Peace, Security and Defence Chair

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12th of December 2012

Un balance de la Defensa en 2012

Col. Carlos Calvo González-Regueral
Jefe del Estado Mayor. Brigada Logística

Cuando está a punto de finalizar este año parece obligatorio hacer un balance de lo acontecido en materia de defensa, especialmente cuando 2012 ha sido un año especialmente difícil tanto para el Ministerio de Defensa como para el conjunto de las Fuerzas Armadas (FAS). Se trata de un año que ha tenido una importante carga política, que en algunos casos ha seguido una línea de continuidad, pero que en lo fundamental puede aportar datos interesantes para los cambios que, sin duda, se avecinan en el futuro inmediato.

Como dato inicial es preciso citar el cambio de los altos cargos del departamento que se produjo en dos fases. Una primera, y de forma inmediata a la formación del nuevo gobierno, en la que se designaron a los nuevos Secretario de Estado (SEDEF), Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) y Subsecretaria de Defensa (SUBDEF), y una posterior, quizás más interesante, para la que el nuevo equipo político se tomó un tiempo, y que supuso la designación de nuevos Jefes de Estado Mayor de los Ejércitos y a renovar algunos cargos de Directores Generales en la estructura del órgano central. Como el propio Ministro anunció, la intención era desligar los cargos de carácter más “técnico” de otros claramente políticos. Pero como algunos analistas han venido apuntando, se trataba además de buscar futuros responsables capaces y dispuestos a afrontar la difícil situación en la que el mundo de la defensa se desenvolverá durante la presente legislatura y a introducir los cambios necesarios que sienten las bases de nuestra defensa nacional a medio y largo plazo.

Desde su primera intervención en el discurso ante Su Majestad El Rey en la celebración de la Pascua Militar, el propio Ministro marcó de forma clara las líneas generales para la legislatura, que posteriormente, en diferentes intervenciones y comparecencias parlamentarias se han desarrollado tanto por el propio titular del departamento como de sus colaboradores más directos.

En resumen las líneas planteadas han sido básicamente tres: la defensa debe contribuir a remontar la crisis económica, deben revisarse las capacidades operativas sin poner en riesgo nuestra seguridad y debe resolverse el problema financiero de tal manera que se pueda garantizar cierto nivel de apoyo a la industria. Tres aspectos que están estrechamente ligados y que pretenden mantener unas FAS eficaces a un coste asumible para la economía nacional y con un nivel tecnológico avanzado.

En cuanto al primero de ellos, la traducción que debemos hacer es que no debemos plantearnos niveles presupuestarios diferentes a los actuales mientras continúe la situación económica actual, por lo que en un futuro a medio plazo la defensa se mantendrá en unos niveles de esfuerzo presupuestario que podemos calificar de modestos. Recordemos que el presupuesto ordinario del Ministerio para 2012 ha sido de algo más de 6300 millones de euros, lo que representa un 0,59% del PIB. Muy posiblemente se moverá en ese entorno a corto plazo. Pero tanto el Ministro, como el JEMAD y el propio SEDEF han manifestado en diferentes intervenciones, debe pedirse estabilidad presupuestaria para garantizar los mínimos imprescindibles para no plantear riesgos inasumibles para la seguridad nacional.

Unido al esfuerzo que supone contar con un presupuesto muy ajustado se han anunciado diferentes medidas estructurales que resuelvan, entre otras cosas, el desequilibrio entre costes de personal (73% del presupuesto según datos del propio SEDEF en sede parlamentaria) y costes de material. Se anuncian nuevas medidas racionalizadoras tanto para el Ministerio como para las FAS, en línea de lo que los Ejércitos españoles han venido haciendo en los últimos 25 años. El propio Gobierno prácticamente desde su constitución contribuyó a estas medidas reorganizadoras al integrar el Centro Nacional de Inteligencia en Presidencia del Gobierno, aunque las razones de esta medida no parece que estuvieran determinadas por aliviar el presupuesto y la estructura de defensa. Ya se han anunciado otras que actúan en este sentido como el ajuste de efectivos y diversas medidas de reducción de gasto ordinario o de revisión de los programas principales de obtención de sistemas de armas actualmente en curso.

