El estallido del conflicto bélico entre el Norte y el Sur de los Estados Unidos en abril de 1861 vino a tensionar de manera notable las ya de por sí delicadas relaciones diplomáticas existentes entre el Reino de España y aquel país, las cuales, no se olvide, se habían deteriorado sensiblemente a raíz de la política neocolonial de bajo perfil que el gobierno de O’Donnell venía desplegando en América. En cualquier caso, el enfrentamiento entre federales y confederados supuso para la diplomacia española un nuevo y relevante quebradero de cabeza en torno a una cuestión esencial: el reconocimiento o no de los Estados Confederados de América como nación independiente.

En aquel momento, el titular de la cartera de Estado era Saturnino Calderón Collantes, siendo el embajador español en Washington el poeta y periodista Gabriel García Tassara quien, tras hacerse efectiva la secesión de Carolina del Sur, remitió instrucciones a los tres cónsules españoles en territorio confederado para que mantuviesen la calma, observaran la evolución de los acontecimientos y no abandonaran sus legaciones. Esta fue, durante los últimos meses de 1860 y el inicio de 1861 la postura que las diplomacias de la vieja Europa –España, Francia y Gran Bretaña- adoptaron en torno a la incipiente guerra civil: wait-and-see.

Desde la perspectiva del gobierno federal, la crisis secesionista que se avecinaba abría una indeseada espita en el frente de la política internacional, potencialmente aprovechable por las potencias europeas con intereses en la zona, como era el caso de España en relación con Cuba y el resto de antiguas colonias de ultramar. El principal esfuerzo del nuevo gabinete unionista se dirigió pues a bloquear cualquier iniciativa diplomática confederada en las cancillerías europeas. Por ello, y tras la reanexión española de Santo Domingo, el presidente Lincoln destituyó al recién nombrado Cassius M. Clay como embajador ante la corte de la reina Isabel II, nombrando para el cargo el alemán de nacimiento Carl Schurz, hombre enérgico e inflexible, en un claro gesto de hostilidad y de advertencia frente al expansionismo español y con una encomienda precisa: Madrid no debía interferir en lo que no era sino un asunto doméstico. Para estimular esa política de no intervención, el asistente –e hijo- del Secretario de Estado americano, Frederick W. Seward, facilitó un argumentario a Schurz en el cual se remarcaba la idea de que eran precisamente los secesionistas sudistas los que de una forma más intensa abogaban por la independencia cubana.

A pesar de los rumores que durante el mes de mayo de 1861 corrieron en torno a un posible reconocimiento por parte del gobierno español de los sediciosos de Richmond, el 19 de junio España hizo público un Real Decreto de 17 de junio de 1861 (Gaceta de Madrid nº 170) en donde se hacía una declaración de neutralidad, en la misma línea de las realizadas por Francia y Gran Bretaña, por la que se prohibía a la marina mercante española servir a cualquiera de los dos bandos; se limitaba la estadía de buques de guerra o aprovisionamiento en puertos españoles a veinticuatro horas – adviértase que esta limitación no afectaba a la flota mercante-,  se declaraba ilegal cualquier comercio de armas con ambas facciones o, finalmente, se proscribía el alistamiento de españoles en los ejércitos beligerantes. El documento tomaba su base legal de la Declaración de París de 1856, en donde se establecía el papel de los países neutrales en casos de guerra y la naturaleza de los bloqueos comerciales.

Ahora bien, esta declaración de neutralidad no pudo evitar que el desarrollo de los acontecimientos bélicos incidiera de forma severa en la actitud de los políticos y calara, a través de la prensa, en la opinión pública española. En efecto, la derrota militar de la Unión en la primera batalla de Bull Run (julio de 1861) relativizó, a ojos de los analistas federales, la declaración de neutralidad de junio y avivó el debate en torno a la secesión como una acción legítima de los estados confederados. A ello también coadyuvó una consecuencia lógica de la declaración de neutralidad de un país como España de arraigada tradición naviera y con territorios de ultramar: los incidentes marítimos. La incesante admisión de embarcaciones confederadas por parte de los puertos cubanos, y por no pocos españoles, no hizo sino reforzar la imagen filosecesionista del gobierno español. En relación con este asunto, deben reseñarse los conflictos generados por el C.S.S Sumter al ser reparado en Cádiz; la orden dictada por el capitán general de Cuba, Serrano, en fecha 27 de agosto de 1861 conforme a la cual “los mercantes bajo pabellón de la confederación sudista, empleados en legítimo comercio, serán admitidos en todos los puertos de la isla”; el incidente del C.S.S Mary Scaife con sus quinientas balas de algodón que atracó en Barcelona en junio de 1862; el C.S.S Florida fondeado en el puerto de La Habana; el hundimiento en aguas territoriales cubanas, y por ende españolas, del mercante inglés Blanche por el U.S.S. Montgomery que junto con el llamado Trent Affaire colocó a España en una situación extraordinariamente delicada –Gran Bretaña estuvo a punto de declarar la guerra a los Estados Unidos- al ser detenido y abordado el buque inglés Trent en aguas cubanas por parte de la fragata unionista San Jacinto, al mando del capitan Wilkes, que pretendía detener a los diplomáticos confederados Mason y Slidell que se hallaban a bordo, o finalmente, el caso del C.S.S. Stonewall atracado en El Ferrol en febrero de 1865 y que, como veremos más adelante, supuso el epílogo en las fricciones hispano norteamericanas sobre este particular.

