“¿Quiere usted que Nueva Caledonia acceda a la plena soberanía y se convierta en independiente?”. Esta era la pregunta que se estableció y a la que debían responder los votantes originarios de la islas así como las personas de origen europeo que viviesen allí desde 1994,  y que resultaba del acuerdo político alcanzado entre el Gobierno francés  con los representantes de  Nueva Caledonia en noviembre de 2017 (entre el primer ministro francés, Edouard Philippe, y líderes caledonios). En el mismo se delimitaba el censo electoral que tendría derechos a la participación en la consulta, donde se produjo una importante negociación por cuantas personas nativas serían incluidas finalmente en dicho censo. Los resultados han supuesto el triunfo del No con un 56,4% de votos y el Sí, un 43,6 %. Destacando la alta participación con algo más del 80% del cuerpo electoral llamado a la consulta, teniendo presente que la referencia más cercana de participación fueron las elecciones presidenciales de 2017 donde la participación alcanzó un pobre 53% (cerca de 175.000 personas tenían derecho a votar). A ello debe no olvidarse que gran parte de la mayoría de la población kanak – que es mayoría- ha votado por permanecer en Francia. Al menos dicha cuestión sí que ha importado y mucho a la sociedad de Nueva Caledonia.  

La pregunta sobrentiende que Nueva Caledonia, incluida en la lista de la ONU de 17 territorios no autónomos que deben autodeterminarse, ya disfruta de una soberanía parcial. El pedrusco, como se conoce a estas islas situadas a 16.500 kilómetros de la Francia metropolitana, es el territorio de la República con más competencias —casi todas, excepto las relacionadas con la seguridad y la justicia— y el único con  instituciones propias con capacidad para legislar. Un ejemplo a comparar con la Isla de Córcega, tal vez.

La celebración del referéndum, culmina un proceso de cerca de 30 años desde los enfrentamiento violentos entre 1984 y 1988, calificados por algunos como de guerra civil. Los independentistas neocaledonios y el poder francés protagonizaron fuertes tensiones en el transcurso de las décadas. Nueva Caledonia fue designada como una colonia de Francia a partir de 1853 y las primeras demandas de independencia surgieron a finales de los años 70. Se conformó el Frente de Liberación Nacional y Socialista Kanak (FLNKS) en 1984 y se presenciaron los primeros hechos violentos el mismo año. Entre otros actos violentos destacan en 1988, donde miembros del Frente de Liberación Nacional y Socialista Kanak atacaron un puesto de policía en la isla de Ouvéa y secuestraron a 27 miembros de las fuerzas de seguridad galas, este acto conmocionó a la sociedad francesa tras conocerse la masacre posterior en la cueva de Ouvéa.

Este acto así como otros,  que fuerzan a la metrópolis gala a la intervención para generar un proceso de transición hacia la descolonización, hay que recordar la aparición de países independientes como Samoa, Fiyi o Tonga.., que son en algunos momentos referentes del rechazo al centralismo aplicado por los gobiernos gaullista. Para ello se sella el Acuerdo de Matignon donde se manifestaba que en un plazo de diez años se desarrollarían mejoras económicas y sociales en beneficio de la comunidad canaca antes de proclamarse un referendo de independencia. Éste acuerdo fue aprobado por los franceses mediante referendo el 6 de Noviembre de 1988 aunque con una baja participación. Pasados los diez años, se firmó el Acuerdo de Noumea, que acordaba la transferencia de competencias excepto defensa, seguridad, justicia y moneda, al pequeño archipiélago; así como dejar una fecha para la celebración del referéndum (no antes de 2014 ni después de 2019), a su vez se reconocía la identidad kanak, y se sentaban las bases de la ciudadanía neocaledoniana, creándose instituciones propias. Además Nueva Caledonia está representada en el parlamento francés por dos diputados y dos senadores.

Pero también, el compromiso en la celebración de otras dos consultas antes de 2022 sobre la misma cuestión (no hay que olvidar las experiencias de los referéndums de descolonización de Comores en 1974, o Vanuatu en 1980). En la reciente visita del Presidente galo a Nueva Caledonia, el pasado mes de mayo, Enmanuel Macron puso una propuesta planteada en 1985 como era convertir Nueva Caledonia en un “Estado Asociado”.

Nueva Caledonia tiene relevancia para Francia ya que es el sexto mayor productor de  níquel del mundo tras gigantes como Rusia, Indonesia o Canadá. Nueva Caledonia contiene, según los expertos, un 10% de las reservas mundiales de níquel, algo demasiado grande como para que Francia no intente luchar por mantenerla bajo su influencia. Societé Le Nickel, subsidiaria del grupo Eremet, es la responsable de la mayoría de las minas neocaledonias y el principal inversor francés en la región. Aun así, la mina de Koniambo, una de las más grandes, está controlada mediante joint-venture por la helvética Glencore y la SMSP (una empresa controlada por independentistas canacos), un modelo de negocio que los independentistas desean aplicar a las demás minas. Puede que surja el problema para París sobre la incipiente pérdida de las  finanzas insulares y que los intereses económicos se vean negativamente  afectados, Eremet ve cómo el monopolio se acaba, no olvidemos la gestión de otra importante mina como es Goro y que está operada por la brasileña Vale.

El futuro del territorio de Nueva Caledonia va a seguir siendo una cuestión que pueda permanecer durante un tiempo en un segundo plano de la agenda francesa, ya que los resultados producidos conllevarán a una profunda reflexión de todas la partes implicadas, y a una asunción de responsabilidad, reconstrucciones de los relatos, así como aclaraciones de los nuevos consensos necesarios para afrontar las futuras oportunidades de nuevos referéndums, todo ello sin olvidar la convivencia social y política. También, los resultados demuestran que las diferencias entre las diferentes opciones son muy cortas, y ello pueda dar pie a la fragilidad política de Nueva Caledonia. Está previsto que dentro de dos años, en el 2020, y eventualmente también en el 2022, puedan organizarse nuevos referéndums con idéntica pregunta. Tal vez, para entonces la realidad política sobre la posible independencia de este territorio suponga un sustancial cambio en la agenda política francesa.