Escuchaba hace unos días, en un programa de televisión de gran audiencia,  a un joven dirigente de un partido de izquierdas  que respondía con argumentos a las preguntas incisivas de la periodista que le entrevistaba. Contestando a una de  las preguntas, este político manifestó que él deseaba una república en la que su presidente fuera un hombre de izquierdas que gobernara como tal.  Me imagino que si la pregunta se la hubieran hecho a un representante de la derecha contestaría de un modo similar, sólo que deseando que ese presidente fuera un hombre de derechas.

Muchos de los jóvenes españoles que vivieron el tardo franquismo y la transición soñaban con una España democrática. Para ellos, esa democracia era idealizada en una república que no era otra cosa que el símbolo de una sociedad más justa y democrática.  Después de casi cuarenta años, esa democracia se ha conseguido y  aunque, como casi todo en esta vida es mejorable, hay que valorar los niveles de libertad y bienestar que con ella hemos alcanzado los españoles.

Y se ha conseguido con un modelo de Estado consensuado. Sí, es verdad, se hicieron muchas concesiones, pero el objetivo de una sociedad democrática se ha logrado. Y se ha logrado con un modelo de Estado que se aprobó con la Constitución de 1978. En esta Constitución se optó por una monarquía parlamentaria como Jefatura del Estado. Las atribuciones del monarca quedaron definidas y delimitadas en el Título II de esta Carta Magna.

Durante estos años el monarca Juan Carlos I ha actuado de acuerdo con lo establecido en el referido Título. Durante su cargo al frente de la Jefatura del Estado se han alternado gobiernos conservadores y progresistas, se han celebrado elecciones libres, y se han alcanzado cotas de libertad y bienestar nunca conseguidas en la historia de España.

El monarca, como ser humano, ha cometido errores, por los que ha sufrido las críticas de los españoles y por los que ha tenido que disculparse. Pero su balance al frente de la Jefatura del Estado es muy positivo. Conviene repasar con detalle la historia reciente de España para comprobar su implicación y profesionalidad, que han contribuido a elevar el nivel de los españoles en todos los aspectos de la vida.

Desde luego que no es suyo todo el mérito, pero su saber estar ha sido una aportación muy importante para que los españoles, verdaderos artífices del  progreso nacional, tuvieran un referente integrador, moderador e imparcial.

En mi ideal de república no quiero al frente un presidente que solo represente a los suyos, sean de izquierdas o de derechas. Prefiero una mujer o un hombre que nos represente a todos, que sepa distinguir entre los intereses partidistas y el bien general de todos los españoles. Y en este sentido, es difícil poner en duda la neutralidad de la Corona española desde la implantación del sistema democrático.

Es legítimo y democrático que exista debate en las sociedades democráticas. Se puede debatir sobre todo y sobre todos, incluso se pueden demandar cambios profundos en el sistema constitucional. No es mi intención deslegitimar a aquellos que reclaman esos cambios constitucionales. Pero, a mi juicio, la reflexión sobre el modelo de Jefatura del Estado debe ser muy racional y, por lo tanto, prudente.

Es legítimo debatir y pedir cambios en el sistema constitucional español. Pero en este momento no era prioritario ni mayoritario el debate monarquía-república; no lo tenían como tal los españoles porque hay otras preocupaciones más urgentes: paro, aumento de la desigualdad, pobreza, disfuncionalidad de las instituciones políticas y sistema electoral, territorial, etc. Al saltar a portada y a la calle con motivo de la abdicación de Juan Carlos I (antes ni salía en las encuestas), está sirviendo para cubrir u olvidar problemas que no admiten demora. Y eso es un gran error.

No existe ninguna evidencia científica que demuestre que los habitantes de una nación vivan mejor si tienen un sistema monárquico o republicano. Algunos países con los más altos niveles de desarrollo humano tienen monarquías constitucionales (Dinamarca, Noruega, Suecia, Holanda, Reino Unido), aunque otros, también con gran desarrollo, son repúblicas (Estados Unidos, Alemania, Italia, Finlandia).

Lo fundamental es que exista un nivel de desarrollo que permita gozar de una democracia plena, basada en una justa distribución de la riqueza que permita a todas las personas que habitan en una nación puedan gozar de una vida digna en paz y libertad. Y eso dependerá de los gobernantes y de todos los españoles, independientemente del modelo de Estado.

La alternativa es democracia o falta de democracia, tanto si se trata de monarquía como de república. En la monarquía parlamentaria el Jefe del Estado (Rey o Reina) no gobierna sino tiene un papel simbólico y animador, la responsabilidad es del Gobierno, y todas sus decisiones (¡incluso la abdicación!) pasan por el parlamento.

El problema es que retrotrayéndose injustamente a los tiempos en que la monarquía española no era parlamentaria, e incluso se alió con la dictadura de Primo de Rivera, se presente la alternativa monarquía o democracia como lo fue en aquel tiempo: monarquía (no parlamentaria) o república (democracia). Esta comparación es una trampa histórica grave equiparando dos monarquías diferentes.

Aunque ningún demócrata puede discutir el derecho a la libertad de expresión y  a presentar propuestas de cambio, los argumentos deben ser muy bien estudiados y explicados. Ningún Estado de los mencionados como más desarrollados, han modificado su modelo desde hace siglos.

Los cambios precipitados, sin una hoja de ruta definida, sin un plan detallado y consensuado pueden conducir a fracasos estrepitosos.

Zaragoza 12 de junio de 2014