Observatorio PSyD
The observatory says
21st of March 2018
La crisis postelectoral en Honduras y el tortuoso camino hacia la reconciliación nacional
Silvia de Félix
Periodista.
Observadora electoral y consultora internacional en materia de elecciones y medios de comunicación.
Honduras celebró en noviembre las décimas elecciones generales desde el retorno a la constitucionalidad sumiéndose en la mayor crisis institucional y política desde la expulsión del país del expresidente Manuel Zelaya en 2009. La cita electoral se granjeó muchos adjetivos: histórica, inédita, ilegítima... Pocos analistas vislumbraron el caos y la violencia postelectoral que sobrevinieron tras la votación en las urnas. El estrecho margen de victoria logrado por el presidente reelecto Juan Orlando Hernández pone de manifiesto la profunda división de la sociedad hondureña y la necesidad de tomar la vía del diálogo para lograr la reconciliación nacional.
Tras casi 20 años de regímenes militares, Honduras fue a las urnas el 26 de noviembre para elegir presidente, diputados y alcaldes para los próximos cuatro años en las elecciones más cuestionadas de su historia democrática. En la prensa local, los articulistas revivían etiquetas tan tristemente célebres como ‘República bananera’ para denominar a este país centroamericano con un sistema político-electoral debilitado por la desconfianza en sus instituciones.
La campaña electoral estuvo marcada por la descalificación de los partidos de oposición a la gestión de Juan Orlando Hernández –más conocido por las iniciales de su nombre: JOH – y por las denuncias contra unas elecciones criticadas por la supuesta ilegitimidad de la reelección. Presentarse como candidato a la propia sucesión no es una idea novedosa. Otros dirigentes ya lo intentaron en el pasado y este motivo propició la expulsión del país del expresidente izquierdista Manuel Zelaya en 2009.
La Constitución prohíbe ser presidente a un ciudadano que haya desempeñado la titularidad el poder Ejecutivo. Sin embargo, el Congreso promovió en 2015 la sustitución de cuatro de los cinco miembros de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, quienes posteriormente aprobaron dos recursos de inconstitucionalidad presentados por miembros del oficialista Partido Nacional para revertir esta prohibición.
Juan Orlando Hernández pasa así a la Historia por ser el primer presidente de Honduras que repite en el cargo, proclamándose ganador con el triunfo más estrecho dictado por las urnas: un 42,95 por ciento frente al 41,42 por ciento que obtuvo Salvador Nasralla, candidato presidencial de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, amalgama de partidos de izquierda coordinada por el expresidente Manuel ‘Mel’ Zelaya. Tan solo les separaron 50.446 votos de diferencia.
El flagelo de la corrupción
Si bien todas las encuestas daban vencedor a JOH, muchos analistas vaticinaron la crisis postelectoral como una acumulación de factores que llevaron a Honduras a un punto de no retorno y a sumar decenas de muertos y centenas de heridos y detenidos en los altercados que siguieron a la jornada electoral. Las instituciones hondureñas sufren de agotamiento crónico, atravesando una crisis de credibilidad anclada en años de desgaste y casos de corrupción. La primera legislatura de JOH estuvo precedida por el mandato del expresidente Porfirio Lobo, también del Partido Nacional, cuando salieron a la luz numerosos casos de corrupción, saqueo de fondos públicos, vínculos del poder con el narcotráfico, compra de medicinas adulteradas para hospitales públicos y contratos fantasma con el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). El Partido Nacional repitió en 2013 con Juan Orlando Hernández y aunque su Ejecutivo logró reducir el número de homicidios, depurar las filas de la Policía y modernizar el sistema penitenciario, los casos de corrupción continúan atenazando la escena política.
En 2016 se instaló en Tegucigalpa la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), con la firme determinación de frenar este flagelo. La Misión nace para mejorar la calidad de la justicia y luchar contra la impunidad a través de la colaboración activa con las instituciones del Estado. Si bien dotada de escasos recursos, la labor de la Misión anticorrupción de la OEA ha logrado cosechar buenas valoraciones, siendo el último de sus casos muy mediatizado por involucrar a más de 140 diputados y exdiputados. El denominado ‘Caso Red de Diputados’ ha puesto de manifiesto las actividades ilegales de algunos miembros del Congreso para apropiarse ilegalmente de fondos públicos a través de ONGs pantalla que nunca llevaron a cabo proyectos sociales subvencionados por el Estado.
