Nos quedan por analizar los efectos de la crisis catalana sobre el PIB, el crecimiento de la economía española; y el impacto de las necesidades netas de financiación, es decir de la Deuda Pública, sus costes financieros y los costes de oportunidad de estos gastos con relación a las políticas públicas.

El ejercicio 2017 se caracteriza por la continuidad del crecimiento del PIB a unos niveles reales superiores a las expectativas. Se van encadenando trimestres de crecimiento sostenido y a niveles importantes. Ello favorece la recuperación económica y la consolidación de los indicadores que nos presagian la salida de una crisis que ha sido prolongada y agresiva sobre los sectores predominantes del PIB. Incluso esta recuperación apunta a un cambio de modelo económico, desde uno fácilmente afectable por factores coyunturales a otro con sectores productivos más estables y menos volátiles en cuanto a los riesgos de ser afectados por crisis de demanda. España está sometida a la intervención de los conocidos como “hombres de negro” de la Unión Europea al estar afectada por el Procedimiento de Déficit Excesivo (PDE) de la Unión Europea que se comenzó a aplicar a España en el año 2009, al registrar dicho ejercicio una caída del PIB del 3,6%.

Consecuencia de esta intervención de las cuentas públicas españolas es la obligatoriedad de remitir a Bruselas el Plan Presupuestario para 2018. El último tiene fecha de 16 de octubre y se basa en un escenario económico sin cambios de políticas públicas, si bien tiene en consideración la incertidumbre con relación al escenario político en Cataluña. Es obligatorio que contenga medidas destinadas a garantizar el cumplimiento del objetivo de déficit público pactado para converger en las cifras de déficit y deuda públicas contenidas en la normativa europea para la estabilidad y crecimiento económicos. Según estimaciones recientes del Gobierno Central, este ejercicio 2017 parece plausible el cumplimiento del objetivo en su conjunto, aunque los componentes (Administración Central, Administración Autonómica, Entidades Locales y Seguridad Social) no se ajusten bien por mayor déficit o incluso por superávit presupuestario, como ocurre en el caso de los Entes Locales. Esto ha provocado fricciones puesto que la Ley de Estabilidad y Sostenibilidad Financiera no permite el incremento incontrolado de los gastos sino ajustado a la llamada “regla de gasto” establecida en dicha Ley (el gasto no financiero computable en los términos de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera no debe incrementarse anualmente por encima de la tasa de referencia de crecimiento del PIB nacional de medio plazo; para 2018 es del 2,4 por ciento). Estas estimaciones han sido corroboradas tanto por la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal), servicios de estudios de grandes corporaciones bancarias, así como por la propia Comisión Europea. Sin embargo, para 2018 se contempla una desaceleración del crecimiento económico consecuencia de la moderación del ciclo económico. La ralentización del crecimiento traerá una reducción del ritmo de crecimiento de los ingresos con su impacto sobre unas necesidades netas de financiación que estamos obligados a reducir para converger en los criterios de gobernanza europea.

Para terminar, uno de los aspectos significativos de la mejora de nuestra economía en conjunto y su posición de confianza dentro del conjunto de las economías mundiales es el referido al rating, la nota de la deuda española en los mercados financieros.

La Deuda Pública se debe a las necesidades de financiación de la administración como consecuencia de la ejecución de gastos por importe superior a los ingresos presupuestarios realizados en el ejercicio. Son los diferentes instrumentos que componen en su conjunto la Deuda Pública.

Vamos a comenzar señalando el impacto del coste. La Deuda Pública (independientemente del montante de Deuda emitida) es una de las principales partidas de gasto (secciones presupuestarias) en la actualidad. El coste por intereses en 2015 ascendió a 127.701.976 miles de €, siendo el total de gastos de 287.572.228 miles de € (44 % del total de los créditos ejecutados) y 117.331.533 miles de € en 2016, sobre 255.045.370 miles de € (46 %). En lo que va de año 2017 (datos de septiembre) 89.991.773 sobre 181.830.678 miles de € (49%). Es decir, nuestro presupuesto se encuentra “cautivo” en casi un 50% por las necesidades financieras que requiere en pago de los intereses de la Deuda. Si el “techo de gasto” se reduce, como viene sucediendo estos años con el fin de cumplir con los objetivos de reducción del Déficit Público al estar sometidos al ya citado Procedimiento de Déficit Excesivo, matemáticamente se reduce la disminución de la disponibilidad para el gasto en otras partidas presupuestarias; incluyendo las destinadas a Defensa y Seguridad Nacional, que es la que nos ocupa.

En el citado Plan Presupuestario para 2018 ya se contempla un encarecimiento del coste del conjunto de la Deuda Pública. Por otro lado, la reducción de los estímulos del Banco Central Europeo, tendiendo a la desaparición, va a traer como consecuencia el encarecimiento de la financiación de las nuevas emisiones de Deuda Pública.

