Observatorio PSyD
El observatorio opina
3 de Marzo de 2013
Conflicto, seguridad y desarrollo. A propósito del Informe del Banco Mundial 2011
Dr. Eduardo Bandrés Moliné
Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Zaragoza
Unos mil quinientos millones de personas viven en países con ciclos repetidos de violencia en los que, simultáneamente, se dan las mayores tasas de pobreza y en los que no se ha alcanzado por el momento ni uno solo de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. El Informe sobre el desarrollo mundial[1] que anualmente publica el Banco Mundial dedicó su volumen del año 2011 al análisis de las relaciones entre conflicto, seguridad y desarrollo. Su mensaje principal es que para acabar con los ciclos de violencia es condición imprescindible generar instituciones políticas y económicas que garanticen la seguridad, la justicia y el progreso económico. El valor del Informe radica en que es fruto de las experiencias de conflicto recogidas en todo el mundo (Bosnia-Herzegovina, Colombia, Ghana, Indonesia, Irlanda del Norte, Mozambique, Liberia, etc.) y de cómo superarlas, aspecto éste en el que ha participado de forma destacada el propio Banco Mundial[2].
La pobreza, el desempleo juvenil, la corrupción y la sensación de injusticia se encuentran entre los factores internos más importantes capaces de desencadenar situaciones de violencia y conflicto, especialmente en los países de renta media y baja. Tampoco son ajenos al conflicto factores externos como el desbordamiento transfronterizo de la violencia, el terrorismo transnacional, las redes criminales internacionales o los episodios de invasión y ocupación. Unos y otros están presentes en numerosas regiones del mundo y determinan el riesgo de conflicto en cualquier sociedad. Sin embargo, no todos los países reaccionan igual ante estos factores de estrés, porque al igual que sucede con las personas y los virus que atacan nuestro organismo, la reacción depende de la fortaleza de nuestro sistema inmunitario; y esto, en términos de una sociedad, es tanto como referirse a la fortaleza y legitimidad de sus instituciones.
Las instituciones no son solo las leyes y las organizaciones que garantizan su cumplimiento, sino el conjunto de normas de comportamiento que rigen la vida social y económica de un país, a menudo reglas no escritas que dan lugar a estados con mayor o menor seguridad, justicia, desarrollo económico y cohesión social. Nos referimos al respeto a las leyes, la protección de los derechos humanos, la participación política, el control de la corrupción o la no discriminación por razones étnicas o religiosas; pero también a los incentivos que determinan la actividad económica y el empleo. Pues bien, cuando la pobreza, la desigualdad económica o el desempleo impactan con fuerza sobre una sociedad, son muchos los que se suman a grupos rebeldes o a bandas de delincuentes, y la probabilidad de conflicto aumenta de forma exponencial. Pero dicha probabilidad es tanto mayor cuanto más frágiles y menos legítimas son las instituciones políticas y económicas.
Como señala el citado Informe del Banco Mundial, la hoja de ruta para acabar con los ciclos de violencia en los países pasa, precisamente, por la restauración de la confianza y la transformación de las instituciones que garantizan la seguridad ciudadana, la justicia, el progreso económico y el empleo. Evidentemente, no es una tarea fácil. Se trata de un proceso lento –entre dos y tres decenios como mínimo- que generalmente se enfrenta a altibajos y retrocesos que ponen a prueba su verdadera solidez. Los cambios institucionales dan también lugar a ganadores y perdedores, y entre estos últimos habrá quienes no estén dispuestos a tolerar su pérdida de poder.
Los instrumentos deben adecuarse a la situación concreta de cada país, evaluando las circunstancias y el contexto político y económico en que se actúa. Sin embargo, existe un núcleo compartido de recomendaciones que pueden aplicarse con generalidad. La estrategia debe combinar la emisión inmediata de señales que fomenten la confianza y favorezcan la creación de coaliciones inclusivas –integrando a colectivos anteriormente excluidos-, con el diseño y ejecución de un programa de transformación institucional a medio plazo. Entre las primeras señales cabe citar los nombramientos creíbles en puestos clave de la estructura del Estado, la eliminación de las políticas discriminatorias, la reforma de las fuerzas de seguridad, la transparencia, la acción humanitaria y la protección social de los grupos vulnerables, o el compromiso con un calendario de reformas. En todo caso, debe tratarse de medidas muy visibles y realizables a corto plazo, que pueden requerir el apoyo internacional.
A su vez, la transformación de las instituciones tiene que ver con la reforma de las normas que rigen la actividad política, el funcionamiento de la justicia, las reformas económicas encaminadas a la creación de empleo, y el desarrollo de los servicios públicos de educación y sanidad, garantizando en todo caso la inclusión de los grupos marginados y la lucha contra la corrupción.
Las principales enseñanzas extraídas por el Banco Mundial respecto a lo que mejor ha funcionado se refieren a la eficacia de los programas que hacen hincapié en funciones básicas sencillas, tanto en lo que concierne a las nuevas garantías jurídicas y de seguridad, como a las políticas económicas de creación de empleo mediante las obras públicas, el acceso a la financiación y la simplificación de las normas que regulan la actividad de las empresas. Lo importante es que los resultados iniciales aumenten la confianza en el proceso de cambio institucional y ofrezcan incentivos para su permanencia en el tiempo.
Los países más desarrollados deben comprender que vivimos en un mundo de riesgos globales compartidos, como ponen de manifiesto la delincuencia internacional organizada o los contagios de las crisis económicas entre países. Y que por eso es cada vez más importante promover un esfuerzo coordinado de los organismos internacionales que respalde los procesos de cambio institucional de los países en conflicto. La solución duradera de los conflictos requiere, en suma, instituciones que proporcionen seguridad, justicia, progreso económico y cohesión social. La violencia y el conflicto son grandes obstáculos para el desarrollo, pero son también la pobreza, la desigualdad y la injusticia los que empujan a las sociedades hacia la inestabilidad y la violencia.