Para terminar, tres cuestiones adicionales de extraordinaria relevancia obstaculizaron más si cabe los vínculos diplomáticos no militares entre los dos países: los daños y estragos de los que fueron víctimas los españoles residentes en Nueva Orleans tras la entrada de las tropas unionistas en la ciudad bajo el mando del feroz general Butler; el asunto Argüelles y, por último, la incidencia que en las relaciones comerciales tuvo el estallido bélico.

De manera sintética, y comenzando por el último de los problemas, pero sin duda el de mayor importancia, puede decirse que la Guerra Civil Americana afectó de manera muy notable en los intercambios comerciales entre ambos países fundamentalmente debido al bloqueo comercial de los puertos confederados, entre los que se encontraban plazas comerciales de la importancia de Baton Rouge, Charleston o Nueva Orleans;  por el clima de  desconfianza política entre ambas administraciones tras el Real Decreto de neutralidad de 1861 y, finalmente, por la lógica inestabilidad que el tracto comercial sufre cuando uno de los contratantes está en guerra. Por poner un ejemplo ilustrativo del impacto que sobre el comercio tuvo la Guerra Americana, en 1861, el valor de los productos y bienes exportados a los Estados Unidos desde España, alcanzaron la cifra de 145 millones de reales (36.250.000 pesetas/217.866,89 € de 1861), reduciéndose en dos terceras partes en 1862, recuperándose muy ligeramente en los tres últimos años del conflicto.

Un segundo asunto que vino a enturbiar notablemente las relaciones entre ambas naciones derivó de la ocupación en abril de 1862 de las tropas unionistas de Nueva Orleans. Esta ciudad se había convertido sin duda en la puerta comercial del sur de los Estados Unidos, siendo plataforma de acceso y salida de bienes y servicios procedentes de Cuba, España y el resto de Europa. No en vano Madrid siempre tuvo un consulado en dicha plaza, domicilio social de numerosas firmas comerciales españolas. No debe sorprender por tanto, que la administración de la ciudad por parte del general Butler chocara directamente con los intereses españoles. La aversión del comandante de la plaza por los europeos, y especialmente los españoles, a los que consideraba claramente filosecesionistas se puso de manifiesto a los pocos días de la toma de la ciudad, cuando el buque mercante Fox fue capturado en el delta del Mississippi cargado con armas, municiones y material sanitario por valor de 300.000 dólares, hallando entre la documentación del bajel la vinculación de la carga con una firma comercial radicada en Nueva Orleans, Avendano Brothers, propiedad de ciudadanos españoles. El incidente confirmó así las sospechas de Butler por lo que les hizo detener, desencadenándose una campaña de apresamientos y medidas hostiles hacia los comerciantes europeos y españoles de Nueva Orleans, que obligó a intervenir al embajador español en Washington, García Tessara, quien se quejó amargamente de la conducta de Butler ante el Secretario de Estado Seward.

Los incidentes, lejos de reducirse se incrementaron, y así el 24 de septiembre se produjo un nuevo conflicto con la inmovilización del buque de guerra español Blasco de Garay en el puerto de la ciudad bajo la acusación de transportar en su interior a prófugos confederados y españoles colaboracionistas – los hermanos Puig- para sacarlos de la ciudad, extremo que en todo momento fue negado por el capitán Díaz de Herrera, quien recibió mediante carta el apoyo expreso de capitán general de Cuba por aquel entonces,  Francisco Serrano.

