Los gastos en Defensa son un conjunto de cifras más allá que las que podemos encontrarnos en la anual Ley de Presupuestos Generales del Estado. Dependiendo del organismo internacional al que acudamos: ONU, SIPRI, OTAN; nos podemos encontrar divergencias derivadas de diferencias metodológicas. Para simplificar, durante este comentario nos vamos a centrar en los datos que se recogen en la citada Ley de Presupuestos del Estado, junto con los datos de ejecución presupuestaria que proporciona la Intervención General de la Administración Pública (IGAE) del Ministerio de Economía y Administraciones Públicas.

Los sistemas de armas se caracterizan por largos periodos de definición y fabricación. Su obsolescencia está condicionada por la evolución de la tecnología; pero también de las amenazas, hoy en día mucho más cambiantes que durante la larga época de la guerra fría donde todos los actores y peligros estaban perfectamente identificados. La aparición de la guerra asimétrica, junto con el distanciamiento sobre el honor en la batalla por parte de los contendientes, nos ha deparado que la amenaza se traslade no sólo a la puerta, sino dentro de nuestros propios hogares.

Sin embargo, los ejércitos están sometidos a una inercia en la recepción de sus equipos y sistemas de armas de última generación. Están condicionados, como señalábamos, a la evolución de las tecnologías; pero también, por la evolución de las economías de forma que los estados puedan disponer de partidas extensas para los servicios públicos básicos, entre los que se encuentra la defensa. Por supuesto que nos referimos a los occidentales desarrollados, con democracia parlamentaria y presupuestos aprobados en cámaras legislativas; los otros no tienen este “hándicap”.

Las propias inercias de las inversiones que se requieren durante años, hacen que tanto la demanda como la oferta de estos sistemas de armas sea rígida en cuanto al tiempo. Ello implica una escasa flexibilidad a la hora de tomar decisiones de acelerar o suspender la adquisición. Acelerarlas estaría condicionado a la capacidad industrial del proveedor; suspenderlas implica dejar de disponer de esos equipos y de la financiación que a ello se dedicó, aunque a veces es mejor dejar de gastar en algo que ha dejado de ser oportuno.

Por ello, aunque fuéramos más “ricos” o con mayor capacidad financiera dedicada a la defensa tampoco estaría asegurado tener mayor nivel de capacidades militares al depender de la industria y su capacidad de respuesta tecnológica y productiva.

Las recurrentes crisis económicas y, lo peor, la recuperación desde ellas  nos han dejado como “herencia” una cartera de pedidos amplia, costosa y extensa en el tiempo. A ello tenemos que añadir los criterios de convergencia establecidos en el Tratado de la Unión Europea, a través del Pacto de Estabilidad y Crecimiento por el que debemos tender a objetivos estabilidad presupuestaria de déficit por debajo del 3% del PIB; considerando que las inversiones militares compiten y computan dentro de ese objetivo de déficit con inversiones civiles. Algo muy distinto al problema donde habitualmente nos quedamos, que es el del pago; es decir, del gasto en defensa, que es por donde empezábamos esta reflexión.

¿Dónde vamos a llegar? Pues dependerá de nuestra percepción sobre la necesidad y cómo realizar su cobertura racional y económicamente. En esta ocasión el tamaño/ la cantidad puede jugarnos una mala pasada. Convendría recordar la filosofía popular de fábulas como la de “el zorro, la carne y el río”, o el refrán “quien mucho abarca, poco aprieta”. El año 2013 ya tuvimos que realizar un ejercicio de realismo para adaptar los grandes programas a las posibilidades de nuestra economía; el Acuerdo de Consejo de Ministros de 2 de agosto de 2013 modificaba el alcance en algunos programas, se determinaban elementos a ser enajenados a terceros países y se aplanaban pagos a empresas proveedoras para devoluciones de anticipos del Ministerio de Industria hasta el 2030.

Para el futuro debemos alcanzar un compromiso a tres bandas entre: equipos disponibles (coste de adquisición y ciclo de vida), financiación (déficit  público) e impacto en Contabilidad Nacional (criterio de convergencia europeo). Porque, como aquel anuncio sobre el ahorro de combustibles que reflejaba la escasa capacidad de financiación en divisas de la economía española al comienzo de la transición: “usted puede pagarlo, España no puede”.

Madrid, 6 de mayo de 2015