La segunda gran línea de actuación ha estado dirigida a la revisión de las capacidades defensivas. En comparecencia parlamentaria el JEMAD anunció la elaboración de un documento denominado FAS 2025, que no se ha hecho público, pero en el que se está actualmente trabajando y cuyas conclusiones deberán estar finalizadas a finales del primer semestre de 2013. Este proceso de revisión debe enmarcarse dentro de un nuevo proceso de planeamiento de la defensa, cuyo ciclo se ha adelantado un año, y que ha arrancado con la promulgación de la Directiva de Defensa Nacional (DDN) promulgada el 1 de agosto de 2012. Tras esta Directiva se han elaborado dos documentos claves para el proceso de planeamiento como son la Directiva de Política de Defensa y la Directiva de Planeamiento Militar. Aunque ninguno de ellos es público todo parece apuntar a que en su desarrollo primará la idea de ajustar la fuerza operativa y reorganizar la estructura administrativa y de apoyo del departamento y las FAS, a las que se deben marcar unos objetivos alcanzables y realistas de acuerdo con el esfuerzo que se quiere hacer. Tal y como la propia DDN establece se trata de adecuar el nivel de ambición político y estratégico a los recursos asignados y a la estructura de las FAS. La revisión de la participación en operaciones exteriores, el nombramiento de un Comisionado específico para revisar el patrimonio de infraestructura del departamento o la revisión de la normativa de estructura y procedimientos de gestión de programas de armamento parecen ir en esta línea.

En tercer lugar, se plantea como línea estratégica la necesidad de resolver el problema financiero para garantizar el equipamiento necesario para las FAS, pero sobre todo para asegurar el nivel tecnológico e industrial del sector de defensa que en los últimos 20 años ha alcanzado un nivel muy competitivo en algunos nichos y que no debe perderse. En definitiva se trataría de recuperar el papel inversor del Ministerio de Defensa en sectores de fuerte componente tecnológico y con un importante papel tractor en otros campos, pero primando a corto plazo el sostenimiento de los medios disponibles sobre la obtención de nuevas capacidades materiales. Recordemos aquí que el capítulo 6 del presupuesto de 2012 se situaba en el entorno de los 650 millones de euros lo que prácticamente imposibilita abordar nuevos programas y mantiene muy ajustado el esfuerzo en apoyo logístico. La aprobación del RD 26/2012 mediante el que se concedió un crédito extraordinario al Ministerio de Defensa de unos 1700 millones de euros es una medida clave para garantizar pagos comprometidos en programas en curso, incluyendo retrasos de abonos de años anteriores; pero, sobre todo, para aliviar la carga que ha soportado el Ministerio de Defensa por un problema financiero que es transversal a otros Ministerios. Recordemos que desde que se introdujo el denominado sistema de financiación alemán en 1996 la industria nacional se ha beneficiado de las inversiones realizadas tanto como las propias FAS. Por otra parte y en el ámbito de la potenciación de la inversión en I+D, que mantiene en el presupuesto ordinario unos niveles modestos, hay que destacar las nuevas condiciones financieras aprobadas por el CDTI en octubre que contemplan la posibilidad de apoyar y financiar el proyectos innovadores incluidos los de defensa, y la elaboración de una Estrategia de Tecnología e Innovación en Defensa que permite orientar a las industrias sobre las futuras necesidades tecnológicas. No debemos olvidarnos aquí hacer mención al RDL 19/2012 de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios que posibilita establecer acuerdos Gobierno a Gobierno en exportaciones de material de defensa. Esta última medida está muy en línea de las actividades que se han realizado tradicionalmente, pero que carecían de un marco legislativo adecuado. Además durante este año se han potenciado diversas actividades relacionadas con el fomento de la exportación de nuestros productos de defensa en otros mercados y que se han enmarcado tanto en el marco político general como en el de la acción exterior de la defensa.

Analizadas en conjunto las medidas adoptadas en las tres líneas que apuntamos, parece que las bases políticas sobre las que se abordará el resto de la legislatura han quedado asentadas. Aunque sea arriesgado aventurar parece que el futuro inmediato nos deparará una situación que pudiera ser parecida a la siguiente:
- En el ámbito presupuestario, el presupuesto ordinario se mantendrá estable en el entorno de los 6300 millones de euros, se mantendrá ajustada la financiación de las misiones de paz en el entorno actual de entre 650 y 750 millones de euros en función de las misiones exteriores que determinen nuestros compromisos internacionales, y se buscará obtener financiación extrapresupuestaria para resolver el problema que plantean los programas principales de armamento.
- En el ámbito estructural habrá que esperar a las conclusiones del documento 2025 y del resultado del proceso de planeamiento de la defensa, pero en el año próximo puede iniciarse un proceso de revisión de estructuras administrativas y de apoyo del conjunto del Ministerio y FAS y un ajuste de la Fuerza buscando con realismo hacer coherente los recursos disponibles con los medios necesarios para garantizar nuestra defensa sin plantear riesgos inasumibles.
- En el ámbito industrial, ni las FAS ni la industria deben esperar en el mercado doméstico grandes inversiones en el futuro inmediato. En el campo de la política industrial de defensa el esfuerzo se continuará realizando mediante el apoyo a la exportación, la garantía del pago de los programas en curso y de medidas normativas y orgánicas que permitan optimizar los recursos disponibles y asegurar el nivel tecnológico alcanzado.

Zaragoza, diciembre de 2012.

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