Sin embargo, nuevos obstáculos han aparecido en el camino de la MACCIH. El jefe de la Misión, el exministro peruano Juan Jiménez, denunció a principios de año el ‘pacto de impunidad’ votado en el Congreso, una reforma a la Ley General del Presupuesto que ordena que los casos de investigación por corrupción sean suspendidos para que el Tribunal Superior de Cuentas realice auditorías durante tres años en recursos invertidos en proyectos sociales desde 2016. Según denunció públicamente Jiménez, “el Tribunal de Cuentas no goza de las condiciones de independencia respecto a directrices políticas a efecto de garantizar investigaciones idóneas, independientes e imparciales”. En la actualidad, Honduras ha caído doce puestos en el Índice de Percepción de Corrupción de 2017, situándose en la posición 135 en una clasificación de 185 países, según informa la Asociación filial de Transparencia Internacional en el país centroamericano.
Negociando salidas
El estrecho margen de diferencia entre los principales candidatos presidenciales y las continuas denuncias de fraude por parte de la oposición desataron tras la jornada electoral violentos enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden y llevaron a Honduras a ser portada de los informativos internacionales en todo el mundo. Saqueo de comercios, bloqueos en las principales arterias de comunicación, destrozos en el mobiliario urbano. El Ejecutivo de Hernández decretó el estado de excepción en todo el territorio nacional como medida extrema para intentar frenar la ola de violencia postelectoral.
Naciones Unidas ha tomado cartas en la crisis postelectoral hondureña enviando una misión exploratoria que conversará con los actores implicados en la crisis política, concluyendo que existen condiciones favorables para una reconciliación nacional, pero deja en manos hondureñas el acuerdo sobre el nombramiento de un mediador o una mediadora del conflicto. Por su parte, la sociedad civil se ha organizado en la Plataforma Ciudadana por Honduras para apoyar el proceso de facilitación del diálogo nacional en Honduras.
Con vistas a conducir al país por la senda del entendimiento, la Organización de Estados Americanos (OEA) ha instalado una Mesa de Trabajo con el nuevo Ejecutivo hondureño para acometer reformas electorales que renueven la confianza en las instituciones y fortalezcan el sistema democrático. Sin embargo, antes de que se pudiera definir el marco de trabajo de la Mesa, el expresidente guatemalteco Álvaro Colom, designado por la OEA como representante especial de las negociaciones, fue acusado de participar en un caso de corrupción en el Transurbano, un método de transporte en la capital. Todavía hoy está pendiente la designación de un candidato consensuado para llevar las riendas de la negociación.
El país centroamericano permanece en una situación de impasse político a la espera de que el oficialismo y la oposición se sienten a negociar. Tres meses después de las votaciones, el expresidente Mel Zelaya sigue llamando a la “insurrección pacífica” por el supuesto fraude electoral que ha aupado a Hernández al Altar Q (el Despacho Oval hondureño). Zelaya pide un diálogo vinculante, que tenga por objeto convocar unas nuevas elecciones y un referéndum sobre la reelección.
Honduras no puede ir en 2022 a otro proceso electoral con las mismas reglas. Todas las partes tienen claro que hay que acometer las reformas pendientes en materia electoral, reformas que van desde enmiendas a la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas a limpiar el censo de electores fallecidos y migrantes. Una de las principales críticas al sistema radica en la politización de los engranajes electorales: el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y las Mesas Electorales Receptoras están compuestos por representantes nombrados por los diferentes partidos políticos. Así, el actual presidente del TSE, David Matamoros, fue candidato a cargos de elección popular por el Partido Nacional, lo que ha desacreditado su labor al frente de esta institución en las elecciones de noviembre. Por otro lado, las misiones internacionales de observación electoral han incluido en sus recomendaciones la “ciudadanización” de las mesas en los colegios electorales, de manera que quienes integren y gestionen las operaciones de voto sean ciudadanos seleccionados aleatoriamente.
Para impulsar las reformas electorales es necesario el voto favorable de dos terceras partes del Congreso, lo que obligaría al Ejecutivo de Hernández a entablar negociaciones con otros partidos representados en el hemiciclo. La nueva composición del Congreso favorece a los conservadores de Juan Orlando Hernández: de un total de 128 diputados, el Partido Nacional se adjudica 61 escaños. Sin embargo, el presidente Hernández estará obligado a debatir con la oposición si quiere evitar que su legislatura sea etiquetada de ‘autoritarista’ o ‘dictadura’, adjetivos que ya han salido a la luz con motivo de la reciente elección del órgano directivo del Congreso, controlado en su integridad por el Partido Nacional y miembros de algunas de las seis formaciones políticas afines.