Zaragoza, 3 de marzo de 2013
[1] El Informe en español puede verse en http://www.bancomundial.org/investigacion/
[2] Para profundizar, puede consultarse el blog del Banco Mundial sobre Conflicto y Desarrollo: http://blogs.worldbank.org/conflict/
La pobreza, el desempleo juvenil, la corrupción y la sensación de injusticia se encuentran entre los factores internos más importantes capaces de desencadenar situaciones de violencia y conflicto, especialmente en los países de renta media y baja. Tampoco son ajenos al conflicto factores externos como el desbordamiento transfronterizo de la violencia, el terrorismo transnacional, las redes criminales internacionales o los episodios de invasión y ocupación. Unos y otros están presentes en numerosas regiones del mundo y determinan el riesgo de conflicto en cualquier sociedad. Sin embargo, no todos los países reaccionan igual ante estos factores de estrés, porque al igual que sucede con las personas y los virus que atacan nuestro organismo, la reacción depende de la fortaleza de nuestro sistema inmunitario; y esto, en términos de una sociedad, es tanto como referirse a la fortaleza y legitimidad de sus instituciones.
Las instituciones no son solo las leyes y las organizaciones que garantizan su cumplimiento, sino el conjunto de normas de comportamiento que rigen la vida social y económica de un país, a menudo reglas no escritas que dan lugar a estados con mayor o menor seguridad, justicia, desarrollo económico y cohesión social. Nos referimos al respeto a las leyes, la protección de los derechos humanos, la participación política, el control de la corrupción o la no discriminación por razones étnicas o religiosas; pero también a los incentivos que determinan la actividad económica y el empleo. Pues bien, cuando la pobreza, la desigualdad económica o el desempleo impactan con fuerza sobre una sociedad, son muchos los que se suman a grupos rebeldes o a bandas de delincuentes, y la probabilidad de conflicto aumenta de forma exponencial. Pero dicha probabilidad es tanto mayor cuanto más frágiles y menos legítimas son las instituciones políticas y económicas.
Como señala el citado Informe del Banco Mundial, la hoja de ruta para acabar con los ciclos de violencia en los países pasa, precisamente, por la restauración de la confianza y la transformación de las instituciones que garantizan la seguridad ciudadana, la justicia, el progreso económico y el empleo. Evidentemente, no es una tarea fácil. Se trata de un proceso lento –entre dos y tres decenios como mínimo- que generalmente se enfrenta a altibajos y retrocesos que ponen a prueba su verdadera solidez. Los cambios institucionales dan también lugar a ganadores y perdedores, y entre estos últimos habrá quienes no estén dispuestos a tolerar su pérdida de poder.
Los instrumentos deben adecuarse a la situación concreta de cada país, evaluando las circunstancias y el contexto político y económico en que se actúa. Sin embargo, existe un núcleo compartido de recomendaciones que pueden aplicarse con generalidad. La estrategia debe combinar la emisión inmediata de señales que fomenten la confianza y favorezcan la creación de coaliciones inclusivas –integrando a colectivos anteriormente excluidos-, con el diseño y ejecución de un programa de transformación institucional a medio plazo. Entre las primeras señales cabe citar los nombramientos creíbles en puestos clave de la estructura del Estado, la eliminación de las políticas discriminatorias, la reforma de las fuerzas de seguridad, la transparencia, la acción humanitaria y la protección social de los grupos vulnerables, o el compromiso con un calendario de reformas. En todo caso, debe tratarse de medidas muy visibles y realizables a corto plazo, que pueden requerir el apoyo internacional.
A su vez, la transformación de las instituciones tiene que ver con la reforma de las normas que rigen la actividad política, el funcionamiento de la justicia, las reformas económicas encaminadas a la creación de empleo, y el desarrollo de los servicios públicos de educación y sanidad, garantizando en todo caso la inclusión de los grupos marginados y la lucha contra la corrupción.
Las principales enseñanzas extraídas por el Banco Mundial respecto a lo que mejor ha funcionado se refieren a la eficacia de los programas que hacen hincapié en funciones básicas sencillas, tanto en lo que concierne a las nuevas garantías jurídicas y de seguridad, como a las políticas económicas de creación de empleo mediante las obras públicas, el acceso a la financiación y la simplificación de las normas que regulan la actividad de las empresas. Lo importante es que los resultados iniciales aumenten la confianza en el proceso de cambio institucional y ofrezcan incentivos para su permanencia en el tiempo.
Los países más desarrollados deben comprender que vivimos en un mundo de riesgos globales compartidos, como ponen de manifiesto la delincuencia internacional organizada o los contagios de las crisis económicas entre países. Y que por eso es cada vez más importante promover un esfuerzo coordinado de los organismos internacionales que respalde los procesos de cambio institucional de los países en conflicto. La solución duradera de los conflictos requiere, en suma, instituciones que proporcionen seguridad, justicia, progreso económico y cohesión social. La violencia y el conflicto son grandes obstáculos para el desarrollo, pero son también la pobreza, la desigualdad y la injusticia los que empujan a las sociedades hacia la inestabilidad y la violencia.
Zaragoza, 3 de marzo de 2013
[1] El Informe en español puede verse en http://www.bancomundial.org/investigacion/
[2] Para profundizar, puede consultarse el blog del Banco Mundial sobre Conflicto y Desarrollo: http://blogs.worldbank.org/conflict/
eduardo_bandres_03_03_2013.pdf
