Después de una temporada muy larga de procesos electorales en España, Autonomías, Ayuntamientos y Europa, llegamos a mitad de ejercicio presupuestario 2019 con la tercera prórroga presupuestaria consecutiva. Aquellos cuya vida laboral está vinculada a la gestión de recursos públicos para atender necesidades cotidianas, estamos empezando a  acostumbrarnos a estas situaciones de interinidad de las cuentas y la financiación presupuestaria; incluso hasta el punto de convertirse en rutina.

Lo anterior no hace más que sumar a la implantación de una Ley de Contratos del Sector Público desde marzo del 2018, consecuencia de la trasposición de las Directivas Comunitarias. La ley no es ni buena ni mala, sino todo lo contrario. ¿Qué quiere decir? Pues que modifica sustancialmente  conceptos y criterios; además de intentar evitar fraudes de ley a través de los límites en los conocidos como Contratos Menores, reduciéndolos a la mínima expresión. Y considerando hasta ahora, y ya llevamos más de un año, dentro del cómputo de los límites a la suma de aquellas adquisiciones COTS (Commercial off-the-shelf) de importe inferior a 5.000 € pagados a través del procedimiento de Caja Fija. Con ello evitamos fraccionamientos de los objetos y discrecionalidad del gasto así como se promueve la licitación pública y, por ende, la concurrencia, evitando la discriminación de los posibles licitadores; consecuentemente se obtienen mejores precios.

Estas vicisitudes en la gestión serían sólo anecdóticas, pues son cuestiones técnicas que van a requerir un ajuste en la cultura de adquisiciones y contratación de las organizaciones, salvo por el hecho de la financiación. Cualquier adquisición o contratación de servicios requiere dotación presupuestaria. Además de lógico, así viene recogido en la Ley General Presupuestaria en cuanto a que la existencia de crédito sea también adecuado a la finalidad del gasto y suficiente para cubrir los costes en los que se pretende incurrir. La financiación en los períodos de prórroga presupuestaria suele estar condicionada a aquellos proyectos no finalizados, a No Disponibilidades (minoran la capacidad financiera) o a limitaciones en el volumen de gastos condicionadas a aprobación puntual para cada exención de dicho límite (en 2019: 50% del importe del Capítulo 6 de inversiones). Resumiendo, no solo no tenemos el dinero asignado adecuadamente para financiar cada uno de los programas y proyectos programados, sino que estamos limitados en cuanto al volumen financiero disponible y condicionados a modificaciones (tiempo) para poner financiación donde se pretende ejecutar.

Hasta aquí seguimos sin plantear un horizonte halagüeño. Pero todo es susceptible de empeorar. Echando un vistazo a la Actualización Programa de Estabilidad 2019 del Reino de España (2019-2022) remitido a Europa una vez finalizada la “primavera electoral”, podemos observar las perspectivas de financiación en el horizonte temporal (1). Aunque se prevé una reducción del déficit e incluso un superávit primario, quedará una larga senda para reducir el volumen de Deuda Pública a valores por debajo del 60% del PIB, como establece la Gobernanza Europea y así lo traspone y recoge la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Además, aunque la economía española siga creciendo, ya muestra síntomas de ralentización; consecuencia de ello será la reducción de los ingresos fiscales, independientemente de que se implanten nuevos tributos. Todo ello, suponiendo que no desaparezcan las condiciones que propiciaron la mejora en la competitividad de la industria española lo cual llevaría a una desaceleración más pronunciada de la economía. También contempla que hay que considerar la posibilidad de incrementar alguna categoría de gasto, a medida que la recaudación vaya permitiendo margen.

