Los gastos en Defensa son consecuencia de las necesidades de defensa nacional de España, dentro del contexto geopolítico y geoestratégico donde nos movemos. Cuando hablamos de déficit sólo podría serlo como diferencia entre ingresos y gastos, es decir, por la relación entre éstos. Sin embargo nos vamos a permitir hacer un paralelismo con lo que venimos escuchando o leyendo en los últimos tiempos, relativo al conjunto de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) o a sectores de actividad, como el déficit tarifario del sector  eléctrico. Y vamos a interpretar este déficit estructural del Presupuesto de Defensa como la diferencia continua existente  entre las necesidades de financiación y las dotaciones presupuestarias destinadas a satisfacerlas.

Hablamos de la financiación de la Defensa Nacional, en la que se incluyen los compromisos con  nuestros socios y aliados. Dejamos aparte las necesidades para el despliegue en Operaciones en el exterior (Afganistán, Líbano, Mali, Somalia, etc.) y su financiación para las que se habilitan créditos específicos.

Desde hace unos años, y varias legislaturas, nos encontramos con que existe una sensibilización sobre la necesidad de promover la investigación, desarrollo y fabricación en el ámbito de los sistemas de armamento. Ello ha devenido en el establecimiento de un mecanismo para facilitar la financiación a las empresas adjudicatarias de los contratos de I+D y fabricación de los equipos y sistemas de armas: el llamado método alemán. Consiste en la financiación por parte del Ministerio de Industria, Energía y Turismo (MINETUR) hasta la finalización de las entregas; en ese momento comienzan los pagos por el Ministerio de Defensa tanto para el pago de los bienes adquiridos , como para que por parte de la empresa se proceda a la devolución de los anticipos recibidos por el MINETUR. Son los que habitualmente conocemos como Programas Especiales de Armamento, debido a esta financiación tan peculiar.

Todo iba bien, hasta que se dieron dos circunstancias que convirtieron el mecanismo en algo preocupante. Por un lado, al comenzar a recepcionarse los equipos y sistemas, se produce la obligación de los pagos, para ello debería haberse dotado de suficiente presupuesto a tal fin. Por otro, la crisis provoca caídas del PIB que hacen que  el presupuesto de la Administración General del Estado deje de ser creciente e, incluso, pase a retraerse. La tendencia decreciente del PIB implica menores posibilidades de financiación. Asimismo, los diferentes compromisos contractuales saturan los límites presupuestarios establecidos en la Ley General  Presupuestaria para ejercicios futuros, que quedan superados cuando los presupuestos han decrecido frente a la tendencia de cuando estábamos en constante crecimiento. Dejamos de tener capacidad de cubrir los gastos habituales y, por supuesto, los costes de los Programas Especiales de Armamento. La continuidad de la situación en el tiempo conlleva una continua reducción de la capacidad financiera.

Para el caso de los Programas Especiales, se ha habilitado un mecanismo de financiación a través de Créditos Extraordinarios, lo cual permite el pago de los compromisos vencidos, el pago de las deudas a los fabricantes; y el cumplimiento por estos de sus convenios con el MINETUR de devolución de los anticipos para la financiación de dichos programas. Ello tiene una segunda derivada, que es consecuencia de la necesidad de financiación del Tesoro Público en épocas de alto coste financiero.

Se comienza a plantear la cuestión de que si no podemos cubrir los gastos, quizá deberíamos ajustarnos y así evitar vivir por encima de las posibilidades. Es decir, pasamos de una reducción coyuntural de capacidad financiera a algo más permanente: estructural. La imputación a déficit público, en términos de Contabilidad Nacional, hace que las entregas haya que repartirlas en el tiempo, buscando el menor efecto en el conjunto del Estado a la hora del cumplimiento de los objetivos de convergencia con la Unión Europea. Debemos plantearnos la conveniencia de repensar los niveles de necesidad de cada capacidad militar, en función de los riesgos y amenazas en constante evolución; adaptarse a las situaciones emergentes, entre ellas a la financiera. De mantenimiento y operatividad de los equipos y sistemas, para alcanzar capacidades priorizadas en función de aquellos riesgos y amenazas preponderantes en cada momento.

Además, debemos tener en cuenta la necesidad de previsión de desarrollo y adquisición de nuevos sistemas de armas que superen tecnológicamente y sustituyan a los actuales y a los que se están incorporando. Tenemos, por tanto un conjunto de variables que conforman una ecuación de difícil solución: Tecnología en evolución; e imposibilidad de alcanzar las capacidades óptimas para todas las unidades (ya se comentó en cuanto al impacto de las inversiones en el déficit público y la paradoja de pagos, pero no recepción de los equipos y sistemas). En definitiva, una diferencia estructural que se deberá reestructurar adecuadamente y con vocación de permanencia.

Todos somos conscientes de lo que nos jugamos con relación a la Defensa Nacional; pero debemos hacerlo con la mente fría y teniendo en cuenta que, desde la previsión a la obtención de los equipos y sistemas de armas a la disponibilidad de integración de ellos alcanzando los objetivos de capacidades, implica unos amplios espacios de tiempo, por lo que no se pueden dejar a la improvisación. Y máxime cuando paralelamente buscamos apoyar a la industria de defensa en los dos aspectos de desarrolladora de tecnología y aportadora de soberanía operativa para nuestra Defensa Nacional.

11 de octubre de 2013