A ello hay que añadir la necesidad de converger hacia un volumen de Deuda inferior al 60 % del PIB, teniendo en cuenta que actualmente se aproxima al 100%,y gracias a que continúa el crecimiento a un ritmo elevado ya que, en caso contrario, la desviación con relación al citado 60% sería incluso mayor.

Finalmente, señalar que un volumen importante de Deuda ha sido emitido para dotar de financiación a los instrumentos habilitados por la Administración Central para poder “rescatar” a las Administraciones cuya Deuda tiene “ratings” tan malos que sólo podría financiarse en mercados a tipos de usura. Cataluña es la Comunidad que mayor volumen de recursos financieros requiere de estos fondos, con lo que ello implica de extra-coste a la Deuda emitida por el Tesoro Público.

Volviendo al cumplimiento del déficit en 3,1% en el presente ejercicio de 2017, nos situaría a las puertas de abandonar el control comunitario de nuestras cuentas; o incluso abandonarlo si fuera 3 o inferior. Antes de los días críticos del conflicto catalán, las empresas de “rating” empezaban a considerar la posibilidad de mejorar la nota de la deuda pública española. Ello nos traería mayores posibilidades de financiación a mejores precios. Es decir, posibilidad de reducir el montante del coste de la deuda pública emitida por el Tesoro Público.

Como acabamos de ver, el montante del gasto por pago de intereses de la deuda supone un porcentaje tan alto que resulta inaceptable mantener durante un largo periodo de tiempo. Resulta un gasto improductivo actual, si bien consecuencia de gastos realizados en ejercicios anteriores, en muchos casos basados en políticas expansivas de gasto en vez de inversión. A la vez supone un coste de oportunidad con relación a inversiones que no vamos a poder afrontar, teniendo que aplazarlas o descartarlas definitivamente ante la falta de recursos financieros para cubrirlas. Se busca llevar a la deuda pública hacia una senda decreciente que permita que esa parte del presupuesto que se dedica a cubrir el pago de los intereses quede liberada y sea recuperada en la financiación de las políticas públicas, abandonando los niveles de subsistencia de políticas y servicio públicos en los que nos encontramos en la actualidad.

Recapitulando los análisis sobre los factores sociales y económicos que tienen efectos sobre la defensa nacional, hemos comenzado con el cambio de enfoque de la violencia, desde la yihadista contra la cultura occidental hacia la violencia pseudo-pacifista; pero en cualquier caso con víctimas, unas físicas y otras psicológicas. En ambos casos generan riesgos y amenazas a la normal convivencia, ejercicio de las libertades y desarrollo de la actividad económica (libre tránsito de personas, bienes y servicios). Después hemos tratado la prórroga presupuestaria para el comienzo del ejercicio 2018; con sus correspondientes efectos sobre la seguridad y defensa nacional, derivando un desplazamiento temporal de la contratación de equipos y sistemas de armas debido a las modificaciones que habrá que realizar para adecuar las cuentas prorrogadas a las necesidades priorizadas en la programación para 2018. Sin perder de vista que las amenazas y los riesgos ya están identificados y el tiempo y/o la oportunidad de neutralizarlos no vuelve.

En el segundo bloque hemos analizado el PIB, su crecimiento y su ralentización. Cualquier acto que suponga inestabilidad, como lo es la cuestión catalana, lleva a una “huida” de capitales necesarios para inversiones productivas. Se desplazarán a otras zonas o países donde encuentren condiciones más estables para el desarrollo de sus actividades; donde no encuentren o minimicen los riesgos y las amenazas sobre la rentabilidad no solo de su inversión, sino también de su capital. En la práctica está implicando un desplazamiento de sedes sociales y domicilios fiscales, junto con otros planes de contingencia para desubicar instalaciones productivas. Finalmente hemos señalado las necesidades de financiación y su coste financiero, relacionado con el “rating” de la deuda y cómo estábamos cercanos a tener una oportunidad de mejora de dicha consideración de la deuda; cuyos efectos prácticos se traducirían en un menor coste de las emisiones y, consecuentemente, del coste financiero global que permitiría utilizar los ahorros para otras políticas públicas hasta ahora contenidas por las circunstancias de la crisis económica.

En conjunto, todos los factores analizados convergen en cuanto a los efectos negativos sobre la seguridad y defensa, tanto directa como indirectamente. Por el contrario, los riesgos y amenazas a la seguridad son claros y requieren una actuación para su neutralización y la anticipación de los medios necesarios para proporcionar el bienestar que deseamos y necesitamos los españoles.

Madrid, 1 de diciembre de 2017