Honduras necesita cambiar las reglas del juego a través de una nueva plataforma normativa y una moderna legislación electoral que ponga término a la politización de órganos tan vitales para la democracia como el Tribunal Supremo Electoral. Además, el Ejecutivo de Hernández tendrá que insistir en la lucha contra la corrupción administrativa y demostrar las buenas intenciones recogidas en su principal eslogan de campaña: “Lo bueno debe continuar”.
21 de marzo de 2018
Tras casi 20 años de regímenes militares, Honduras fue a las urnas el 26 de noviembre para elegir presidente, diputados y alcaldes para los próximos cuatro años en las elecciones más cuestionadas de su historia democrática. En la prensa local, los articulistas revivían etiquetas tan tristemente célebres como ‘República bananera’ para denominar a este país centroamericano con un sistema político-electoral debilitado por la desconfianza en sus instituciones.
La campaña electoral estuvo marcada por la descalificación de los partidos de oposición a la gestión de Juan Orlando Hernández –más conocido por las iniciales de su nombre: JOH – y por las denuncias contra unas elecciones criticadas por la supuesta ilegitimidad de la reelección. Presentarse como candidato a la propia sucesión no es una idea novedosa. Otros dirigentes ya lo intentaron en el pasado y este motivo propició la expulsión del país del expresidente izquierdista Manuel Zelaya en 2009.
La Constitución prohíbe ser presidente a un ciudadano que haya desempeñado la titularidad el poder Ejecutivo. Sin embargo, el Congreso promovió en 2015 la sustitución de cuatro de los cinco miembros de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, quienes posteriormente aprobaron dos recursos de inconstitucionalidad presentados por miembros del oficialista Partido Nacional para revertir esta prohibición.
Juan Orlando Hernández pasa así a la Historia por ser el primer presidente de Honduras que repite en el cargo, proclamándose ganador con el triunfo más estrecho dictado por las urnas: un 42,95 por ciento frente al 41,42 por ciento que obtuvo Salvador Nasralla, candidato presidencial de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, amalgama de partidos de izquierda coordinada por el expresidente Manuel ‘Mel’ Zelaya. Tan solo les separaron 50.446 votos de diferencia.
El flagelo de la corrupción
Si bien todas las encuestas daban vencedor a JOH, muchos analistas vaticinaron la crisis postelectoral como una acumulación de factores que llevaron a Honduras a un punto de no retorno y a sumar decenas de muertos y centenas de heridos y detenidos en los altercados que siguieron a la jornada electoral. Las instituciones hondureñas sufren de agotamiento crónico, atravesando una crisis de credibilidad anclada en años de desgaste y casos de corrupción. La primera legislatura de JOH estuvo precedida por el mandato del expresidente Porfirio Lobo, también del Partido Nacional, cuando salieron a la luz numerosos casos de corrupción, saqueo de fondos públicos, vínculos del poder con el narcotráfico, compra de medicinas adulteradas para hospitales públicos y contratos fantasma con el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). El Partido Nacional repitió en 2013 con Juan Orlando Hernández y aunque su Ejecutivo logró reducir el número de homicidios, depurar las filas de la Policía y modernizar el sistema penitenciario, los casos de corrupción continúan atenazando la escena política.
En 2016 se instaló en Tegucigalpa la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), con la firme determinación de frenar este flagelo. La Misión nace para mejorar la calidad de la justicia y luchar contra la impunidad a través de la colaboración activa con las instituciones del Estado. Si bien dotada de escasos recursos, la labor de la Misión anticorrupción de la OEA ha logrado cosechar buenas valoraciones, siendo el último de sus casos muy mediatizado por involucrar a más de 140 diputados y exdiputados. El denominado ‘Caso Red de Diputados’ ha puesto de manifiesto las actividades ilegales de algunos miembros del Congreso para apropiarse ilegalmente de fondos públicos a través de ONGs pantalla que nunca llevaron a cabo proyectos sociales subvencionados por el Estado.
Sin embargo, nuevos obstáculos han aparecido en el camino de la MACCIH. El jefe de la Misión, el exministro peruano Juan Jiménez, denunció a principios de año el ‘pacto de impunidad’ votado en el Congreso, una reforma a la Ley General del Presupuesto que ordena que los casos de investigación por corrupción sean suspendidos para que el Tribunal Superior de Cuentas realice auditorías durante tres años en recursos invertidos en proyectos sociales desde 2016. Según denunció públicamente Jiménez, “el Tribunal de Cuentas no goza de las condiciones de independencia respecto a directrices políticas a efecto de garantizar investigaciones idóneas, independientes e imparciales”. En la actualidad, Honduras ha caído doce puestos en el Índice de Percepción de Corrupción de 2017, situándose en la posición 135 en una clasificación de 185 países, según informa la Asociación filial de Transparencia Internacional en el país centroamericano.