En general, podemos observar un estancamiento de los tipos de gasto durante este cuatrienio. En lo que corresponde a la Defensa, se establece una participación de la financiación del 0,9 % del PIB. Aun suponiendo que el PIB se incremente durante este período, hay que considerar la desagregación de las partidas que componen dichos gastos. Independientemente de las cantidades reflejadas en el presupuesto inicialmente aprobado por las Cortes, durante la ejecución presupuestaria se producen diferentes modificaciones; principalmente de las ampliaciones de crédito destinadas a financiar las OMP. Pues bien, fijándonos en los resultados finales de ejecución, vemos como una gran parte de la financiación (4.719/9.459) hay que dedicarla al pago de las retribuciones al personal (2). Y así continuará e incluso se incrementará, no por el aumento del número de militares que permanecerá estable sino por el aumento de las retribuciones de los empleados públicos de la AGE. Por diferencia, el margen de actuación en los otros dos capítulos importantes del gasto: 2. Gastos corrientes y 6. Inversión, van a quedar condicionados a un estancamiento en la práctica; puesto que unos dos mil millones, alguno arriba o abajo, corresponden a pagos de los conocidos como Programas Especiales de Armamento-PEA o Programas Especiales de Modernización, para que las empresas puedan reintegrar los anticipos concedidos por Industria para pre-financiar dichos programas estratégicos.

Como todos conocemos, los equipos y sistemas de armas son cada día más tecnológicos. La primera consecuencia es la cada vez más elevada factura que suponen, no ya los equipos sino los mantenimientos. A medida que entran en servicio más equipos de los PEA, más costoso se hace su mantenimiento. Para ello se requiere no solo recurso financiero sino cumplir unos procesos de contratación que conllevan tiempos. Ello hace más necesaria una financiación temprana para poder iniciar los expedientes de gastos y contratación de forma que desde el momento de la firma del contrato hasta la recepción o certificación del objeto del mismo, lleve a cubrir la disponibilidad de las capacidades que proporcionan dichos equipos y sistemas de armas para las misiones a desarrollar en cada momento.

Las empresas del sector de Defensa han celebrado la Feria Internacional de Defensa y Seguridad FEINDEF en Madrid del 29 al 31 de mayo. Paralelamente hemos podido leer en los medios de comunicación tanto desde el punto de vista del Ministerio como de las propias empresas, la necesidad de avanzar en un ciclo inversor que permita obtener o actualizar capacidades al estado del arte como son los vehículos de combate sobre ruedas (VCR 8x8), Fragatas F 110, satélites de comunicaciones y aviones entrenadores, entre otros. Todo ello vendrá a sumar a las actuales necesidades de financiación, aunque se utilice el método alemán de anticipos desde el Ministerio de Industria, para su pago tras la incorporación de los equipos y sistemas a la Defensa.

Además, todo lo anterior también nos lleva a pensar de qué manera vamos a ser capaces de converger hacia el famoso 2% del PIB, conforme a los acuerdos firmados al incorporarnos como miembros de pleno derecho de la OTAN-NATO. Si bien esta cuestión parece que es epidémica de muchos de los miembros de la citada organización y el tema está un poco “congelado”, pese a las presiones del Presidente Trump. Antes era una mera recomendación; desde la Cumbre de Gales de 2014 dicho acuerdo se vio reforzado y asumido por los Aliados para ser alcanzado en una década. De ese 2% del PIB, el 20% debe ser en equipos nuevos.

De cualquier modo, como hemos visto más arriba, tanto desde el lado de la financiación por su volumen como por su momento, la contratación que se requiere para dar cobertura a las necesidades de la Defensa necesita de una programación y ajustes en el tiempo. O, a sensu contrario, si no se dispone de recurso adecuado y suficiente a tiempo para licitar y adjudicar los contratos para cubrir esas necesidades identificadas (principalmente reparaciones y mantenimientos), podemos encontrarnos con carencias en alguna de las capacidades militares para un momento determinado que se requiera su empleo o disposición adecuada.

Concluyendo, podemos atisbar como la Actualización del Programa de Estabilidad para el horizonte 2019-2022 no contempla cambios de tendencia en los gastos de defensa. Por la disposición de la estructura de los gastos, con un componente elevado de gastos de personal, así como por la disposición del recurso financiero condicionado a la aprobación de las ampliaciones destinadas a cubrir los gastos de las OMP, parece que no se encuentra un margen suficiente para poder llevar a cabo las licitaciones que permitan disponer de cobertura contractual a las acciones de mantenimiento de equipos y sistemas en tiempo y forma.    

(1)     http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=03cd240585f6a610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=864e154527515310VgnVCM1000001d04140aRCRD

(2)     http://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-ES/Contabilidad/ContabilidadPublica/CPE/EjecucionPresupuestaria/Documents/AVANCE%20ESTADO_2018%20%28INTERNET%29.pdf