien Reglamentos o Directivas deben ser aplicados o traspuestos, según corresponda, a las normativas nacionales por ser parte de la soberanía cedida al Parlamento Europeo y a la Comisión como legislador supranacional. Consecuencia de esto, en el caso que nos ocupa debemos ceñirnos a las normas de Contabilidad Nacional recogidas en el Sistema Europeo de Cuentas (conocido como SEC-95) que recoge cómo y cuándo hay que imputar un gasto (una inversión) a déficit público. Las inversiones militares, a diferencia de otras como por ejemplo una carretera, computan como déficit en el momento de su recepción. Es decir, una plataforma de combate se anotará en el momento de su recepción y no cuando se abonen los hitos parciales (una carretera se puede poner en servicio por tramos). Debido a los altos costes que implica cada equipo o sistema de armas, el impacto que se produce sobre el déficit es considerable y no fraccionable. Esta hace que, de mantenerse las circunstancias actuales de continua disminución del PIB o crecimiento escaso, necesitaremos aplazar las recepciones hasta que mejoren las cuentas públicas y puedan absorber las cifras dentro de los objetivos de limitación del déficit público aprobados por Bruselas. Conclusión de esta situación: no disponibilidad de los equipos y sistemas adquiridos, aún habiéndolos abonado completamente. Y, yendo más lejos, imposibilidad de dedicar recursos a la investigación y/o desarrollo de los que deberían sustituir a los actualmente en fabricación.

Para finalizar y recogiendo lo expuesto, los problemas que plantea la financiación de los Programas de Armamento son tanto por el volumen de recurso financiero necesario para la adquisición de equipos y sistemas de última generación (punto de vista presupuestario), como por el impacto que su recepción provoca en cuanto a incremento de Déficit Público a la recepción de los equipos y sistemas (punto de vista de Contabilidad Nacional). Aparecen, desde el punto de vista técnico, factores hasta ahora no considerados suficientemente y que van a tener una gran trascendencia en cuanto a que la evolución de nuestra economía y equilibrio de las cuentas públicas (diferencia entre ingresos y gastos) van a condicionar en un futuro próximo las capacidades a las que va a poder optar España, en cuanto a defensa nacional y posición geopolítica mundial.

Madrid 25 de junio 2013