Por último, y para completar esta panorámica sobre las difíciles relaciones hispano-americanas durante este periodo, resulta interesante glosar el conocido como Caso Argüelles, en el cual la evolución de los acontecimientos convirtió lo que se presumía como un nuevo y delicado conflicto diplomático, en un gesto de buena voluntad del gobierno federal hacia España. El teniente coronel José Agustín Argüelles, a la sazón teniente gobernador del distrito de Colón en Cuba, interceptó el 20 de noviembre de 1863 un buque negrero con ciento cuarenta y un esclavos a bordo, en cumplimiento de las directrices de Madrid para la reducción de este tráfico humano, recibiendo además 15.000 dólares como recompensa por la acción. En la primavera del siguiente año, el teniente coronel Argüelles obtuvo autorización para visitar Nueva York pues allí asistiría a la presentación del periódico en castellano La Crónica. Mientras, en Cuba, las autoridades advirtieron con horror que Argüelles y sus subordinados habían revendido a los esclavos que ellos mismos rescataron, a tratantes de la propia isla. La legislación criminal española exigía la presencia de Argüelles en la Audiencia de La Habana para ser encartado por el delito de trata de negros, por lo que el capitán general de la isla, Domingo Dulce, solicitó a las autoridades de Nueva York la extradición del militar español. El problema era que entre ambos países no existía por aquel entonces tratado de extradición y por tanto no era viable ese cauce procesal para reclamar al encausado. No obstante, y gracias a la mediación del vicecónsul americano en La Habana, Savage, y del embajador Tassara, con el consentimiento del Secretario de Estado Seward, Argüelles fue detenido por la policía de Nueva York y devuelto a la capital cubana el 19 de mayo de 1863.  La oposición de Lincoln no tardó en explotar ante lo que a su juicio era un claro caso de violación de los derechos fundamentales de Argüelles al haber sido extraditado sin título legal habilitante. La cuestión llegó hasta el propio Senado norteamericano donde Seward fue interrogado por la cuestión, justificando la medida extraditoria en que, a pesar de carecer de tratado de extradición con España “La Unión no podía ofrecer asilo a los que ofenden a la raza humana”. En mayo de 1865, Argüelles fue condenado por la Audiencia de La Habana a la pena de presidio de diecinueve años al ser considerado reo de trata de negros y lo más importante, el incidente permitió a Seward rebajar la tensión diplomática entre los dos países, ofreciendo con la entrega de Argüelles un claro gesto de buena voluntad entre ambas administraciones.

Los reveses unionistas en el campo de batalla durante el verano y el otoño de 1861 exigieron a la diplomacia de la Unión un esfuerzo extraordinario que equilibrara la sensación de derrota y para ello Schurz insistió ante García Collantes en la cuestión de la esclavitud como origen del conflicto, en la creencia de que el liberalismo europeo, claramente pro-abolicionista, se mantendría alejado de cualquier reconocimiento de las autoridades sediciosas. No obstante, las directrices que llegaban desde el propio Lincoln a todas sus cancillerías era el de no abusar de la cuestión de la esclavitud como herramienta política de momento.

Lo que era indudable era el sentimiento entre la opinión pública europea de que la extensión temporal del conflicto favorecía las pretensiones confederadas de ser reconocida internacionalmente. Un momento crítico en este escenario diplomático aconteció en marzo de 1861, coincidiendo con la llegada a Madrid del comisionado confederado Pierre Rost, jurista francés de origen emigrado a los Estados Unidos en 1816 y miembro de la primera terna de comisionados nombrados por el presidente confederado Davis y el secretario de Estado Toombs para Europa, junto con William Lowndes Yancey y Ambrose Dudley Mann. Cuando Roost intentó entrevistarse con Calderón Collantes, fue informado a través de una nota de la imposibilidad de mantener con el ministro de Estado ningún contacto oficial, lo que no impidió que se entrevistaran de manera privada el 21 de marzo. En ese encuentro, el comisionado confederado defendió el derecho de los estados del sur de separarse del “diabólico norte”, subrayando las similitudes existentes a su juicio entre las instituciones, ideas y hábitos sociales del pueblo español y la sociedad sudista, asegurando finalmente que los Estados Confederados no tenían intención alguna de interferir en Cuba. Calderón Collantes por su parte, mostró su faceta más prudente, aunque no sin manifestar cierta simpatía por el bando sedicioso cuando, disculpándose de no poder garantizar un reconocimiento futuro sin la certeza de que esa facción fuese viable como nación independiente, dejó caer que algunas victorias militares decisivas allanarían sin duda el camino.