Negociando salidas
El estrecho margen de diferencia entre los principales candidatos presidenciales y las continuas denuncias de fraude por parte de la oposición desataron tras la jornada electoral violentos enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden y llevaron a Honduras a ser portada de los informativos internacionales en todo el mundo. Saqueo de comercios, bloqueos en las principales arterias de comunicación, destrozos en el mobiliario urbano. El Ejecutivo de Hernández decretó el estado de excepción en todo el territorio nacional como medida extrema para intentar frenar la ola de violencia postelectoral.
Naciones Unidas ha tomado cartas en la crisis postelectoral hondureña enviando una misión exploratoria que conversará con los actores implicados en la crisis política, concluyendo que existen condiciones favorables para una reconciliación nacional, pero deja en manos hondureñas el acuerdo sobre el nombramiento de un mediador o una mediadora del conflicto. Por su parte, la sociedad civil se ha organizado en la Plataforma Ciudadana por Honduras para apoyar el proceso de facilitación del diálogo nacional en Honduras.
Con vistas a conducir al país por la senda del entendimiento, la Organización de Estados Americanos (OEA) ha instalado una Mesa de Trabajo con el nuevo Ejecutivo hondureño para acometer reformas electorales que renueven la confianza en las instituciones y fortalezcan el sistema democrático. Sin embargo, antes de que se pudiera definir el marco de trabajo de la Mesa, el expresidente guatemalteco Álvaro Colom, designado por la OEA como representante especial de las negociaciones, fue acusado de participar en un caso de corrupción en el Transurbano, un método de transporte en la capital. Todavía hoy está pendiente la designación de un candidato consensuado para llevar las riendas de la negociación.
El país centroamericano permanece en una situación de impasse político a la espera de que el oficialismo y la oposición se sienten a negociar. Tres meses después de las votaciones, el expresidente Mel Zelaya sigue llamando a la “insurrección pacífica” por el supuesto fraude electoral que ha aupado a Hernández al Altar Q (el Despacho Oval hondureño). Zelaya pide un diálogo vinculante, que tenga por objeto convocar unas nuevas elecciones y un referéndum sobre la reelección.
Honduras no puede ir en 2022 a otro proceso electoral con las mismas reglas. Todas las partes tienen claro que hay que acometer las reformas pendientes en materia electoral, reformas que van desde enmiendas a la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas a limpiar el censo de electores fallecidos y migrantes. Una de las principales críticas al sistema radica en la politización de los engranajes electorales: el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y las Mesas Electorales Receptoras están compuestos por representantes nombrados por los diferentes partidos políticos. Así, el actual presidente del TSE, David Matamoros, fue candidato a cargos de elección popular por el Partido Nacional, lo que ha desacreditado su labor al frente de esta institución en las elecciones de noviembre. Por otro lado, las misiones internacionales de observación electoral han incluido en sus recomendaciones la “ciudadanización” de las mesas en los colegios electorales, de manera que quienes integren y gestionen las operaciones de voto sean ciudadanos seleccionados aleatoriamente.
Para impulsar las reformas electorales es necesario el voto favorable de dos terceras partes del Congreso, lo que obligaría al Ejecutivo de Hernández a entablar negociaciones con otros partidos representados en el hemiciclo. La nueva composición del Congreso favorece a los conservadores de Juan Orlando Hernández: de un total de 128 diputados, el Partido Nacional se adjudica 61 escaños. Sin embargo, el presidente Hernández estará obligado a debatir con la oposición si quiere evitar que su legislatura sea etiquetada de ‘autoritarista’ o ‘dictadura’, adjetivos que ya han salido a la luz con motivo de la reciente elección del órgano directivo del Congreso, controlado en su integridad por el Partido Nacional y miembros de algunas de las seis formaciones políticas afines.
Honduras necesita cambiar las reglas del juego a través de una nueva plataforma normativa y una moderna legislación electoral que ponga término a la politización de órganos tan vitales para la democracia como el Tribunal Supremo Electoral. Además, el Ejecutivo de Hernández tendrá que insistir en la lucha contra la corrupción administrativa y demostrar las buenas intenciones recogidas en su principal eslogan de campaña: “Lo bueno debe continuar”.
21 de marzo de 2018
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