Peace, Security and Defence Chair

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Observatorio PSyD

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17th of October 2018

La desaceleración de la economía y su impacto en las capacidades de Defensa

Jesús A. Perdices Mañas
Intendente de Madrid


Ahora sí. Hemos pasado desde la intuición del paso del crecimiento de la economía española a la indefectible desaceleración y tendencia hacia la próxima crisis (independientemente de cual sea su detonante y cómo se la denomine). Ciertamente no es una satisfacción el ver cómo algo que ya veníamos avisando ocurre; por ello volvemos a insistir en los problemas que esta desaceleración económica pueden implicar en unos Presupuestos y en particular en las partidas destinadas a financiar las necesidades de la Defensa Nacional de España.

Los Presupuestos aprobados para el ejercicio 2018 habían recuperado la financiación para los PEA; de hecho, el Consejo de Ministros del viernes 7 de septiembre acordaba la modificación de la senda de financiación de varios programas afectando anualidades desde 2018 hasta 2031, periodo que cubre los sucesivos aplanamientos de los pagos de las adquisiciones de sistemas de armas por el sistema financiero del conocido como “método alemán”. La incorporación de esta financiación en los presupuestos ha sido consecuencia de las continuas observaciones del Tribunal de Cuentas sobre la improcedencia de financiar los PEA con Créditos Extraordinarios, como ocurrió durante los ejercicios económicos más duros de la crisis; aunque su inclusión en los ejercicios anteriores tampoco aseguró su ejecución y provocó una necesidad adicional de financiación así como otros problemas con nuestros socios europeos. Y ello sin entrar en que la financiación de estos programas es independiente de su impacto en las Cuentas Nacionales, es decir, en el objetivo de Déficit Público precisamente por el momento de imputación diferente al del pago, como ya hemos señalado en artículos anteriores.

También incluyen parte de la financiación necesaria para el desarrollo de las OMP. Hasta ahora aparecían cantidades mínimas que si bien permitían el inicio del ejercicio con unas dotaciones para el pago de compensaciones al personal, venían siendo francamente insignificantes si tenemos en consideración el montante que alcanzaban tras las diferentes ampliaciones de crédito durante la ejecución presupuestaria y a medida que Hacienda disponía de capacidad financiera. Es un hecho que las diferentes operaciones de ayuda humanitaria y mantenimiento de la Paz y el nivel de ambición de España en cada una de ellas se aprueba por el Parlamento a finales de año. También es conocido, o debería, que el Anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado debe tener entrada en las Cortes antes del 1 de Octubre. Ambos factores hacen difícil (no imposible) prever el montante de la necesidad financiera para una actuación todavía no aprobada (pero con alta probabilidad de serlo). Uno de los mayores problemas de no disponer de financiación suficiente y adecuada para una actuación como son las OMP tenía dos implicaciones en la gestión, ambas simultáneamente: 1. La disposición del crédito desacompasado con la realidad de la necesidad (mantenimientos de equipos y sistemas, rotaciones de contingentes, preparación específica de la fuerza; y demás); 2. El difícil encaje de la financiación y la gestión procedimental de los expedientes de contratación tanto dentro del propio ejercicio presupuestario (finaliza el 31 de diciembre) como de las actuaciones de mantenimiento plurianuales por imposibilidad de conformar expedientes plurianuales con dicha financiación, al estar limitados por los porcentajes de compromisos de futuros que establece la Ley General Presupuestaria.

Independientemente de la negociación política internacional en el seno de la OTAN sobre los parámetros a aplicar en la medición de la aportación de cada Estado miembro en la financiación de su Defensa Nacional, la tan manida cifra objetivo del 2% del PIB, hemos podido comprobar durante esta última crisis cómo existe una alta rigidez en cuanto a la necesidad de recurso financiero para mantener las capacidades de Defensa Nacional. Si nos fijamos en los años más duros de la crisis económica vemos como el porcentaje de gasto en defensa con relación al PIB ascendía a medida que mejoraba la economía; y viceversa. Es decir, la recuperación económica “perjudica” el ratio. Pero debemos poner la atención sobre las capacidades en vez de sobre fríos porcentajes de gasto. Volviendo al comienzo de toda la reflexión, la aparición de indicadores económicos que señalan la alta probabilidad de caminar hacia la siguiente recesión junto con las vicisitudes políticas de la composición de nuestro Parlamento nos llevan a reflexionar sobre la incertidumbre que ello provoca en cuanto a la cobertura necesaria de financiación para el mantenimiento de las capacidades de defensa determinadas y reflejadas en el Planeamiento de Capacidades del EMAD junto con el resto de los Objetivos de Departamento (requerimientos de estructura administrativa y de organización en general para todo el Ministerio de Defensa).

La aprobación de los PGE para 2018 una vez iniciado el año ha supuesto la convivencia de dos presupuestos diferentes a efectos de gestión económica: por un lado, la prórroga del PGE para 2017 con ciertas limitaciones; por otro, el presupuesto 2018 una vez aprobado. A efectos de gestión, esas limitaciones han provocado una paralización “de facto” en la tramitación de los expedientes relacionados con las inversiones: nuevas adquisiciones y mantenimientos. Todo ello debido al nivel de compromisos económicos realizados previamente, al ser limitados los porcentajes sobre el inicial en la citada prórroga; junto con los tiempos necesarios hasta recibir la autorización para poder superar dicho límite durante la prórroga. La eliminación de estas limitaciones se ha producido una vez entrado en vigor el nuevo presupuesto aprobado, pero los tiempos requeridos para la gestión administrativa consecuencia de la aplicación de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (trasposición de la normativa europea) nos condicionan en cuanto al volumen de mantenimiento o fabricación de nuevos equipos que puede ser afrontado por los adjudicatarios de las licitaciones hasta final de ejercicio presupuestario.

La otra derivada viene del lado de los futuros PGE para 2019; mejor dicho, por la posible ausencia de ellos y la vuelta a la prórroga. Como hemos referido más arriba, es difícil alcanzar los objetivos de cobertura de necesidades con presupuestos prorrogados condicionados o limitados en cuanto a los porcentajes de ejecución. Corremos un alto riesgo a repetir la situación ya vivida en este año. Es difícil aventurar hasta dónde puede llegar a ser, pero afecta claramente al objetivo determinado de Capacidades.  


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