Ciertamente, y a pesar de los esfuerzos diplomáticos, los factores determinantes para calibrar la verdadera voluntad de reconocimiento político por parte de las potencias europeas con respecto al sedicente Sur, continuaron siendo los éxitos y los fracasos militares. En este sentido, la campaña estival de la Península de Virginia, la campaña de Maryland y, sobre todo, la victoria de la Unión en Antietam/Sharpsburg seguida de la Proclamación de Emancipación de Lincoln, fueron los verdaderos catalizadores de las reacciones en el viejo mundo.

García Tassara en sus informes destaca la gran sensación causada por la Proclamación, sugiriendo una reconsideración en las políticas comunes de Francia, Gran Bretaña y España con respecto a la Unión. No obstante, el efecto de la emancipación en la clase política de nuestro país no fue uniforme. Mientras que en los sectores conservadores se veía con recelo tales iniciativas por el efecto que pudiera tener en Cuba o Puerto Rico donde subsistían formas de esclavitud, para el sector liberal era la confirmación de la brillantez política de Abraham Lincoln.

En enero de 1863 se produce el cese de Calderón como ministro de Estado sustituyéndole en el cargo un peso pesado de la política española como era el general Serrano, cuyo nombramiento, a juicio del ya embajador estadounidense en España por entonces, Gustavus Koerner - jurista y congresista también de origen alemán y gran amigo de Lincoln-, supondría un cambio en la postura española frente al conflicto. Sin embargo, tal predicción fue contingente pues tan solo tres meses después era a su vez sustituido el duque de la Torre por el Marqués de Miraflores quien no solo mantuvo la misma postura de neutralidad del Reino de España, sino que la reforzó tras las derrotas confederadas en Gettysburg y Vicksburg, pues si bien el anterior comisionado Roost había conseguido entrevistarse aun de manera informal con Calderón, el nuevo enviado, Slidell, ni tan siquiera fue recibido en audiencia privada por Manuel de Pando.

Los señalados reveses militares de los confederados tuvieron un efecto claramente advertible en la opinión pública española. El cónsul americano en Mahón, Robinson, escribía al respecto que “la impresión en mi esfera es que la rebelión esta ahora virtualmente concluida”. Esta tendencia con el paso de los meses no va hacer otra cosa que incrementarse. En el comienzo de 1864, siendo titular de Estado Lorenzo Aráosla, las potencias europeas descuentan sin ambages la victoria unionista en la guerra americana por lo que la cuestión del reconocimiento es cada vez una opción más lejana. Los temores de la diplomacia unionista con la vuelta de Narváez al poder en otoño de ese año, al considerarle políticamente alejado de las posturas federales, no se cumplieron al continuar el Espadón de Loja con la política de neutralidad, desvaneciéndose casi definitivamente las posibilidades de que España cambiara de actitud.  Sólo en febrero de 1865, la reunión mantenida por el inefable Slidell con el embajador español en París, en donde se puso sobre la mesa la situación del buque de guerra confederado CSS Stonewall, amarrado como ya vimos en el puerto de El Ferrol, volvió a situar en el tapete de la discusión política la cuestión del reconocimiento.

Sin embargo, los acontecimientos se agolpaban sin demora y la situación se tornaba irreversible. Así, el 30 de mayo Francia anulaba el status de beligerancia del Sur, al igual que cuatro días después lo haría el Foreign Office británico. Finalmente, el por entonces ministro de Estado, Antonio Benavides, firmaba el Real Decreto de 4 de junio (Gaceta de Madrid, nº 157) con el siguiente tenor literal:
      
      Habiendo terminado la guerra entre los Estados del Norte y los del Sur, en la República de los Estados Unidos; y habiendo cesado en consecuencia, por el restablecimiento de la paz, las circunstancias que motivaron las disposiciones contenidas en mi Real decreto de 17 de junio de 1861, referente a la neutralidad de España en la expresada guerra,
      Vengo a decretar lo siguiente:
      Artículo único: queda derogado mi Real decreto de 17 de junio de 1861.
      Dado en Aranjuez a cuatro de junio de mil ochocientos sesenta y cinco.
      ESTA RUBRICADO DE LA REAL MANO

                    EL MINISTRO DE ESTADO
                     ANTONIO BENAVIDES

7 de marzo de 2018